Uno de los mitos más extendidos y arraigados en nuestra sociedad, y con consecuencias más destructivas para las personas que inmigran, es considerar a éstas responsables de un porcentaje desproporcionado de los delitos que se cometen. Los estereotipos que buscan criminalizar a las personas inmigrantes son, y han sido, una constante en todas las sociedades receptoras, y suponen un importante factor de distorsión en las percepciones y debates sobre los problemas que surgen a raíz de los distintos movimientos demográficos migratorios. Estos estereotipos nunca han tenido mucha relación con la realidad, pero sí una enorme importancia en el desarrollo de las políticas, actitudes y relaciones sociales en todas las sociedades que se han enfrentado a esta problemática.

El fenómeno de la construcción de estereotipos criminalizadores de las personas inmigrantes es un tema muy complejo para tratar en profundidad aquí. Pero sí queremos explorar uno de sus aspectos: la utilización de datos supuestamente rigurosos y científicos para demostrar esta hipotética mayor tendencia criminal entre los inmigrantes. Se trata de analizar las afirmaciones y datos antes citados y, al mismo tiempo, dar algunas claves sobre cómo entender la relación entre el delito y las personas inmigrantes. Como iremos viendo, los datos son, en el mejor de los casos, de dudosa fiabilidad o están mal interpretados, cuando no resultan tendenciosos o manifiestamente falsos.

La consideración de que el número de personas detenidas es un buen indicador del nivel de delito que existe en la sociedad, así como afirmar que las personas detenidas son un fiel reflejo de las personas que delinquen, es más que problemática y ha supuesto uno de los factores que han permitido dar por cierta una desproporcionada participación de inmigrantes en la comisión de delitos. Para entender este fenómeno analizaremos paso a paso la afirmación ampliamente reiterada que adjudica el 50% de los delitos a los inmigrantes.

Esta afirmación se debe a un dato del Ministerio del Interior que indica que en 2001 se realizaron 232.146 detenciones por delitos y faltas. A la vez, el ministerio deja caer la cifra de 116.139 extranjeros detenidos, justo la mitad. Lo que no se aclara en ningún momento es que, de estos 116.000 detenidos, sólo 58.199 lo fueron como sospechosos de haber cometido un delito y 7.192 por faltas, mientras que el resto de los extranjeros detenidos lo fueron por estancia ilegal, lo cual no es un delito sino un problema administrativo. De repente, el porcentaje se reduce a casi la mitad: algo más de 65.000 extranjeros detenidos por delitos o faltas, es decir, el 28% del total.

Pero analicemos este 28% con más detalle. El dato, en primer lugar, se refiere al conjunto de extranjeros, no sólo a los inmigrantes, y esta diferencia es importante. Una buena parte de los extranjeros detenidos no son inmigrantes, con o sin permiso de residencia, sino personas en tránsito, bien como turistas o bien aquéllas cuyo viaje a España constituye la propia comisión del delito, como sucede casi siempre con los correos de la droga.

Descontados ambos grupos, se calcula que alrededor del 60% de los extranjeros detenidos se pueden considerar inmigrantes, es decir, que viven en España con o sin permiso. Con ello no queremos minimizar el problema de que la gente que viene de paso cometa delitos, sino puntualizar que no se puede achacar a los inmigrantes los delitos cometidos por estos miles de personas que no residen en España. Pues bien, descontados éstos, la cifra de inmigrantes detenidos por delitos y faltas sería de aproximadamente 40.000, lo que supone el 17% del total. Si se calcula que los inmigrantes, tanto con permiso como sin él, constituyen el 4 a 5% de la población, esta cifra indicaría una sobrerrepresentación entre los detenidos de tres a cuatro veces. Sin embargo, hay otros factores que explican que esta desproporción entre detenidos no refleja tal desproporción de inmigrantes en la comisión de delitos.

Por un lado, algunos delitos cometidos por inmigrantes se originan precisamente por no tener legalizada su estancia, como sucede con una gran parte de los más de 5.000 extranjeros detenidos por el delito de falsedad documental. Tampoco en este caso se trata de justificar su delito, sino de ver que el problema surge de su irregular situación administrativa.

Pero hay otro factor importante a tener en cuenta cuando se examina el porcentaje de inmigrantes entre las personas detenidas. En casi todas las sociedades el grupo de mayor actividad delictiva es el de hombres jóvenes. Y es notorio que las personas de este grupo están muy sobrerrepresentadas entre la población inmigrante en España. Es decir, si existe un nivel delictivo entre los inmigrantes más alto que la media nacional, en alguna medida se deberá no al hecho de ser inmigrantes, sino hombres jóvenes. Esto se ve claramente también en los detenidos de nacionalidad española: si comparamos el número de detenidos con la población total y luego sólo con la población activa, en el segundo caso el porcentaje se multiplica por dos veces y media. Pues bien, lo mismo sucede entre la población inmigrante, o más aún, pues ofrece un porcentaje mucho más alto de población activa. No existen datos fidedignos para medir la importancia de esta variable, pero es innegable su existencia, que modifica sustancialmente a la baja el supuesto mayor nivel delictivo entre los inmigrantes.

En un principio se podría argumentar, de la misma manera, que la sobrerrepresentación de inmigrantes en la comisión de delitos no se debe a su carácter de inmigrantes, sino a que son pobres. De hecho, es uno de los argumentos que se emplea para explicar el supuesto alto nivel de delincuencia entre inmigrantes, incluso entre gentes bienintencionadas. Sin embargo, éste es un terreno muy confuso, ya que no queda nada claro que haya una relación necesaria entre pobreza y delito. Obviamente, en algunos tipos de delito sí se da esta relación, ya que, por ejemplo, pocos ricos sustraen objetos de coches, pero, al mismo tiempo, los pobres no tienen muchas oportunidades para cometer delitos como el de Gescartera. Hay datos y argumentos muy sólidos que ponen en duda la creencia generalizada de que la gente pobre comete más delitos que los que pertenecen a otras clases sociales. El hecho de que los pobres estén sobrerrepresentados en las cárceles se debe a dinámicas discriminatorias, no a que cometan más delitos, un tema que trataremos a continuación.

Al llegar aquí, ya hemos reducido muchísimo la supuesta sobrerrepresentación de las personas inmigrantes entre los que cometen delitos. Pero queda por analizar otro factor de enorme importancia, y es la existencia de una amplia discrecionalidad en la actuación de las distintas instancias relacionadas con la represión de la delincuencia, que determina en buena medida quién acaba atrapado dentro del sistema penal. Esta discrecionalidad se manifiesta a muchos niveles, pero uno de los más determinantes son las estrategias, prácticas y prejuicios de la policía, que pueden hacer que ciertos colectivos estén mucho más expuestos a ser detenidos que otros. Esto es lógico: si ciertos tipos de personas están etiquetados como más proclives al delito, sufrirán más vigilancia, serán más sospechosos y tendrán más posibilidades de ser parados y registrados por la policía, lo que resultará en más posibilidades de ser detenidos que otras personas. Pero también sucederá que las detenciones se basarán en pruebas más dudosas.

Este fenómeno de discriminación se manifiesta igualmente en los distintos estamentos de la administración de Justicia. Así, a la hora de que los fiscales decidan o no encausar a alguien, o al determinar qué cargos le imputan. Pero también en el distinto rasero que emplean los jueces en relación con la presunción de inocencia, en la concesión de la libertad provisional, al emitir sentencias de culpabilidad, al fijar la condena o a la hora de considerar alternativas punitivas a la cárcel. Asimismo se extiende al personal de instituciones penitenciarias en cuanto a la concesión de permisos, del tercer grado o de la libertad condicional. Y estas prácticas discriminatorias se ven favorecidas por el hecho de que, muy a menudo, la capacidad de defensa de los inmigrantes y otros extranjeros está mermada, bien por mayor desconocimiento de sus derechos, o bien por un menor acceso a una defensa de calidad. La existencia de estos procesos de discrecionalidad hace que los datos sobre quiénes están encarcelados, como sobre quiénes son detenidos, sean muy pocos fiables a la hora de concluir que reflejan realmente quiénes cometen delitos en nuestra sociedad.

Esta discriminación puede afectar a los sectores más pobres de la población, y grupos minoritarios como el de los inmigrantes, o grupos étnicos autóctonos, como los gitanos en el caso de España. Es normal. Los mismos prejuicios que existen en el conjunto de la sociedad se dan entre la policía, fiscales y jueces, incluso sería raro que no fuera así. Pero se trata de que tales prejuicios influyen en las decisiones de estos agentes, lo que se ve, además, favorecido por la gran discrecionalidad de que gozan sus actuaciones.

En todos los países donde se han llevado a cabo investigaciones comparativas del trato -policial, judicial y penitenciario- que reciben los inmigrantes y las minorías étnicas autóctonas en relación con el que se da a los miembros de la sociedad mayoritaria, se ha encontrado algún grado de trato desfavorable para los primeros, y en algunos casos muy acentuado. En España apenas se han estudiado estos fenómenos, y a priori hay un profundo convencimiento entre los agentes del sistema penal de que es imposible que se produzcan tratos discriminatorios. Sin embargo, aunque complejas, existen metodologías que permiten detectar y cuantificar dónde y a qué nivel funcionan estos mecanismos discriminatorios, pero para llevarlas a cabo se requiere dedicar los recursos necesarios y voluntad.

Lo más problemático de la propagación de la idea de que los inmigrantes cometen más delitos es que se llega a convertir en una profecía que se autocumple. Al justificarse una mayor vigilancia por la mayor sospecha que recae sobre ellos, aumentan sus niveles de detención y encarcelamiento, lo que, a su vez, se presenta como una nueva prueba de su mayor nivel de criminalidad, que justifica, de nuevo, una mayor vigilancia. El círculo perfecto.

Aunque no se dispone de datos que permitan determinar la importancia de la discriminación y las diferencias en la realidad demográfica para explicar la sobrerrepresentación de los inmigrantes entre los detenidos, se puede suponer significativa. En este sentido, si se aplicaran estos factores correctores, sería mas que imprudente afirmar que los inmigrantes cometen proporcionalmente más delitos que los ciudadanos españoles.

Pero aun suponiendo que se den más delitos entre los inmigrantes que entre los españoles, es fundamental reconocer varias cosas. En primer lugar, que tal variación será ligera si se tienen en cuenta los factores antes citados. Segundo, que una abrumadora mayoría de inmigrantes mantiene los mismos comportamientos en relación con el respeto a la ley, a los derechos de los demás y a la convivencia que el resto de la población. En tercer lugar, no tiene sentido hablar, en este contexto, de los inmigrantes como si fueran un colectivo único con un rasgo común que se manifiesta en una diferente manera de relacionarse con las normas, las leyes y el delito. "Los inmigrantes" representan una tremenda heterogeneidad de culturas, de procedencia, de motivaciones y oportunidades para emigrar, de rasgos demográficos, de tiempo de residencia y de situaciones legales, y carece de todo sentido hacer generalizaciones sobre sus comportamientos como grupo en relación con la ley.

Por ultimo, si existiera más actividad delictiva entre los inmigrantes, habría que preguntarse si ésta se debe a rasgos propios de sus culturas, menos respetuosas con los derechos de los demás, o en realidad la causa más importante estaría en el hecho de que ellos mismos ven atropellados sus derechos y su dignidad.

Cabe preguntarse qué pasa con las personas que no pueden regularizar su situación, que viven en la ilegalidad por no tener o no poder conseguir los permisos necesarios, que son víctimas de relaciones laborales ilegales y de un sinfín de prácticas discriminatorias y prejuicios, como denegarles el acceso a una vivienda, la entrada en un local o ser acosadas sistemáticamente por la policía. Y, por si esto fuera poco, son presentados en los medios de comunicación, y vistos por la mitología social, como gentes peligrosas y conflictivas.

Es lógico pensar que entre las personas que se enfrentan a estas realidades, la confianza en la legitimidad de la justicia, en el mutuo respeto como base de la convivencia y el deseo de cumplir con las leyes son puestos a pruebas mucho más duras que las que cualquier otro ciudadano tiene que afrontar.

Quizás uno de los retos más importantes que se debe plantear este país en el futuro inmediato es cómo asegurar que el aumento de la población inmigrante no llegue ser una fuente de tensiones o conflicto. Un objetivo que dependerá no tanto de cómo actúen estos nuevos convecinos, sino de las actitudes y acciones de la sociedad española y sus instituciones. Los cambios demográficos que implica la inmigración pueden ser una fuente de enriquecimiento para todos o una fuente de problemas y conflictos, depende de nosotros.

Por eso, la percepción que existe y se comunica sobre los inmigrantes es de enorme trascendencia, aunque, desgraciadamente, noticias como las reseñadas al principio de este texto son los peores ejemplos de cómo tratar el complejo tema de la participación de inmigrantes en la delincuencia. Esta manera tremendamente irresponsable de abordarlo, lejos de buscar una solución, sólo puede favorecer futuros y muy graves conflictos.

Ahora bien, este fenómeno no es nuevo, históricamente los movimientos inmigratorios, al igual que las minorías étnicas, han sido víctimas del mismo estereotipo de criminal, que ha competido con otros, como considerarlos fuente de problemas de higiene, salud y contagio, cuando no de contaminación cultural.

La creciente tendencia de relacionar la inmigración con la criminalidad es una de las más peligrosas y destructivas que enfrentamos. Por eso es de suma gravedad e irresponsabilidad que los representantes políticos y los medios de comunicación contribuyan a fomentar aún más estos estereotipos. Aunque la explicación parece clara: se trata de que vengan inmigrantes que trabajen barato y duro, pero hay que tenerlos achantados y temerosos. Y para que no se les vea como víctimas de la explotación, los prejuicios y la discriminación, y como buenas vecinos y compañeros, qué mejor que crear la percepción social de que son conflictivos, irrespetuosos y peligrosos, indignos de nuestra solidaridad.

Independientemente de que se tengan dudas más que fundadas sobre el "alarmante incremento" de delito, es importante reconocer que existe delito en la sociedad; y cualquier iniciativa que ayude reducir la delincuencia y la inseguridad y el coste y sufrimiento que causan es positiva . Pero parece interesante examinar y poner en tela de juicio dos ideas muy arraigadas en relación con el problema de la delincuencia: la de que aumentar las fuerzas policiales es una solución útil y la de que frente al delito hay que emplear más dureza, entendida como mayor uso de la encarcelación.

En lo que concierne al numero de fuerzas policiales, actualmente en España hay más de 185.000 agentes de policía, entre Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzainza, Mossos de Escuadra, y policía municipal (unos 50.000). Esta cifra da una media de 485 agentes de policía por cada 100.000 habitantes, un porcentaje que, según datos de la ONU, solo esta superado en Europa Occidental por el Norte de Irlanda, con 520 por cada 100.000. Detrás irían Grecia, con 383, Austria con 367 y Francia con 349. Así, a primera vista, se diría que el estado español no se queda corto en fuerzas policiales. Tampoco parece que el índice de delincuencia sea aquí mál alto que en otros países del entorno, lo que haría necesario que un número más elevado de fuerzas de seguridad.

Por otro lado, son muchos los que opinan que no es importante aumentar la cantidad de fuerzas policiales, sino mejorar su preparación y su eficacia. En tercer lugar, es necesario relativizar la influencia del trabajo policial a la hora de reducir el delito. Obviamente, su labor es importante, pero mucho más importantes son ciertos factores políticos, sociales, culturales y económicos como variables que influyen en el aumento o la reducción del nivel de delito. Tampoco parece muy acertada la idea de que la eficacia principal de la policía se debe a su presencia física en la calle. Igual o más importante que su cantidad o el tiempo que pasen patrullando las calles es su labor en la investigación de las denuncias, su contacto y confianza con la comunidad, su forma de tratar a los ciudadanos, incluyendo a las personas sospechosas de delito. Incluso la exigencia que sea la policía la principal responsable en tarea de reducir la delincuencia es un grave error, un error que incluso debilita la posible eficacia de su trabajo.

En lo que sí coinciden casi todas las opiniones es en la necesidad de agilizar los procesos judiciales, lo que no deja de ser algo de puro sentido común y deseable desde la ética y la justicia. La rapidez es importante no sólo para ayudar a paliar la angustia de las víctimas, sino también para reducir el abuso de la prisión preventiva en el caso de personas todavía "inocentes". Hay personas que pasan hasta 4 años en la cárcel sin haber sido juzgadas, lo cual es imperdonable en un estado de derecho. Esta agilización es un objetivo fácil de conseguir, sólo requiere voluntad y medios, y cuesta trabajo entender que aún no se hayan conseguido mejoras en este terreno, cuando hace ya bastantes años que se tiene conciencia del problema.

La segunda idea, la de que frente el delito hay que hacer mayor uso de la cárcel, requiere un amplio debate social. No es éste el lugar para profundizar en este debate, pero sí se puede señalar que es necesario relativizar el papel de la cárcel como factor de disuasión frente el delito y todavía más como lugar de reinserción. Tampoco es la única manera, ni necesariamente la mejor manera de defender y ayudar las víctimas del delito a hacer frente a lo que les ha ocurrido. Hay indicios de que una aplicación excesiva de la cárcel puede llegar incluso a aumentar la actividad delictiva, básicamente porque para muchísimas personas la cárcel no representa una experiencia de rehabilitación y de reinserción, sino que constituye una experiencia profundamente destructiva, que sólo les conduce a desarrollar unas actitudes fuertemente antisociales y a aprender nuevas formas de delinquir.

Una muestra de esta realidad es el hecho de que alrededor del 20% de los presos adictos se enganchó a la droga en la cárcel, lo cual será para muchos de ellos un factor importante cuando vuelvan a delinquir una vez en libertad. Ya va siendo hora de empezar a preguntarse si los 5 millones de pesetas por presos y lo que cuesta actualmente el sistema penitenciario no podrían estar mucho mejor invertidos en programas encaminados a la reducción de delito. Es importante abrir espacios de debate y de investigación y desarrollar maneras nuevas de hacer frente al delito y de plantearse su prevención, el tratamiento de los infractores y el trabajo con las víctimas.

Otro debate fundamental para atajar el problema de la delincuencia es el relacionado con el tráfico y consumo de drogas. Docenas de miles de personas detenidos todos los años, 15.000 presos, una tercera parte del total, están condenados por trafico (y la gran mayoría son de las escalas mas bajas de la cadena de ventas), un porcentaje importantísimo de los delitos contra la propiedad son cometidos por adictos, estos son los resultados de muchos años de "guerra contra la droga", una guerra que por otro lado no ha mostrado ninguna eficacia a la hora reducir el abuso de los estupefacientes. ¿No sería importante plantear una ruptura radical con esta fracasada prioridad represiva, con enormes costes sociales y económicos? Un factor importante en la reducción del delito desde sus altos niveles de comienzos de 1990 es que a partir de entonces bajó notablemente el precio de las drogas al tiempo que mejoraba su calidad, lo cual dio lugar a que muchos adictos dejaran de robar para mantener su hábito/enfermedad.

Así pues, una propuesta muy sencilla frente al delito sería dejar de dedicar tanto esfuerzo policial y penal al delito de trafico de estupefacientes, lo cual no sólo permitiría a la policía dedicar más tiempo a otros tipos de delito, sino que también haría que bajara aún más el precio de la droga y, por consiguiente, que hubiera menos delitos contra la propiedad, y permitiría que muchos adictos llevaran una vida un poco mas digna. El dinero ahorrado (se calcula que la represión del tráfico de droga cuesta unos 500.000 millones de pesetas al año) se podría dedicar a programas de prevención y tratamiento de las toxicomanías, mejores y más extensos de los que hay en la actualidad. Y no se ha demostrado que exista una relación de causa - efecto entre el descenso de los precios de la droga y el aumento en el abuso de las mismas: la lucha contra el abuso entra en el terreno de la educación.

Desde luego, la utilización de frases demagógicas, como las de "tolerancia cero" o "impunidad cero", no es la mejor ayuda si se quiere plantear un debate y analizar cuáles son los problemas reales de la delincuencia en nuestra sociedad y proponer nuevas y valerosas formas de hacerle frente.

El debate en torno al problema de la delincuencia que ha tenido lugar últimamente en los diferentes medios de comunicación ha sido un lamentable espectáculo. Primero, aparecieron filtraciones de datos parciales por parte de los mandos de la policía. La prensa recogió estos datos sin cuestionarlos mínimamente y sin investigar su veracidad o sus implicaciones, en algunos casos por desidia, en otros porque los datos sensacionalistas sobre el aumento de la delincuencia venden bien, y aún en otros como arma arrojadiza contra el gobierno, tomando el incremento de la delincuencia como una muestra de su gran fracaso. A otros medios les interesa hacer hincapié en las hipotéticas relaciones entre los índices de delito y la inmigración como una forma de favorecer unas políticas más duras en su contra.

La oposición se lanza a la palestra con declaraciones aún más alarmistas sobre la inseguridad, acusando al gobierno de ser blando con los criminales y presentando unas propuestas de "impunidad cero" carentes de todo contenido. El Ministro de Interior toma entonces cartas en el asunto y a modo de respuesta amplía y supera los datos falsos con un discurso más que ambiguo, en el que viene a decir que no hay tanta delincuencia, pero la que hay es culpa de los inmigrantes. Pero, por si acaso, se aprueba de repente la creación de 6500 puestos más de agentes de policía.

Todos contentos y la casa sin barrer, ya que al final probablemente lo único que se ha conseguido es aumentar la xenofobia y la paranoia, la desconfianza, la aprensión y la inseguridad para todos, nativos e inmigrantes. Eso sí que tiene delito.