El 12 de octubre de 1999, por segundo año consecutivo, vino a celebrarse en el barrio de Sants de Barcelona una manifestación de rechazo al acto fascista que la Comisión de homenaje a la bandera celebraba en la Plaza de los Països Catalans, y que la Delegación de Gobierno en Catalunya autoriza desde el año 83. Desde inicios de los 90, asociaciones de vecinos, organizaciones sociales y colectivos de todo tipo habían pedido repetidamente la prohibición del acto, sacando varias iniciativas: campañas de firmas de rechazo , mociones de censura contra el acto en el pleno de distrito de Sants-Montjuic, 3 fiestas antirracistas en el Centro Cívico de Cotxeres de Sants.

La manifestación, dónde participaron más de 2000 personas, acabó con incidentes con la policía, que cargó contra todo el mundo que se meneaba en las inmediaciones de Sants. Durante 3 horas, antidisturbios y policías de paisano practicaron la cacería de personas por Sants y Hospitalet y detuvieron a 22 personas: 15 chicos y 7 chicas que pasamos 72 horas en la comisaría de la Verneda y en los juzgados , soportamos maltratos físicos y vulneración de derechos básicos durante la detención. Mientras tanto, la Delegación de Gobierno presionaba a Remei Bona, titular del juzgado 28 de instrucción, y gran parte de los medios de comunicación sobredimensionaban los hechos con titulares e imágenes impactantes. Al final provocó que la jueza decretara el ingreso en prisión de 14 personas en virtud de la supuesta "alarma social" que causaron los hechos. Remei Bona los acusaba de constituir una "asociación ilícita", aplicándoles los artículos 515.3 y 517.2, que el Código Penal contempla a "bandas armadas y grupos terroristas". Precisamente, el día 6 de octubre la policía nacional había detenido 7 nazis vinculados al grupo Resistencia Nacional de la Juventud (rama de la organización fascista Alianza por la Unidad Nacional) y lo resolvió dejando a 4 en libertad al día siguiente con cargos de robo con violencia, agresión racista, lesiones a un guardia urbano y agresión sexual. Nadie percibió ninguna alarma social en los hechos o en la liberación de estos detenidos. Uno de los liberados, Santiago Royuela, fue detenido otra vez en marzo de 2001 intentando colocar un artefacto casero en una fiesta de colectivos alternativos en las Cotxeres de Sants y volvió a salir en libertad.

El encarcelamiento de las 14 detenidas provocó reacciones inmediatas en instancias jurídicas como la Comisión en Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona. En una semana, 2500 entidades y 1732 personas se adhirieron al manifiesto de apoyo a los y las encarceladas y detenidas. Miles de personas marcharon a la prisión de Trinidad y Wad Ras para apoyarlos. Finalmente, la jueza los dejó en libertad con cargos 10 días más tarde, considerando que el "rechazo social" a los hechos del 12 de octubre se había apaciguado. El 23 d’octubre, más de 10.000 personas pidieron la libertad sin cargos de todos y todas las detenidas llenando Vía Laietana y Plaza Sant Jaume a tope.

Meses más tarde, dos estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la Universitat Autónoma de Barcelona presentaron una queja contra varios medios de comunicación al Consejo de la Información de Catalunya por vulnerar el código deontológico del Colegio de Periodistas en las informaciones relativas a la manifestación y detenciones del 12 de octubre, que crearon el ambiguo clima de "alarma social" que propició los encarcelamientos. El CIC la aprobó.

La experiencia del 12 de octubre de 1999 propició el nacimiento de nuevas entidades, como Madres y Padres Afectados por los Hechos del 12 de octubre, que desde hace 3 años trabaja con otros colectivos organizando actos de reflexión sobre problemáticas relacionadas con los hechos, como la charla organizada recientemente en las Cotxeres de Sants sobre el enfoque social y alternativo de la seguridad ciudadana. La vivencia directa de la brutalidad policial y la arbitrariedad judicial ha hecho que MAPAFS se involucre activamente en otros acontecimientos parecidos, como la represión a la manifestación contra el Banco Mundial el junio de 2001 o el estado de asedio policial en el centro de Barcelona el pasado 12 de octubre por las manifestaciones de antifascistas e inmigrantes. Además, durante la campaña 1999-2000 se formó la Plataforma Cívica por un 12 de octubre en libertad, que reunió varios colectivos involucrados en la asamblea de apoyo a los detenidos y que organizó conjuntamente con otras entidades los actos del 12 de octubre de 2000. Este año, la Plataforma Cívica ha organizado una campaña para qué varios municipios de Catalunya se declararan antifascistas y ha conseguido reunir 32 , presentando la documentación a la Generalitat, el Ayuntamiento y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo).

Este macrojuicio llega 3 años después que la Delegación de Gobierno , la Jefatura de Policía y la intoxicación informativa urdieran una trama que nos llevó a los calabozos y a la prisión, provocándonos numerosos daños físicos, materiales y psicológicos a nosotros y a nuestros familiares y amigos.

Con un atestado novelesco, afirmaciones manifiestamente falsas, pruebas inexistentes y mucha literatura policial, Fiscalía y la Delegación de Gobierno pretenden encarcelarnos otra vez y obligarnos a pagar multas millonarias que no podemos ni queremos asumir. Resulta vergonzoso que instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona se personen como parte acusadora en un proceso contra personas detenidas indiscriminadamente o que simplemente ejercían su derecho a manifestarse.

La problemática en torno al acto del 12 de octubre no se ha resuelto ya que Delegación de Gobierno autoriza reiteradamente un acto rechazado por gran parte de la población de Barcelona y comarcas y reprime las manifestaciones de rechazo con violencia y detenciones masivas y indiscriminadas. El Ayuntamiento permite el acto aún conociendo sobradamente el descontento que provoca y pide sumas millonarias a los detenidos por unos incidentes que perfectamente se habrían podido evitar y los juzgados acusan y condenan detenidos de razzias policiales mientras no hay ninguna diligencia abierta por las proclames racistas, xenófobas y preconstitucionales que los ultras hacen cada año en su acto.

Además de las 22 detenciones del 99, hay 7 jóvenes detenidos en un bar en motivo de la manifestación del año 98 que fueron condenados a 1 año y medio de prisión por desórdenes públicos y estuvieron a punto de entrar en la prisión por tener antecedentes penales de insumisión; 32 personas encausadas por la manifestación del año 2001 y este año detuvieron a 29 personas más en el centro de Barcelona: 90 detenciones en 4 años y el conflicto sigue patente.

La asamblea de apoyo a los detenidos del 12 de octubre de 1999 manifiesta que los únicos responsables de estos hechos son la delegación del gobierno y la policía al permitir que grupos de ultraderecha se manifiesten libremente por la ciudad coreando lemas xenófobos y racistas.