l cartero y
a la vez militante sindical de la C.N.T., Juan Armada, acaba de ser
sancionado con 5 días de suspensión de funciones entre los días 14-18 de
enero, después de la resolución de un expediente disciplinario que ha
durado más de 8 meses urdido en su antigua oficina (Bueu) con la
complicidad de altos cargos de Correos, entre los que caben destacar
determinados miembros de la Jefatura Provincial de Pontevedra y de CC.OO.
que han jugado un papel penoso en todo este conflicto, participando en el
expediente del lado del denunciante, acudiendo al juzgado de asesores de
éste y participando en la reestructuración de los distritos de reparto en
contra de Juan.
Los orígenes del conflicto
Lo que ha ocurrido en la oficina de Correos de Bueu no
es algo inusual en Correos y Telégrafos: esto es lo que ocurre en todas
las oficinas de pueblos que están en manos de impresentables, que terminan
por transformar las dependencias administrativas en sus reinos taifas
particulares en los cuales colocan a su familia y sus lacayos, así como se
aprovechan del cargo y del ente público para jugar a la política (casi
todos los jefes de oficinas de pueblos de Correos han sido alcaldes o
concejales) y para sacarle un beneficio particular. En concreto, entre
otras muchas cosas despreciables, el jefe de Bueu fue teniente alcalde por
el PP así como también estuvo procesado por falsificación de votos por
correo (ese año todos los muertos de Bueu votaron por el PP)... y ahí
lleva más de 30 años.
El porqué se ha llegado a la situación a la que se
llegó en la oficina de Bueu, no tiene otra explicación que la actitud de
Juan de no transigir con el caciquismo y con una forma de gestionar un
servicio público en beneficio particular. En concreto, el haber denunciado
ante la Inspección de Trabajo sucesivamente dicha oficina por parte de
C.N.T., denuncias que ocasionaron mejoras en el terreno de la salud e
higiene en el trabajo y que estuvieron a punto de cerrarla si no fuese por
la labor del comité de salud de Correos que salió en amparo de las
jefaturas. De hecho, el director de salud laboral a nivel nacional del
organismo tuvo que desplazarse a Bueu a realizar el informe de salud e
higiene de la oficina, ya que carecía de éste. A raíz de estas denuncias,
una de las cosas que inmediatamente tuvieron que cambiar fueron los
filtros del aire que estaban negros como el chapapote que nos inundan las
costas en estos momentos. A las pocas semanas CC.OO. editó un panfleto
anotándose el tanto (la vieja escuela nunca muere).
Otra de las cosas que se consiguió fue reestructurar
los distritos de reparto (ya que Juan se negaba a llevarse el correo para
casa como le había indicado que hiciese el "cerebro" del expediente),
creándose un puesto de trabajo más; así como denunciar la adjudicación de
plazas a dedo, pues la plaza nueva que se consiguió crear en la oficina
fue a parar a manos de un lacayo del jefe, el que posteriormente
denunciaría a Juan en los juzgados. Esta plaza nueva se trataba de una
plaza incorporada al distrito urbano, con lo cual se le adjudicaba al
cartero moto de Correos, que a diferencia de los Enlaces Rurales como
Juan, es el cartero quien tiene que aportar su vehículo propio para el
reparto. Esta plaza le correspondía a Juan por puntuación, pero se la
adjudicaron a un miserable que estaba afiliado a la CIG por conveniencia.
El expediente
Para nosotros, la C.N.T., cualquier persona con los
folios en la mano de que consta el expediente (más de 200), descubre con
gran facilidad que no se trata de otra cosa más que de un montaje urdido
con la complicidad del Jefe Provincial y el Jefe de la Oficina, que
contando con el apoyo de sus lacayos y de las malas artes del instructor,
intentaron cubrir formalidades administrativas para conseguir darle un
duro castigo ejemplarizante a nuestro compañero.
Este expediente, tanto en su inicio, desarrollo como su
finalización, no es más que un acto nulo de pleno derecho y una
prevaricación continuada ya que después de ser absuelto en el Juzgado de
1ª Instancia de Marín donde Juan fue juzgado de los presuntos delitos por
los que se le aperturó el expediente (agresiones y amenazas), salió
absuelto; siendo Correos quien a posteriori lo sanciona con 5 días por
amenazas después de 8 meses de trámite administrativo, sabiendo que,
cualquier expediente sancionador que dure más de 6 meses prescribe (LRJ-PAC,
art. 42.2), así como que una decisión administrativa que está afectada por
una sentencia de la jurisdicción penal, está supeditada a dicha decisión
(sentencia Tribunal Supremo Sección 3ª-7ª de julio de 1992).
Pero además, el instructor afirma de su puño y letra
que le dio copia de su declaración al testigo (que "apareció" una semana
más tarde de la fecha en que sucedieron los presuntos hechos denunciados),
lo cual está incurriendo en un acto sancionable; afirma también que el
testigo apareció a declarar voluntariamente en la oficina, cuando en las
actas del juicio en Marín el testigo declara que el instructor lo llamó
por teléfono, etc.
Pero es más, lo que no puede hacer Correos es sancionar
a Juan por amenazas y absolverlo de las agresiones en función de la
sentencia judicial de Marín porque es totalmente descabellado, sino fuera
porque entendemos lo que quiere decir la coletilla que figura en la
sanción: "(Juan)... ponía en tela de juicio el normal funcionamiento de la
oficina técnica, queriendo condicionarla a sus exigencias personales".
¡Había que sancionarlo!
A tenor de estos hechos, la decisión de Correos es tan
soberbia y tan disparatada, tan arbitraria así como temeraria, que
sobrepasa el ámbito del Derecho para rayar con las decisiones fascistas
del antiguo régimen.
A pesar de que nuestro compañero ha venido sufriendo un
acoso laboral implacable en la Oficina de Bueu (no darle el dinero exacto
para el pago de los giros, faltarle dinero en las nóminas constantemente,
robo de su chubasquero, servirle su correo mezclado con otro por parte de
los lacayos de la oficina para que perdiese más tiempo, no querer
distribuirle sus cartas con apartado de correos en los casilleros
correspondientes, padecer un enlace rural que eran más de dos, negarle la
concesión de asuntos particulares el último día solicitados por escrito
con más de tres meses de antelación entre otros, ponerle por parte del
jefe de la oficina al vecindario en contra llegando incluso a sufrir un
intento de agresión por parte de un energúmeno, cerrarle la puerta de la
oficina con llave para que no pudiese entrar, estar hablando en contra de
él en la oficina en voz alta pero sin mencionarlo, etc., etc., etc.), con
la complicidad de las jefaturas que de todo ello estaban informadas y que
ellas mismas jaleaban; terminó siendo acusado de agresiones y amenazas,
con la clara intención de montarle un expediente para sancionarle con el
destierro, algo de lo que ya había sido amenazado en la propia oficina por
el principal "cerebro" de este montaje.
En estos momentos hemos presentado un recurso
extraordinario de revisión. Si consideran que castigándolo con una sanción
ejemplarizante del estilo de que "aquí mando yo, que nadie se mueva",
piensan que no los vamos a denunciar porque saben lo elevado que son los
costes judiciales a la hora de recurrir, están cometiendo otro gravísimo
error. Las soberbias se acaban pagando muy caras.
NI OLVIDO, NI PERDÓN. NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA.
C.N.T.-A.I.T. (VIGO)
Enviado por el Comité Rexional de Galicia