En este contexto de meritocracia, segregación y competencia, el gobierno presenta su nueva ley de calidad de la enseñanza. Según la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), "el documento de bases de la Ley de Calidad presentado por el Ministerio de Educación supone una vuelta a una educación elitista y segregadora y un ataque frontal a la democracia escolar y a la escuela pública". La misma CEAPA recuerda a la ministra Del Castillo que "La educación no es un ‘artículo de primera necesidad’, como señala este texto en su preámbulo, sino un derecho fundamental de los ciudadanos, establecido en el Título I de la Constitución". Y además, opinan con acierto que "esta ley adelanta a los 15 años los programas de garantía social, en un intento encubierto de reducir la escolarización obligatoria que establece la LOGSE a los 16 años", y señalan asímismo que la especialización de los centros fomentará la creación de centros de élite.

Por nuestra parte, señalaremos que las razones para oponerse a la LCE pueden concretarse en 6 aspectos básicos:

1. El sistema de enseñanza pierde su autonomía y se convierte en un instrumento del poder económico para la provisión de mano de obra. Así, en el artículo 24 del borrador de la LCE se establece la elección de dos especialidades en 3º de ESO, un itinerario técnico-profesional y otro científico humanístico, completándose esta especialización con tres itinerarios: científico, técnico y humanístico en 4º de ESO. Se pretende una especialización cada vez más temprana y segregadora del alumnado. Además, se intensifica la promoción de las actitudes competitivas e individualistas también desde edades más tempranas con pruebas de evaluación en ESO y Bachillerato (la temida y retrógrada reválida).

2. En lugar de hacer frente a los problemas del fracaso y el absentismo escolar con una autocrítica de la metodología del sistema educativo, se autorizan medidas disciplinarias y policiales cada vez más duras. Un curso sólo puede repetirse una vez (art. 29), y en el artículo 71 se señala que las administraciones locales colaborarán en el control del absentismo. ¿Significa esto que la policía local podrá llevar de la oreja a los niños a clase? Además, en el artículo 72 se dice que las administraciones educativas facilitarán la contratación de personal cualificado de apoyo en funciones no docentes para "colaborar en el mantenimiento de la convivencia". Sin comentarios.

3. Bajo el pretexto de garantizar el derecho a la formación religiosa (derecho que puede ser ejercido igualmente fuera del marco de la educación reglada), se continúa dando cabida en el sistema público de enseñanza a la propaganda religiosa y en un gesto de sumisión a la jerarquía eclesiástica -al tiempo que se tiende la mano a las demás sectas religiosas-, la asignatura de religión vuelve a ser evaluable. Asímismo, dichas sectas tendrán libertad para establecer los contenidos que se impartan, dando carta de naturaleza democrática a las actitudes degradantes para la condición humana propuestas por estos credos. Finalmente, el profesorado de esta asignatura continuará siendo nombrado por el clero y pagado por el estado, manteniendo el agravio comparativo que se hace a los demás docentes, que han de acceder a su plaza por oposición.

5. Se endurecen los requisitos de acceso a la función docente estableciendo un título de especialización didáctica (obligatorio para ejercer) con una duración de un año, alargando el tiempo de formación y con ello la inversión que es necesaria para ello. Dicha medida sólo beneficia a los aspirantes provenientes de familias con mayor poder económico y a las burocracias universitarias, que disponen de un año más para seguir chupando los ahorros de quienes quieren ejercer esta profesión.

6. Se avanza hacia la privatización del sistema de enseñanza y se dan prebendas a las entidades propietarias de centros privados, que podrán escoger el carácter de sus centros, teniendo que aceptar esta decisión los padres y alumnos que elijan dichos centros. Por si esto fuera poco, la LCE considera los centros concertados como asimilados a las entidades sin fin de lucro, lo cual comporta un régimen tributario especial bastante más laxo que el de las empresas (que además puede servir para blanquear dinero).

Señalaremos además que se permite la intromisión de agentes ajenos a la comunidad educativa en los consejos escolares y en los programas de iniciación profesional -empresas, representantes de organizaciones empresariales y representantes sindicales- y que se transfiere a las CC.AA. el desarrollo, control y ejecución de los programas de becas, lo cual, a nuestro entender, hace más complicado el sistema actual y puede dar lugar a discriminaciones.