Tres muchachos, Pere, Pablo y Ramón, fueron condenados por un juzgado de Barcelona a dos años de cárcel, más una multa de 600.000 pesetas y a indemnizar a Caixa de Catalunya, por ruptura de un cristal y a la Guardia Municipal por daños a un coche patrulla. La tipificación del delito, desórdenes y daños, que, al parecer, fueron causados durante una manifestación, convocada, según EL PAÍS, por la CNT con motivo de la huelga del 20-J en la ciudad condal. La juez del caso DA TODO EL CRËDITO a la policía, que, según su versión, eran tres agentes de paisano de los Mossos de Esquadra, que dicen haber presenciado los hechos (no se dice dónde), y haber seguido a los "autores" hasta otro barrio (no dicen cuál), donde los detuvieron (no se dice cómo). No más testigos ni pamplinas. Ya está: si lo dijo Blas, punto redondo. Según la juez, vía los Mossos, los inculpados llevaban los rostros cubiertos e iban mezclados en un grupo de unos 15, con lo cual, la juez considera probado que los acusados se hicieron con piedras y otros objetos de obras durante el recorrido (lo que querría decir que no iban a priori "armados" con esos "objetos contundentes", y que, en consecuencia, no existiría la premeditación que la juez les imputa). Y, si era así, de dónde saca la juez la subjetiva afirmación de que se dedicaron a provocar con el solo "propósito de producir el máximo deterioro a la convivencia democrática..., de atentar contra la paz pública y alterar el normal funcionamiento y uso de los servicios y la coexistencia pacífica de la comunidad". Afirma, igualmente que "pusieron en situación de peligro tanto a las personas como a sus bienes" pero no dice a qué personas, con nombres y apellidos, ni con qué clase de bienes estarían relacionadas. En suma, que afirma y, lo que es más grave, juzga y sentencia sin haber tenido una confesión de parte, en un caso donde las contradicciones y rarezas del relato acusador son evidentes, y sin tener más testigos e indicios que la propia policía.

En los tiempos de Franco, los jueces firmaban en blanco a la policía, para su uso discrecional, órdenes de arresto y registros domiciliarios, por no hablar de los juicios y de sus contenidos. Hoy, hay jueces, bastantes, con verdadero espíritu de justicia, en el sentido estrictamente jurídico del derecho objetivo, pero, por un lado, la tendencia del régimen a devenir una forma de categoría de Estado policiaco, y, por otro lado, la politización derechosa de gran parte de la judicatura está haciendo estragos en este campo. El juez Garzón, con sus más que dudosos métodos "jurídicos", está haciendo escuela. Veremos a ver a dónde va a parar todo esto. De momento, el acontecimiento comentado parece un trasplante vasco-catalán y con la excusa de ser una medida de prevención contra alguna forma de kale borroka, en realidad, lo que se está haciendo es estrangular a toda aquella juventud que no se someta a los dictados del PP y del gobierno.

Un paso más y la Ley de Partidos se hace presente. Se propondrá (o ejecutará) que una organización, la que sea, hoy una y mañana otra, pague los daños de las acciones juveniles, a fin de privar a la organización de turno de los medios para existir y actuar. Un segundo paso más y la organización de marras será excluida como tal del registro de asociaciones. Así es, al parecer, la democracia. ¿Es esto lo que, al parecer, lleva a la paz, a cuyo Nobel aspira Garzón?