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Los
pobladores y organizaciones de la comarca Andino-Patagónica (los municipios
vecinos al Paralelo 42 entre las provincias de Río Negro y Chubut) y
especialmente de Esquel, han logrado alertar a la opinión pública nacional e
internacional acerca las devastadoras características de los mega-proyectos
mineros en la región y a lo largo de toda la cordillera. Esa movilización
social, por otra parte, también ha puesto en evidencia la sorprendente
distancia material y mental que todavía existe en nuestro país con respecto
a sus recursos y la ignorancia –tanto la que de alguna manera fuera
justificable como la que es deliberadamente fabricada- con respecto a
procesos productivos o extractivos en gran escala. Con gran parte de la
población concentrada en las ciudades no llama la atención que las
decisiones estratégicas de esos procesos sean empujados hacia lo que el
historiador francés Fernand Braudel llamaba las exclusivas "zonas de
opacidad". Se refería al espacio donde, escribía, "merodean los grades
depredadores" y se realizan las grandes ganancias, identificándolo como el "anti-mercado".
¿Por qué esta referencia?. La mayoría de los "tratados" internacionales
actuales son negociados prácticamente a puerta cerrada. Uno de los caso más
notorios es el controvertido y gigantesco "Acuerdo Multilateral de
Inversiones"(AMI), suscripto en 1996 por algunos funcionarios argentinos en
el nombre de todos y publicitado como "la nueva constitución mundial", nada
menos, que cayó bajo la mesa durante el encuentro de la Organización Mundial
de Comercio de 1999 en Seattle, gracias al naciente movimiento anti-globalización.
Pero el lugar del AMI fue rápidamente ocupado por otra serie de medidas de
protección a las ganancias, como el Acuerdo General de Comercio de
Servicios. La naturaleza y toda actividad humana se someten así a las
relaciones de poder y a las reglas de comercio existentes. Estos "tratados",
a su vez, son los que nutren las estrategias regionales como el ALCA. ¿Pero
por qué tanto manejo tecnocrático? ¿Será porque los textos y la letra chica
son complicados o difíciles de interpretar? De ninguna manera. Son
sustraídos a la vista de la sociedad PORQUE generan desempleo, devastación
ambiental, "efectos colaterales" y externalidades materiales y culturales
incalculables, porque desconocen derechos laborales, derechos humanos,
pactos internacionales preexistentes y porque sólo sirven para concentrar
más aun la riqueza en pocas manos. Son impulsados por quienes tienen muy
poco que ver con la vida material y el mercado que, en el sentido que le da
Braudel, es más contextual, competitivo y tiene menos ganancias justamente
porque interactúa y se compromete más con la economía y la sociedad que las
alberga. Estos arreglos son ocultados para evitar la crítica social y para
anular la competencia. Es, en este contexto donde hay que interpretar la
firma del Tratado Minero Chile-Argentina gestado durante presidencia de
Menem entre 1991 y 1999, un mega plan de "crecimiento" y "desregulación" que
pretende transformar la cordillera de los Andes en uno de los distritos
mineros más grandes (y privado) del planeta. Ese acuerdo fue oportunamente
complementado por una serie de leyes, códigos y normas de "desarrollo
sostenible" que protege y asiste al sector con innumerables subsidios,
ventajas impositivas y facilidades directas e indirectas. Son hermosas todas
éstas leyes en cuanto a sus términos, pero son prácticamente inservibles al
momento de hacer valer los derechos de los ciudadanos y sus garantías
jurídicas. No sirven para proteger el ambiente natural, una de las
principales ventajas comparativas de la Argentina.
El anuncio de emprendimientos
extractivos en gran escala podrá tener resonancias positivas para quien no
tenga la precaución de investigar en detalle las condiciones concretas
pactadas y las consecuencias ambientales y sociales de la minería. Crecer,
dirán, es lo que necesitamos. Sin embargo este plan significaría exactamente
lo contrario de avanzar, porque el triunfo estadístico de tal "crecimiento"
de la "inversión" solo refleja una fracción del problema. A diferencia del
Cerro Rico de Potosí, que lleva más de 4 siglos de explotación, cualquier
emprendimiento minero actual puede desplazar montañas de rocas, tierras y
escombros en pocos años, generando inmensos cráteres y lagunas artificiales.
Este plan equivale no a cientos sino a miles de Cerros Potosí. La minería
actual prácticamente no ocupa gente y menos aun a trabajadores del lugar. En
cambio, "produce" una descomunal cantidad de residuos tóxicos y constituye
una amenaza ambiental permanente, con gran cantidad de accidentes y
conflictos documentados en todo el mundo. No responde a necesidades
industriales de una economía nacional sino que nutre a otros circuitos
industriales y especulativos que poco o nada tienen que ver con nuestras
acuciantes necesidades y potencialidades. No solo "deja" insignificantes
"regalías", sino que alimenta el destructivo circuito especulativo global,
afectando los valores inmobiliarios rurales y urbanos y muchas dimensiones
de la vida social y del trabajo, no solo de la zona circundante a cada
explotación sino también en las ciudades más alejadas. |
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La zona Andino-Patagónica
Argentina, como país centrado en
la economía agropecuaria, acredita pocos antecedentes y experiencia en la
cuestión minera. Un mito corriente es pensar el país como un territorio
"rico" sin tener en cuenta de qué manera concreta esa potencial riqueza es
generada y controlada, con cuáles beneficios (y distribuidos luego de qué
manera y con cuáles principios), cuales son las condiciones laborales y
cuáles las múltiples consecuencias no sólo ambientales, culturales y
sociales, sino políticas, de la instalación negligente en este caso de
industrias extractivas, sea minería, hidrocarburos, pesca o madera. Creemos
que es urgente y posible corregir esa carencia, como indica la lucha de la
población y las organizaciones de Esquel y localidades vecinas.
La explotación minera a cielo
abierto en la región de los bosques patagónicos y zonas vecinas de
excepcional belleza significaría, lisa y llanamente, la transformación y
devastación de una gran cantidad de cerros y valles, la tala rasa de bosques
nativos y el consecuente impacto negativo sobre las poblaciones humanas y
las actividades económicas asentadas en la región. Esta población vive desde
hace más de un siglo en base a la utilización de los recursos naturales
renovables del área. La minería en gran escala también implicaría un ataque
directo a la base económica, a las visiones del mundo y a la vida de
comunidades mapuche y tehuelche que aún resisten en esta región (más del 40
% de la población regional tiene algún ancestro mapuche o tehuelche) y que
la habitan desde tiempos inmemoriales.
El oro, principal objetivo de
los proyectos cercanos a Esquel, ya es extraído con la misma técnica (a
cielo abierto) en varios lugares del país: Cerro Vanguardia, Santa Cruz y
Andalgalá, Catamarca, son los más conocidos, pero ciertamente no los únicos.
El oro, que se usa en un 85% para joyería y genera gran cantidad de residuos
tóxicos, constituye uno de los refugios preferidos para la especulación,
especialmente durante las guerras anunciadas. En los últimos meses, sin ir
muy lejos, su cotización aumentó un 15%, bordeando hoy los 400 dólares usa
por onza.
El proceso de explotación del
oro planeado, de ser aceptado por las autoridades nacionales, provinciales y
municipales, utilizaría 6 (seis) toneladas de cianuro POR DIA en UNA de
estas minas. Tal despropósito involucra el altamente riesgoso transporte por
mar y tierra de ese químico y la posterior liberación de sus productos de
descomposición y de metales pesados a los cursos de agua, a las aguas
subterráneas, a los suelos y finalmente a toda la cadena alimenticia. La
voladura de más de 42000 toneladas de roca por día y su posterior molienda,
además de los problemas inmediatos de polvos en suspensión, dará origen en
cada mina a los conocidos drenajes ácidos y a la solubilización de metales
pesados, que pueden persistir por siglos, con sus secuelas de irremediable
contaminación tanto de las cuencas del Atlántico como del Pacífico.
Esto significaría la
incalculable pérdida de calidad de vida, de biodiversidad y de potencialidad
económica contrariando en forma absoluta cualquier principio de utilización
de recursos de una manera ambiental y socialmente sustentable y equitativa.
Como contrapartida, el capital especulativo transnacional, necesariamente
asociado con un poder político local para llevar adelante semejante
atentado, vería rápidamente engrosadas sus ganancias para marcharse una vez
el recurso se agote, dejando que los costos y las consecuencias de la
devastación, en muchos casos irreversibles, sea asumido por las comunidades
locales y regionales.
Por todo esto, creemos que es
fundamental, desde el ámbito científico y académico, hacer explícito el más
amplio rechazo a esta furtiva y gigantesca aventura neoliberal, surgida al
amparo de la lógica de la explotación del trabajo y de la naturaleza, y
movilizar todos los recursos en pos de detener este devastador atropello
ambiental y social. Las múltiples ramificaciones y consecuencias de este
tipo de economía extractiva, que alimenta mercados anónimos e insaciables
pero no atiende a nuestras necesidades, deben ser investigadas en
profundidad y, ciertamente, no en el marco de leyes y "acuerdos" que,
precisamente, han permitido la privatización de los dictámenes técnicos y
excluido la posibilidad de participación directa y vinculante por parte de
la población en los procesos estratégicos decisivos.
Foro de Ecología Política (FEP)
Cristina Avendaño |
