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Sebastian Hacher
Cuando
el presidente Sánchez de Losada se tuvo que retirar del acto por el
aniversario del departamento de Oruro, quizás pensó que su suerte había
comenzado a cambiar. El desfile cívico se había convertido en un virtual
acto de protesta; los mineros habían detonado varios cachorros de dinamita
cerca del palco oficial, como forma de demostrar su malestar con las nuevas
medidas económicas.
Envalentonado quizás con el
resultado del conflicto cocalero, había dado un discurso por cadena
nacional, anunciando impuestos convulsivos al salario que van de entre el
4,2 al 10,3% y un rígido presupuesto para el año que comienza, atacando
centralmente a la universidad.
La de los mineros es la
primera manifestación pública, pero es solo la punta del iceberg; la COB
(Central Obrera Boliviana) llamó a un paro y movilización, y todo el
espectro político y social del país -desde las cámaras empresarias hasta el
movimiento estudiantil- es un hervidero de reuniones, convocatorias y
repudio al impuestazo.
El gobierno parecía
fortalecerse por la forma en que logró hacer frente al conflicto cocalero,
encerrando a los sindicatos campesinos en una mesa de negociación sin
medidas de presión y con demandas cada vez mas devaluadas. Hoy parece, si lo
comparamos con Argentina, mucho más cerca del comienzo del fin de De la Rúa
que de los años "dorados" del menemismo. Así de rápidos son los tiempos en
nuestro continente.
Esas viejas recetas
Usando una retórica conocida
en Argentina Sánchez de Losada declaró que "Si asumimos el camino de la
austeridad y responsabilidad yo creo que podemos superar la crisis
económica", y que "Bolivia está en una encrucijada; si sigue gastando mas de
lo que son sus ingresos, va por un camino seguro a la quiebra y el colapso
económico, como sucedió en la Argentina".
El impuesto, contenido en el
proyecto de presupuesto, sería aprobado automáticamente, gracias a un
mecanismo conocido como "el rodillo parlamentario", como se nombra a la
coalición parlamentaria que da mayoría segura al oficialismo.
Luego de seis meses de
mandato, el gobierno ataca frontalmente, y de una sola vez, a sectores
importantes de trabajadores (unos 500.000 según el Diario La Voz) y al
sector que constituye su principal caudal electoral y social; la clase media
urbana. Empujado por las recetas del FMI, con casi el mismo álgebra de
austeridad fiscal a cualquier precio que intentaron aplicar en Argentina, el
gobierno se juega ahora el todo por el todo.
El repudio al impuesto es
generalizado y cruza toda la sociedad boliviana. Las primeras reacciones
fueron de la clase media, que inundó los medios de comunicación con
llamamientos de protesta, y de la Confederación Empresarios Privados, cuyo
presidente declaró que "este tipo de políticas fueron incluso rechazadas por
la administración de George Bush", como para dejar claro que están
preocupados por la más que segura baja de las ventas, y que no han pegado un
giro brusco para ponerse en contra del imperialismo.
Más moderado, Fernando
Quiroga, de la Federación de empresarios de Cochabamba, opinó que al
gobierno simplemente "se les fue un poco la mano...y puede provocar un
problema bastante serio". Y si bien el problema, para los empresarios, es
estrictamente económico, en un horizonte más que cercano pueden también
vislumbrar un verdadero terremoto político.
Paro, movilizaciones y
diálogos
La COB (Central Obrera
Boliviana) llamó a un paro nacional y una movilización, como primer medida
de lucha contra el nuevo ajuste. A la movilización sumarían diferentes
sectores. La Federación de Docentes de La Paz y los estudiantes
universitarios del todo país serán los primeros en definir su participación.
Según su ejecutivo, Saturnino
Mallcu, las reformas presupuestarias son una irresponsabilidad que responde
a las exigencias de los organismos internacionales para reducir el déficit
fiscal en 5,5 % a fin de recibir nuevos prestamos y endeudar más al país. La
central obrera, que venía apostando por un diálogo con el gobierno, se vió
obligada a romperlo y adoptar medidas, en un contexto de malestar social
extendido.
Las movilizaciones prometen
ser masivas, alimentadas por un humor social que desgasta rápidamente a un
gobierno que, a seis meses de asumirlo parece estar ya en las últimas
vísperas. Las radios locales reciben cientos de llamadas de indignados
oyentes de clase media que se quejan del impuestazo y la corrupción de los
políticos. Los medios de comunicación, cuestionados por sus propios
trabajadores por ceder a las presiones oficiales, han virado su línea
editorial en 180 grados, convirtiéndose de la noche a la mañana en
furibundos opositores.
Y, si bien el gobierno logró
unir a la mayoría del país en su contra, cuenta con una sola ventaja; logró
paralizar por el momento al sector mas combativo; el movimiento campesino.
Luego de un conflicto donde no parecía haber una estrategia definida, con
mesas de negociación que son presentadas por el gobierno como "meramente
informativas" y por Evo Morales con "un gran triunfo", no está claro hacia
donde va el movimiento. En el último ampliado de las seis federaciones del
Trópico de Cochabamba, se impuso la posición de "erradicación voluntaria de
la coca hasta llegar a una hectárea por familia", como forma de parar la
erradicación forzosa y la militarización del Chapare. Las vigilias, mientras
tanto, han "bajado la tensión" reduciéndose al mínimo. Y si bien todavía
existe -y se nota en los discursos de los dirigentes de base- la dicotomía
entre una base más aguerrida y un proyecto político más moderado del MAS, el
conflicto campesino quedó desacomodado con respecto a la nueva situación
abierta.
Ayuda militar vs. solidaridad
internacional.
Junto con el liberalismo
político, que aplica calcadas las recetas que el FMI impuso durante todos
los 90 en la Argentina, la apuesta de la Embajada de Estados Unidos parece
apuntar a una mayor militarización e intervención directa de la CIA en la
región.
Además de la duplicación de
la ayuda militar de Estados Unidos a 4 millones de dólares y del fondo de 91
millones para la "lucha contra la droga", Estados Unidos se propone crear
una base antiguerrillera en el Chapare, como "forma de prevenir que el
movimiento campesino se convierta en guerrilla", obviando que se trata de un
movimiento de gran tradición sindical y de un país donde las guerrillas
nunca han tenido mayor adhesión popular.
Junto con eso, el
nombramiento de David Greenlee como nuevo embajador parece apuntar a darle
la máxima jerarquía a la intervención militar en la región. Greenlee fue
durante los 80 el principal hombre de la CIA en Bolivia, responsable de
masacres de campesinos, como la de Villa Tunari en el 88, con 28 muertos y
50 heridos, muchos de los cuales quedaron inválidos de por vida, y de la
nunca esclarecida "tragedia de Huachaca" que ligó a la CIA directamente con
el narcotráfico.
Bajo el mote de la "lucha
contra el narcotráfico", Estados Unidos viene enmascarando su
intervencionismo político. Las reciente masacre de 18 campesinos en los
últimos bloqueos, la violencia descarnada de la represión y la
militarización como respuesta incluso "preventiva" contra las movilizaciones
sociales, son quizás el prólogo de lo que se puede llegar a vivir aquí.
No es descabellado pensar que
Bolivia puede estar siguiendo la misma senda que, en Argentina, estalló el
20 de diciembre del 2001. El presidente boliviano parece un Menem, aplicando
la ortodoxia del FMI a rajatabla, con la misma base social que De la Rúa
antes de su caída. La diferencia es que Bolivia viene de dos años de
convulsiones sociales y enfrentamientos, desde la guerra del agua hasta los
bloqueos de enero de este año, y un nuevo salto en la situación puede
generar resultados insospechados.
Si se acercan horas
definitivas en Bolivia, los ojos conscientes y solidarios de toda
Latinoamérica deben mirar al altiplano; la solidaridad internacional es
vital para frenar nuevos intentos de regar nuestro suelo con sangre de
compañeros.
Extraído de La Haine |
