El Tiempo.- Así aparece en un informe de los dos organismos, elaborado por una comisión internacional que visitó durante el pasado mes de octubre 15 cárceles de Colombia, entre ellas tres de mujeres, y varios departamentos policiales.

La comisión denuncia en su informe la "corrupción, los maltratos y el desgobierno" en la mayoría de las prisiones colombianas.

Un caso concreto señalado por Irigoyen Fajardo es el de la cárcel de Valledupar, la más moderna del país, en la que los comisionados vieron los grilletes y bastones metálicos "con goma para golpear a los presos sin que queden huellas superficiales".

En la misma cárcel, inaugurada el año pasado, el Ministerio de Salud confirmó la presencia de residuos fecales en la alimentación que consumen los internos, según la abogada peruana.

La abogada y antropóloga peruana Raquel Irigoyen Fajardo, que integró la comisión junto con el filósofo español Federico Marcos y el médico forense argentino Morris Tidball-Binz, presentó hoy en Bogotá el informe de su investigación en las cárceles colombianas.

La comisión constató, según Irigoyen Fajardo, que "ni siquiera las mismas autoridades del Ministerio de Justicia o del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) conocen la cifra exacta de personas en los centros de reclusión".

Mientras el INPEC asegura que en Colombia hay actualmente 54.551 personas en las cárceles, la comisión revela que esa entidad "no registra oficialmente a un número indeterminado de personas en prisiones municipales ni a unas 5.000 más en estaciones policiales".

Irigoyen también reveló casos en los que "detenciones de 36 horas pueden pasar a 36 días o a 12 meses" sin que se resuelva la situación jurídica de los arrestados, casi siempre por "delitos bagatela" (menores).

En su visita a distintos penales, la comisión encontró en la cárcel de Girardot que en una pequeña habitación se hacinaban 115 personas "entre el piso y el techo", pues muchos de los reclusos permanecen en hamacas colgadas de la parte superior de la celda.

En las prisiones colombianas, añade el informe, se violan los derechos a la vida y a la dignidad; a la integridad física y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la salud y la alimentación; a la educación y al trabajo y a la defensa.

La "habitabilidad" en las cárceles, dijo Irigoyen Fajardo, supone, además de un altísimo hacinamiento, el que los presos pobres permanecen a la intemperie, en casas de cartón en los patios o en los túneles de las tuberías o desagües, mientras que hay "mejores condiciones" para quienes "tienen poder o dinero".

Los ancianos, los indígenas y las personas que pertenecen a minorías como los reclusos negros, que son casos de "especial vulnerabilidad", no tienen pabellones propios como establece la ley.

El informe asegura que las condiciones penitenciarias constituyen "flagrantes violaciones de los derechos humanos que configura penas crueles, inhumanas y degradantes".

También acusa al Estado "por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" y agrega que "falta una política penal democrática, garantista y concertada".

El defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el sueco Anders Kompass, coincidieron en denunciar que las cárceles son "un infierno" y culparon al Estado de esta situación.