Después de la posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, en reunión del día 22 de agosto, los pueblos indígenas, presentamos un documento en el que le solicitamos fijar la política del nuevo gobierno para el respeto y el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas. Hasta la fecha, no ha planteado su respuesta por escrito, pero está dando mensajes claros y expresos de que su gobierno va a continuar con el arrasamiento de los pueblos indígenas de Colombia. Como prueba están los siguientes hechos: En lo político, el actual gobierno, tal como el anterior del presidente Pastrana, tienen el objetivo de eliminar los derechos culturales, organizativos, territoriales de los pueblos indígenas. Para lograr este objetivo se vienen agotando o cerrando los espacios de concertación y de participación a través de las reformas a las instituciones. Otro mecanismo para menoscabar los derechos ha sido el nombramiento de funcionarios anti-indigenistas y racistas que se oponen al desarrollo de las reivindicaciones políticas, económicas, sociales y culturales de los pueblos indígenas, desconociendo que se tratan de derechos legítimamente adquiridos y bajándolas a la categoría de privilegios, con el fin de desmontarlos fácilmente. Tal ha sido la experiencia con la dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

En materia de derechos humanos El actual gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a varios casos tales como: Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, Comunidades indígenas, negras y campesinas del Alto Naya (límites entre Valle y Cauca). No se han tomado medidas para evitar la masacre, silenciosa pero continuada, de la que está siendo víctima el pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la desaparición forzada del dirigente Kimy Pernía Domicó sigue en la impunidad.

En materia territorial, está suspendido el proceso de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, a pesar de que hay un sinnúmero de expedientes que ya han culminado los trámites previstos en la normatividad vigente, previos a la expedición de la resolución.

Y como si esto fuera poco, cuando las comunidades indígena indagan por los procesos de legalización de sus territorios, distintas instituciones les han respondido que todos los expedientes tienen que ser verificados a la luz de nuevos requisitos que constituirán la política del actual gobierno de Uribe Vélez, tales como: deberá haber un concepto etnológico previo al inicio de cualquier trámite de resguardo; no podrá haber trámites de constitución o ampliación que comprendan globos de terreno discontinuo; cuando haya presencia de población campesina o negra en territorios susceptibles de ser legalizados como resguardos, así sea una persona, no se podrá continuar con los trámites. Según la información recibida, estas medidas harían parte de las normas que expediría el gobierno de Uribe Vélez en uso de facultades extraordinarias; mientras tanto, las reuniones de las entidades gubernamentales se vienen haciendo de manera subterránea, obviamente sin consulta a los pueblos indígenas.

Todas estas medidas están claramente orientadas a frenar la legalización de los territorios indígenas a pesar de que su derecho ya ha sido reconocido en la Constitución Política. Y resulta claro que con ellas se va a legalizar la política de invasión de los territorios indígenas, motivada por grupos paramilitares puesto que es bien sabido que en varias zonas del país dichos grupos, a través de la colonización pretenden desalojar a las comunidades indígenas para más adelante facilitar los procesos de siembra de cultivos ilícitos, realización de megaproyectos, explotación de recursos, monocultivos, entre otros. Igual estrategia perversa se está aplicando frente a las comunidades negras, pues en zonas como Balsitas (Río Sucio – Chocó), por influencia de paramilitares se está desalojando a los afrodescendientes de su territorio a cambio de una vivienda de interés social en otra zona, con el ánimo de evitar la legalización del territorio colectivo y dar paso a la siembra de palma africana y cultivos de uso ilícito.

En materia de consulta y concertación La normatividad que se viene expidiendo últimamente está orientada a desmontar el derecho a la consulta previa, a pesar de que el Estado colombiano suscribió el Convenio 169 de la OIT y de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, por ser un convenio de derechos humanos de los pueblos indígenas, prevalece en el orden interno. El Decreto 1728 de 2002, que fue expedido el último día del gobierno Pastrana, pero avalado por el gobierno Uribe, pretende desmontar toda la protección ambiental, de los derechos territoriales y humanos de los pueblos indígenas, ante la explotación de recursos y la ejecución de megaproyectos.

Paradójicamente, sin consulta con los pueblos indígena, el gobierno de Uribe Vélez pretende expedir una nueva reglamentación sobre consulta previa, con la cual planea disminuir aun más nuestro derecho fundamental a ser consultados antes de tomar decisiones que puedan afectarnos.

Igualmente, el gobierno actual, tanto dentro de sus estructuras como en los espacios de representación que hemos ganado los pueblos indígenas, está vinculando o designando personas que, a pesar de ser indígenas, ya están contaminadas por los politiqueros tradicionales, por las empresas petroleras o por otros actores que se oponen a la pervivencia de los pueblos indígenas y sus derechos. Con esta práctica se pretende reducir los espacios de participación y cambiar el derecho a la consulta y concertación por espacios burocráticos.

En materia de educación, no ha habido un pronunciamiento del gobierno en donde quede clara la obligatoriedad de aplicar la legislación especial, frente a las nuevas normas que se han expedido en el campo educativo. Por el contrario, con los decretos reglamentarios de la Ley 715, que está expidiendo el gobierno, se pretende invisibilizar la existencia de los pueblos indígenas, pues en dichos decretos se utilizan términos que pretenden recoger, pero en realidad desaparecen la diversidad étnica y cultural, tales como "zonas de difícil acceso", poblaciones especiales", "poblaciones, consagradas en el Título III de la Ley 115 de 1994" En materia de salud, se planea una reforma a la actual normatividad en salud, y no se ha consultado con las organizaciones indígenas, a pesar de que las propuestas conocidas hasta el momento afectan la prestación del servicio de salud a las comunidades indígenas, y de manera particular plantean nuevos obstáculos a la existencia de las empresas de salud que han conformado los propios pueblos indígenas.

Esta normatividad está claramente orientada a favorecer a los grandes monopolios en detrimento de la salud de los colombianos, y entre ellos de los indígenas.

Proyectos de Ley El gobierno de Uribe Vélez, a través de congresistas afines a sus intereses, viene impulsando en el Congreso de la República diferentes proyectos de ley con los que pretende cumplir su tarea de acomodar el país a las exigencias de los acuerdos comerciales como el ALCA, sin importar que se tenga se sacrificar los más altos intereses de un país, como son su población y su soberanía.

En tal virtud, se está tramitando actualmente en el congreso el proyecto No. 097 de 2002 Cámara, por el cual se modifica la ley de Reforma Agraria, con un claro corte antisocial, anti-indígena, y anti-campesino, y a favor de los grandes monocultivos agroindustriales que de ninguna manera van a garantizar la soberanía alimentaria de los colombianos. Asimismo se impulsa el proyecto de Ley 34 de 2001, por medio del cual se reforma la Ley de Fronteras, con el ánimo de quitar la protección de que gozan actualmente las reservas forestales de las zonas de fronteras para permitir la colonización, la realización de megaproyectos, monocultivos y promoviendo de paso la ampliación o la siembra de cultivos para uso ilícito, mientras por otro lado fumiga con veneno las poblaciones, territorio, alimentos, so pretexto de acabar con dichos cultivos.

Por todo lo anterior, manifestamos nuestro enérgico rechazo a esta política de exterminio de los pueblos indígenas, continuada por el actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A la vez, nos declaramos en alerta ante estas políticas y oponemos nuestra resistencia milenaria, la cual nos ha permitido pervivir durante todos estos siglos de intento de aniquilación de los pueblos indígenas.

De igual manera, solicitamos a los organismos de control y a la comunidad internacional, mantenerse pendientes de estas nuevas medidas, pronunciarse y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que nuestros derechos milenarios, que además han sido reconocidos en la Constitución de Colombia y en tratados internacionales, sean respetados.

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