El CAT que ha examinado el cuarto informe periódico de España sobre su aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha expresado una especial preocupación por las denuncias de violación y abusos sexuales, malos tratos a niños sin el debido acompañamiento durante los procedimientos de expulsión así como por otros casos de malos tratos contra inmigrantes.

El Comité ha tomado nota de que España se ha convertido para los inmigrantes en un importante paso de entrada a Europa. No obstante, ha instado a las autoridades españolas a que incluyan "la discriminación de cualquier tipo" entre los supuestos que definen la tortura en el Código Penal español. El Comité también ha expresado su "profunda preocupación" ante la posible detención en régimen de incomunicación durante períodos de hasta cinco días. Si bien, es consciente de las dificultades que entraña para un gobierno que se enfrenta a "actos graves y frecuentes de terrorismo y violencia criminal", recuerda, no obstante, que el régimen de incomunicación propicia la tortura y los malos tratos.

El CAT también llama la atención sobre la excesiva duración de la investigación en las denuncias de tortura y malos tratos, la falta de interés de las autoridades a la hora de iniciar expedientes disciplinarios contra funcionarios, y las duras condiciones a las que se ha sometido a algunos reclusos.

Amnistía Internacional destaca las recomendaciones del CAT que hacen referencia a la grabación en vídeo de los interrogatorios de la policía como medio para proteger tanto al detenido de torturas y malos tratos, como a los funcionarios de ser falsamente acusados de tortura; a que los exámenes médicos de los detenidos en régimen de incomunicación se realicen de forma conjunta por un médico forense y un facultativo de la confianza del detenido, y que se abran expedientes disciplinarios contra funcionarios públicos acusados de tortura o malos tratos independientemente de la fase en que se encuentre el procedimiento judicial contra los agentes de policía acusados.

"Desgraciadamente, la declaración del gobierno en su informe al Comité contra la Tortura según la cual los casos de tortura o malos tratos son ‘muy aislados’ en España, se aparta mucho de la verdad", ha declarado Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos ha documentado gran cantidad de denuncias detalladas de tortura y malos tratos, muchas de las cuales se originan en comprobaciones de identidad realizadas por la policía siguiendo pautas raciales.

En el informe que ha sometido al CAT, Amnistía Internacional también ha destacado que la violación o los abusos sexuales graves cometidos por funcionarios públicos o con su consentimiento, siempre deberían ser calificados de tortura; el Código Penal español debería ser ampliado conforme a la Convención, que prohíbe estos actos cometidos sobre la base de cualquier tipo de discriminación.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades españolas a que introduzcan normas estrictas para la inscripción, traslado y custodia de detenidos con el fin de protegerlos de intenciones delictivas por parte de agentes de policía o Guardias Civiles. También recomienda emprender una política activa de contratación que permita la custodia de mujeres detenidas por parte de mujeres policías o guardias civiles.

La organización de derechos humanos aprovecha la oportunidad para acoger con agrado los informes que indican la disminución, en los últimos meses, de las expulsiones y malos tratos a menores extranjeros no acompañados. "Sin embargo, seguiremos investigando las denuncias de malos tratos, incluidas las de acoso sexual, en algunos centros de recepción de menores" declaró Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades españolas a que cumplan con las normas internacionales sobre el cuidado y protección de menores extranjeros no acompañados - especialmente a la vista de las recientes denuncias de malos tratos y expulsión ilegal de menores marroquíes en Ceuta y Melilla.

En Abril de 2002, la organización publicó un informe sobre torturas y malos tratos de índole racista cometidos por funcionarios públicos. El informe, titulado "Crisis de identidad", está disponible en Internet en: www.ponteensupiel.org.