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La
investigación del Tribunal de cuentas ha descubierto 59.000 alumnos
inexistentes, facturas falsas y cursos nunca impartidos. La patronal,
CCOO y UGT tendrán que devolver más de dos millones de euros.
El Tribunal de Cuentas ha
denunciado múltiples irregularidades en la gestión que sindicatos y
patronal cometieron entre 1996 y 1998 con fondos públicos (600 millones
de euros al año) a través de la Fundación para la Formación Continua de
Trabajadores (Forcem). El Tribunal de Cuentas desgrana 'una amplia
diversidad de irregularidades', desde cursos subvencionados y nunca
impartidos hasta alumnos no existentes, facturas falsas o empresas que
aumentan artificialmente sus plantillas para conseguir ayudas. El
tribunal reclama, como primera medida, que patronal y sindicatos
devuelvan más de dos millones de euros.
El rosario de anomalías
detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión que sindicatos y
empresarios hicieron de fondos públicos para formación continua afecta
también a las empresas privadas que contrataron para dar cursos y que se
beneficiaron, en ocasiones fraudulentamente, de las subvenciones del
Inem. El Tribunal de Cuentas ha observado 'responsabilidad por alcance',
un daño para la hacienda pública por mala gestión fundamentalmente por
gastos dudosos, y exige la devolución de más de dos millones de euros.
Varias patronales (CEOE, Cepyme, la Confederaciones Empresariales de
Galicia, Baleares, Castellón, Alicante y Tenerife) deberán reintegrar
más de 1,5 millones de euros mientras el resto corresponde a la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras y a su unión sindical en
Andalucía y a UGT de Andalucía y Valencia.
- Requisitos falsos.
Se ha detectado una falsedad al cumplimentar los requisitos exigidos
para el acceso a las subvenciones: 'número de trabajadores inferior al
mínimo exigible en planes de empresa, presupuestos económicos y
académicos inflados para obtener más subvención, falsedad en la
declaración de no recibir otras subvenciones con el mismo objeto,
falsedad en la cumplimentación de los datos correspondientes al volumen
de plantilla.
- Costes falseados.
El informe detalla que se han imputado costes por encima de la realidad
en materia de personal, suministros de bienes y servicios y
amortizaciones. En ocasiones la anomalía es más grave y burda:
justificación de costes externos mediante la preceptiva factura que no
responden a ninguna operación real. También ha descubierto el Tribunal
de Cuentas facturas multiuso: a veces, una misma factura es presentada
ante distintas administraciones para justificar el gasto de distintas
subvenciones y correspondientes a distintos ejercicios. Justificación de
costes mediante factura por importes 'muy superiores al precio de
mercado', lo que presupone una 'posible connivencia entre el
beneficiario de la subvención y la entidad que le expide la factura'.
Por otro lado, 'el fenómeno de las subcontrataciones entre empresas con
algún tipo de afinidad suponen, por sí mismo, un aumento de los costes
sin necesidad'.
- Cursos inexistentes.
En ocasiones, no es que haya facturas falsas en un curso, es que nunca
hubo tal curso. Y, sin embargo, el receptor de la ayuda adornó con toda
suerte de detalles la justificación de los gastos: listados de alumnos,
partes de asistencia, programas, material, etcétera. O se incluyen
alumnos para justificar acciones formativas cuyo número de afiliación a
la Seguridad Social resulta falso o corresponde a otra persona. Valga el
siguiente dato: de los 271.204 alumnos certificados a través de 587
planes de formación entre 1996 y 1997 financiados desde Forcem, la
Seguridad Social no identificó como registrados a 59.552. En suma, un
22% de los trabajadores que habían recibido cursos no existían. De aquí,
como en tantas otras cuestiones, el tribunal extrae la necesidad de 'un
mayor control por el Inem en la verificación de los datos facilitados
por los beneficiarios de ayudas'.
- Reducciones
gratuitas. El Tribunal de Cuentas destaca que, una vez recibida la
subvención conforme a unas condiciones, la entidad beneficiaria las
cambia a su antojo sin merma proporcional en los pagos. Así, a veces se
reducen las acciones aprobadas un 34% y las horas lectivas y alumnos en
un 42% y, sin embargo, se rebaja la facturación sólo en un 2%. Por
tanto, el tribunal considera que frecuentemente se presentan planes sólo
para garantizarse una subvención que, de presentarse su proyecto real,
jamás la obtendría. Las convocatorias de cursos, reprocha el tribunal,
no establecen porcentajes mínimo de asistencias para considerar que el
curso ha existido.
- Clases particulares.
El informe detalla que las acciones individuales de formación continua
financiadas con fondos públicos han recaído, paradójicamente, en la
categoría de trabajadores cualificados (41%). Estas acciones, según el
Tribunal de Cuentas, tienen todos los visos de que 'podrían haber
financiado cursos de interés eminentemente particular'. Así, Forcem
aprobó un curso para un empleado de la empresa nacional Bazán de 'título
medio de la especialidad de fagot'. Diversos trabajadores de CASA
(Construcciones Aeronáuticas) con cargo al fondo público cursaron
estudios de Música, Filosofía, Historia, Bellas Artes, Historia de
América o Periodismo; un curso subvencionado por el Forcem para Hunosa
costeó a un trabajador el título de entrenador de fútbol; dos cursos del
Banco Central financiaron su especialidad en psicoterapia y licenciatura
en políticas...
En la medida que tales
cursos se han impartido desde grandes empresas, el informe plantea que
han servido 'para favorecer a un colectivo específico de personas con
elevado grado de influencia dentro de la entidad que presenta el plan de
formación'.
- Cursillistas
profesionales. El Tribunal de Cuentas denuncia que algunos alumnos
han realizado varias acciones formativas en una misma convocatoria. Más
allá de la profesionalización cursillista que se detecta en estos
alumnos omnipresentes, la anomalía descubierta supone que las cifras de
trabajadores realmente beneficiados por la formación continua son algo
menores.
El informe detalla que un
total de 53.795 alumnos, que representan un 15% del total de alumnos de
los planes seleccionados como muestra en la auditoría, realizaron más de
un curso en 1997. Y de ellos, 4.146 asistieron supuestamente a cuatro o
más cursos entre 1996 y 1997. El Tribunal de Cuentas exige al Gobierno
que instaure un registro de subvenciones, ya que actualmente se
desconoce cuánto dinero público se invierte en toda España en formación
continua.
Una vez más se demuestra
lo que la CNT venía denunciando hace muchos años, la financiación
fraudulenta de los empresarios y los sindicatos oficiales por parte del
gobierno para mantener sus superestructuras y sus asalariados. No les
basta con lo que reciben de los presupuestos generales y elecciones
sindicales, si no que engullen el dinero destinado a la formación de los
trabajadores y de los parados sin ni si quiera pestañear. ¿Irá alguien a
la cárcel por todo esto? Seguramente no, esperemos que al menos algún
día reciban el desprecio de todos los trabajadores por sus actuaciones
criminales. |
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