Los movimientos sociales del país vecino están en alerta por las consecuencias que puede acarrear la promulgación de una nueva ley de seguridad, actualmente en el estadio de borrador, que preconiza la persecución de mendigos, prostitutas, okupas, jóvenes alborotadores y padres tolerantes con el absentismo escolar contemplando la imposición de penas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 7.500 euros por estos "delitos". El texto amplía los poderes de la policía, la cual tiene ahora más potestades para realizar escuchas, y no serán declarados nulos los procedimientos judiciales cuando la policía incumpla condiciones estipuladas para que una detención sea legal. También pone obstáculos a la labor de jueces y magistrados, y quienes sean detenidos tendrán que esperar hasta 36 horas para ver a su abogado. Diversas organizaciones de derechos humanos y otros movimientos sociales han calificado el borrador de "siniestro", "peligroso y liberticida", "inquietante" y "aterrador" y se preparan para dar batalla a su conversión en ley .