La investigación del Tribunal de cuentas ha descubierto 59.000 alumnos inexistentes, facturas falsas y cursos nunca impartidos. La patronal, CCOO y UGT tendrán que devolver más de dos millones de euros

El rosario de anomalías detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión que sindicatos y empresarios hicieron de fondos públicos para formación continua afecta también a las empresas privadas que contrataron para dar cursos y que se beneficiaron, en ocasiones fraudulentamente, de las subvenciones del Inem. El Tribunal de Cuentas ha observado 'responsabilidad por alcance', un daño para la hacienda pública por mala gestión fundamentalmente por gastos dudosos, y exige la devolución de más de dos millones de euros. Varias patronales (CEOE, Cepyme, la Confederaciones Empresariales de Galicia, Baleares, Castellón, Alicante y Tenerife) deberán reintegrar más de 1,5 millones de euros mientras el resto corresponde a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y a su unión sindical en Andalucía y a UGT de Andalucía y Valencia.

- Requisitos falsos. Se ha detectado una falsedad al cumplimentar los requisitos exigidos para el acceso a las subvenciones: 'número de trabajadores inferior al mínimo exigible en planes de empresa, presupuestos económicos y académicos inflados para obtener más subvención, falsedad en la declaración de no recibir otras subvenciones con el mismo objeto, falsedad en la cumplimentación de los datos correspondientes al volumen de plantilla.

- Costes falseados. El informe detalla que se han imputado costes por encima de la realidad en materia de personal, suministros de bienes y servicios y amortizaciones. En ocasiones la anomalía es más grave y burda: justificación de costes externos mediante la preceptiva factura que no responden a ninguna operación real. También ha descubierto el Tribunal de Cuentas facturas multiuso: a veces, una misma factura es presentada ante distintas administraciones para justificar el gasto de distintas subvenciones y correspondientes a distintos ejercicios. Justificación de costes mediante factura por importes 'muy superiores al precio de mercado', lo que presupone una 'posible connivencia entre el beneficiario de la subvención y la entidad que le expide la factura'. Por otro lado, 'el fenómeno de las subcontrataciones entre empresas con algún tipo de afinidad suponen, por sí mismo, un aumento de los costes sin necesidad'.

- Cursos inexistentes. En ocasiones, no es que haya facturas falsas en un curso, es que nunca hubo tal curso. Y, sin embargo, el receptor de la ayuda adornó con toda suerte de detalles la justificación de los gastos: listados de alumnos, partes de asistencia, programas, material, etcétera. O se incluyen alumnos para justificar acciones formativas cuyo número de afiliación a la Seguridad Social resulta falso o corresponde a otra persona. Valga el siguiente dato: de los 271.204 alumnos certificados a través de 587 planes de formación entre 1996 y 1997 financiados desde Forcem, la Seguridad Social no identificó como registrados a 59.552. En suma, un 22% de los trabajadores que habían recibido cursos no existían. De aquí, como en tantas otras cuestiones, el tribunal extrae la necesidad de 'un mayor control por el Inem en la verificación de los datos facilitados por los beneficiarios de ayudas'.

- Reducciones gratuitas. El Tribunal de Cuentas destaca que, una vez recibida la subvención conforme a unas condiciones, la entidad beneficiaria las cambia a su antojo sin merma proporcional en los pagos. Así, a veces se reducen las acciones aprobadas un 34% y las horas lectivas y alumnos en un 42% y, sin embargo, se rebaja la facturación sólo en un 2%. Por tanto, el tribunal considera que frecuentemente se presentan planes sólo para garantizarse una subvención que, de presentarse su proyecto real, jamás la obtendría. Las convocatorias de cursos, reprocha el tribunal, no establecen porcentajes mínimo de asistencias para considerar que el curso ha existido.

- Clases particulares. El informe detalla que las acciones individuales de formación continua financiadas con fondos públicos han recaído, paradójicamente, en la categoría de trabajadores cualificados (41%). Estas acciones, según el Tribunal de Cuentas, tienen todos los visos de que 'podrían haber financiado cursos de interés eminentemente particular'. Así, Forcem aprobó un curso para un empleado de la empresa nacional Bazán de 'título medio de la especialidad de fagot'. Diversos trabajadores de CASA (Construcciones Aeronáuticas) con cargo al fondo público cursaron estudios de Música, Filosofía, Historia, Bellas Artes, Historia de América o Periodismo; un curso subvencionado por el Forcem para Hunosa costeó a un trabajador el título de entrenador de fútbol; dos cursos del Banco Central financiaron su especialidad en psicoterapia y licenciatura en políticas...

En la medida que tales cursos se han impartido desde grandes empresas, el informe plantea que han servido 'para favorecer a un colectivo específico de personas con elevado grado de influencia dentro de la entidad que presenta el plan de formación'.

- Cursillistas profesionales. El Tribunal de Cuentas denuncia que algunos alumnos han realizado varias acciones formativas en una misma convocatoria. Más allá de la profesionalización cursillista que se detecta en estos alumnos omnipresentes, la anomalía descubierta supone que las cifras de trabajadores realmente beneficiados por la formación continua son algo menores.

El informe detalla que un total de 53.795 alumnos, que representan un 15% del total de alumnos de los planes seleccionados como muestra en la auditoría, realizaron más de un curso en 1997. Y de ellos, 4.146 asistieron supuestamente a cuatro o más cursos entre 1996 y 1997. El Tribunal de Cuentas exige al Gobierno que instaure un registro de subvenciones, ya que actualmente se desconoce cuánto dinero público se invierte en toda España en formación continua.

Una vez más se demuestra lo que la CNT venía denunciando hace muchos años, la financiación fraudulenta de los empresarios y los sindicatos oficiales por parte del gobierno para mantener sus superestructuras y sus asalariados. No les basta con lo que reciben de los presupuestos generales y elecciones sindicales, si no que engullen el dinero destinado a la formación de los trabajadores y de los parados sin ni si quiera pestañear. ¿Irá alguien a la cárcel por todo esto? Seguramente no, esperemos que al menos algún día reciban el desprecio de todos los trabajadores por sus actuaciones criminales.

Tras la privatización de Telefónica en 1997, la dirección de la compañía diseñó unos planes de remuneración para altos directivos mediante opciones de compra (stock options) de la operadora.

El plan de pociones RISE fue aprobado en febrero de 1997 por la Junta Genera de Accionistas y beneficiaba a los cien ejecutivos más importantes de las empresas, a quienes concedió, por tramos iguales y según el grado de responsabilidad, un número determinado de opciones de futuro sobre acciones de Telefónica S.A., la mitad de ellas al precio de cotización vigente y la otra al precio de cotización incrementado en un 50%.

En noviembre de 1999, las stock options de Telefónica ocuparon el debate político debido a lo abultado de su plusvalía, unos 491 millones de euros (81.000 millones de pesetas).

Además, Villalonga dimitió en julio de 2000 tras conocerse que operó con opciones de Telefónica con información privilegiada.

Durante su gestión, Villalonga creó una división de medios de comunicación tomando el control de Antena 3 TV y la cadena Onda Cero, entre otros. Alierta los mantiene agrupados en la filial Admira.