La detención de dos militantes independentistas catalanes el pasado jueves y la de un tercera persona el viernes por la mañana fue presentada policial y mediáticamente como el fruto de una operación policial directa contra los "apoyos catalanes del Comando Barcelona de ETA".

La detención de los tres militantes por un presunto delito de desordenes y daños contra dos cajeros automáticos en el barrio de Sants en diciembre pasado derivó en la filtración de la correspondencia que uno de los detenidos mantenía con presos políticos catalanes i vascos. Al margen del secreto sumarial decretado por el titular del Juzgado número 17 de Barcelona que autorizó las detenciones y dos registros del que fueron sustraídos dos ordenadores y numerosa documentación y material personal (como libros de la editorial Txalaparta ), la sustracción de la correspondencia personal copó los titulares de prensa y TV. En el profundo desconocimiento de la legalidad vigente, todos los medios invocaron esta correspondencia como elemento para delimitar un delito inexistente "contra la Ley Antiterrorista" que implicaría un delito de colaboración con banda armada, reproduciendo las tesis criminalizadores de organismos como Endavant o Rescat.

La mayoría de los media se lanzaron a la criminalización a través de las informaciones policiales facilitadas por Europa Press. Incluso TV3 utilizó los recursos habituales (imagen congelada del detenido con el anagrama de ETA en el fondo) para tratar la detención de Claudio Alejandro T., uno de los detenidos. Se da la circunstancia que la imagen utilizada correspondía a la represión que sacudió a la Universitat Autònoma de Barcelona el 14 de enero de 1999 durante la visita de José Maria Aznar. Tras la carga policial, que la mayoría social catalana no dudó en tildar de "franquista", el ministerio de Interior elaboró una lista negra de 10 estudiantes -sin antecedentes- que Mayor Oreja presentó en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados y que provocó aún mayor escándalo en Catalunya. En esa lista -que ahora TV3 parece recuperar– aparecía Claudio Alejandro. Cabe recordar que Mayor Oreja negó, con posterioridad, la existencia de esta lista negra que Margarita Robles -exsecretaria de Interior- no dudó en tildar de ilegal.

Libertad provisional

La criminalización contra el apoyo y la solidaridad con los represaliados políticos tuvo su punto y a parte en el transcurso de las declaraciones judiciales de los imputados. Ni el juez ni el ministerio fiscal se refirieron en ningún momento a la correspondencia intervenida y decretaron para las cuatro personas libertad provisional sin fianza con cargos por daños y desordenes. Respecto a la acusación policial que pretende imputarles un delito de incendios, el juez constató que los agentes policiales no lo habían documentado, por lo que lo calificó como delito "pendiente de acreditar".

Esta nueva operación policial la ha vuelto a desarrollar el Grupo 6 de la Brigada Provincial de Información. El Grupo 6 es un subgrupo creado en 1996 tras la llegada a la Jefatura Superior de Policía del comisario Francisco Arrebola y de García-Valdecasas a la Delegación del Gobierno. Integrado por 60 agentes y especializado en la represión contra los movimientos sociales, el Grupo 6 ha protagonizado los numerosos montajes policiales sucedidos desde 1996: desalojo del cine Princesa, 12 de octubre, desfile militar o cumbre de la UE.

La Delegada del Gobierno para Catalunya, Julia Garcia-Valdecasas, destacó también la importancia de las detenciones para que "estos grupos de independentistas violentos, de proetarras, sepan que sus salvajadas no van a quedar impunes, que tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia por sus hechos" y que "estas minorías fanáticas y violentas no tienen sitio en nuestra sociedad, por lo tanto no deben tener ningún tipo de compresión o amparo". El organismo antirepresivo ALERTA SOLIDÀRIA ha denunciado las detenciones, los ataques criminalizadores contra la izquierda independentista catalana y el maltrato físico y psíquico sufrido por los detenidos. Se da la circunstancia, que el padre del primer detenido había fallecido hacía tres días. En el momento de la detención, y tras inquirir los familiares porque lo detenían en un momento tan difícil, los agentes de paisano de la policía española le respondieron que lo hacían precisamente por eso.