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Recorta y pega

S.P. del Comité Nacional

La última reforma laboral (decretazo) era un escalón más que bajábamos en la liquidación de los derechos de los/as trabajadores/as, la desmovilización obrera, el intento de conseguir un mundo de individuos asalariados aislados entre sí y el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Todos y cada uno de los escalones los habíamos bajado, a empujones de los ministerios sindicales que dicen representarnos, solo que a cada empujón hacia abajo le llamaban "pacto".

Pero estamos en año de elecciones sindicales y en precampaña de elecciones municipales y autonómicas y por ello, cada parte pensó que vendería más con la postura que mantuvo ante el 20-J.

Andaban los ministerios sindicales convocando de manera obligada su testimonial manifestación del otoño, sin saber qué paso darían después, cuando aparece Zaplana con su varita mágica.

No tiene lógica la postura del gobierno, pues, según él, la huelga del 20 de junio fue un estrepitoso fracaso y, pasado el verano, cuando el anuncio de un otoño caliente era formulado con la boca pequeña y con infinita pereza por la aristocracia obrera, parecen aceptar la mayoría de las tesis sindicales.

Ya lo decíamos en julio: una huelga nos perjudica menos que la paz social. Es con la paz social cuando perdemos más derechos.

También decíamos: Seguramente veremos en los próximos meses que, si el coste de la negación de la huelga por parte de Rato para la sucesión de Aznar no compensa los beneficios económicos del decretazo, Aparicio, o sus sucesores tras la remodelación del Gobierno posterior a la boda de la "niña", llamará a los "buros" y éstos se sentarán a negociar.

Sólo nos equivocamos en que se anticipó a la boda la remodelación del gobierno, en un intento de frenar el desgaste producido por el inmovilismo gubernamental. También ha sido innecesario negociar con los ministerios sindicales: se ha dado el problema resuelto.

En todo el contexto de la huelga pasada, se quiso tomar por tonto al trabajador a base de represión, manipulación y poco empeño de las élites sindicales, pero la huelga fue seguida por la inmensa mayoría de los que podían hacerla y eso se traduce en votos de una y otra clase.

El Ministro de Trabajo es el títere del Ministro de Economía y sabe el Gobierno que el asunto económico es fundamental para la batalla del 2004 y que el desgaste por el enfrentamiento social hace más patente su imagen de derecha franquista intransigente.

¡Pobre PSOE! le hicieron un favor prestándole discurso político cuando no tenía ninguno y ahora se queda huérfano. El PP está se llevando la contienda electoral del sector laboral a los asuntos territoriales (País Vasco e Invasión de Irak) en los que el PSOE no puede discrepar mucho: Jaque Mate.

¿Pero en qué queda el decretazo? Según el anuncio del ministro:

- Parece que los fijos discontinuos recuperan el desempleo para los periodos de inactividad,

- "Oferta adecuada": Los trabajadores que vayan al paro tendrán un periodo de 100 días para buscar libremente un empleo, a partir de ese momento deben firmar el compromiso de actividad con el Servicio de Empleo (deberán aceptar una oferta de trabajo "adecuada"), y el organismo debería tener en cuenta la existencia de transporte público y que el carácter del contrato y su duración guarden relación con el último empleo del afectado, pero quien conoce bien el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, como mínimo, se sonríe ante esta garantía.

- Salarios de tramitación: Tras un despido probablemente improcedente, si el empresario deposita la indemnización en el juzgado en 48 horas, a la espera de sentencia, queda cerrado el contencioso. Si prefiere hacer ese depósito en el acto de conciliación pagará salario de tramitación durante ese periodo (unos 20 días). Si el empresario opta por ir a juicio y sale improcedente, pagará salario de tramitación durante todo el tiempo transcurrido, aunque sea más de dos meses. ¿A que sabemos cuál será su opción?

- Compatibilidad de rentas: La indemnización por despido no es incompatible con el derecho al subsidio de paro, salvo la cantidad que exceda del mínimo legal, pero éste es el caso de las reconversiones y el caso que afecta más a los trabajadores/as mayores de 45 años, por lo que, además de incrementar su renta y, por ello, ser atracados por Hacienda, pierden también el subsidio. Es conmovedor cómo se agradecen en este país los servicios prestados durante largo tiempo.

- Vacaciones no disfrutadas. Cuando acaba un contrato, el empresario debe remunerar al trabajador por las vacaciones pendientes y abonar cotizaciones para la pensión y el desempleo por ese tiempo, pero ¿quién controlará eso?

- Autónomos y minusválidos. Los trabajadores que quieran montar un negocio pueden cobrar el desempleo de una sola vez, con rebaja de cuotas por su primer contratado fijo (fiel al refrán: ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió). La sustitución de un trabajador de baja por un minusválido tendrá coste cero en cotizaciones a la Seguridad Social.

¿Dónde ha quedado la afirmación de Aznar de que los españoles no tenían por qué pagar a quienes no quisieran trabajar? Esa inquina se reduce en este momento al subsidio agrario que afecta 230.000 temporeros, pues con una mentalidad menos combativa de la población rural, no se teme tanto a las movilizaciones que ésta pueda provocar.

Tampoco se sabe qué ocurrirá con el subsidio para los mayores de 52 años que pasaba a ser recibido por aquellas empresas que les contratasen, en un capitalismo subsidiado por el Estado que facilita la explotación despiadada de los más desfavorecidos.

La retirada del decretazo no nos devuelve a la situación anterior, pues algunos de sus puntos se van a seguir aplicando: nadie va a devolver los descuentos de la huelga y a los trabajadores/as y desempleados a los que se les ha aplicado estos meses el decretazo, nadie les va a pagar sus salarios de tramitación, ni todo lo demás. Además, la imagen del trabajador-desempleado como un vago, un estafador y un perezoso tardará en desaparecer de las neuronas de los televidentes y radioyentes.

Y todo esto no nos tiene que hacer olvidar que no se ha dado marcha atrás en nada de lo dispuesto este año como el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva o la Reforma del IRPF, ni a anteriores inventos gloriosos de explotación como los famosos "contratos de inserción laboral".

Tampoco cesamos de advertir de que tenemos que estar atentos a la política fiscal del gobierno que es el otro filo del cuchillo con el que nos están atacando. Todo el mundo sabe que ha aumentado el bocado que Hacienda se lleva de los maltrechos ingresos de los trabajadores, vía IRPF y vía impuestos indirectos, que son los más injustos de todos.

Ahora se va a eliminar el Impuesto de Actividades Económicas y para que las arcas municipales no sufran, seguramente se va a ordenar un "catastrazo", es decir, un aumento espectacular de la contribución (IBI). Dicho de otro modo, además de que nuestra nómina es una autopista por la que entran y salen todos los que quieren llevarse algo, también vamos a cofinanciar a los comerciantes de nuestro pueblo, pobrecitos ellos, que defraudan todo lo que pueden (ellos sí pueden, el parado, no) a costa de nuestro privilegio de tener un techo bajo el cual vivir y a cuyo pago se destina el trabajo de seis meses al año, de media, pues el precio de la vivienda se ha incrementado un 69% desde 1999.

No se puede decir que los trabajadores españoles no estamos siendo los héroes de la convergencia europea: Tasa de ocupación más baja de Europa, tasa de siniestrabilidad más alta, tasa de temporalidad muy alta, salarios que descienden un 5% cada año, precios que han subido, por la entrada del euro un 23 % , privatización o degradación de los servicios públicos (ver las tarifas de Correos o el coste de lo supuestos colegios concertados), disminución de la cobertura de las becas, aumento del precio de la vivienda y descenso de la oferta de vivienda protegida, como consecuencia de las "recalificaciones" del terreno con ayuda municipal y la inestabilidad de la bolsa, .....y encima adoptamos una pobre imagen de nosotros mismos, pensando que nos administramos mal, que trabajamos poco y que si tenemos poca protección social es porque el país no se lo puede permitir, debido a que somos unos defraudadores empedernidos y porque los servicios privatizados son mejores que los públicos.

Como muestra de esta heroicidad, baste decir que a pesar de las difíciles condiciones para la adquisición de vivienda (no digamos de alquiler) el índice de morosos en los pagos hipotecarios es de los más bajos de Europa, muy por debajo de la morosidad empresarial: Pobres, pero honrados.

La lógica del decretazo se basaba en que, porque hay abusos, hay que controlar o limitar la libertad del conjunto y es la misma lógica empleada para aprobar la Ley que Regula los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI): Como hay pornografía infantil en la red, como hay anarquía en la red (en los dos sentidos), como hay terrorismo en la red, tenemos que regular el fenómeno más autogestionario en la comunicación desde hace tiempo, desde que se acotó el espacio radiofónico y el televisivo, pero que va más allá.

Dicen los expertos que no hay nada en la red que no haya en cualquier otro medio y que con la presente ley el problema es saber qué hay que hacer para estar dentro de ella, lo que nos llevaría, como en el caso de la Ley de Partidos, a esa tónica general de ambigüedad para que sea posible aplicarla con arbitrariedad contra los que molesten al sistema.

Haro Tecglen denomina a todo este enfoque el totalitarismo democrático, lo suscribimos y afirmamos: La mejor Ley de Internet es: ninguna. El mejor pacto social: ningunoArriba lucha antifascista

 

 

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