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Pero, más allá de este nuevo
ladrillo en el muro, el punto clave está en que lo prohibido consistiría en
contar las papeletas cuyo motivo de nulidad haya sido el haber "votado" a
AuB u otra candidatura señalada por el Supremo y confirmada por el
Constitucional.
Y ello como broche final a
una supuesta estrategia para que "ETA no se presente a las elecciones del 25
de mayo".
Ya no basta relacionar,
ampliara el entorno, conectar. La misma "táctica Videla" ha quedado
obsoleta. El discurso es de pura identificación. Y el argumento definitivo
es el comunicado de ETA: "si lo dice ETA ya no hay más que hablar" dice la
voz del gobierno en los micrófonos nocturnos de RNE. Pero lo que dice ETA es
que se vote autodeterminación. ¿Significa eso que todos los partidarios de
la autodeterminación pertenecen a Euskadi Ta Askatasuna? ¿Acaso nos hemos
vuelto locos? No, simplemente es una estrategia de Poder, una táctica de
represión, un recurso de criminalización. ¿Cuántos más? Nadie lo sabe.
Pero una cosa está clara: en el punto de mira de esta acción multiforme
están los colectivos sociales críticos de todo el Estado. En la medida en
que seamos capaces de integrar lo que sucede en un círculo mucho más amplio,
seremos capaces de articular una respuesta a la altura de la agresión. Como
titulaba dramáticamente Roberto Delgado en La Haine, "hoy se están
llevando a los vascos, pero no me importa porque yo no los soy".
Elites de poder en el centro
y en la periferia
Esta situación, unida a la
acuciante necesidad de crear o potenciar alternativas sociales que vayan más
allá del marco definido por las leyes del Mercado, confirman lo que Alfonso
Sastre ha denominado recientemente Estado de Alarma en Euskal Herria,
en el que los entresijos electorales sólo suponen un elemento más de una
compleja realidad en la que los problemas sociales parecen relegados por el
debate soberanista y el "terrorismo".
Sin embargo, el análisis del
campo de batalla electoral no deja de ser necesario en la medida en
que arroja luz sobre las relaciones de poder y desvela contradicciones en
comportamientos y discursos.
Basta comparar las
respectivas posiciones de PNV-EA-IU –y el espacio que merecen en Falsimedia-
ante el aspecto estrictamente electoral de la sentencia del Supremo sobre
AuB y el gravísimo problema de la tortura –que apunta a la base misma de la
perversión del discurso constitucionalista del gobierno español.
La oferta realizada por los
partidos nacionalistas e IU-EB para hacer el recuento de votos nulos –por lo
demás perfectamente innecesario, como se verá en el anexo- contrasta con la
vergonzosa decisión de presentar una enmienda a la totalidad a la propuesta
de adopción de medidas eficaces para la erradicación de la tortura
presentada el pasado 7 de mayo en el Parlamento de Gasteiz.
Es la clase de
comportamientos que aúnan profunda incoherencia moral y –como ya
inmejorablemente expresó Alizia Stürze- degradación "como individuos y como
colectivos" por el "apoyo implícito a ciertas prácticas y leyes" que se
enmarcan en lo que el "escalofriante" Los degolladores llamaba "zonas
de no-derecho", desarrolladas por los Estados cuyo monopolio de la violencia
se ve amenazado por grupos armados.
Se persiguen ideas
Admito que corro el riesgo de
ponerme pesado y pecar de incauto. Admito que esto está alcanzando cotas de
pesadilla difícilmente soportables incluso para los que contemplamos el
asunto desde fuera de Euskal Herria. Precisamente por ello voy a repetir
esquemáticamente algunos elementos que nos sirvan de orientación:
- El Tripartito –poder
legislativo, poder ejecutivo y poder judicial- logra "ilegalizar" a una
determinada formación política argumentando su relación con la organización
armada ETA y señalando que no persigue "ideologías, fines ni objetivos" sino
que "sanciona comportamientos";
- es de suponer que se
refiere a comportamientos de la organización misma ya que de tratarse de
conductas individuales hubiese echado mano del Código Penal;
- por lo tanto, las personas
que forman parte de esa organización cuyas conductas no han sido sancionadas
podrían en teoría constituir otra o integrarse en otra ya constituida;
- pero no es así, ya que se
ha llegado a decir que "una sola persona" que hubiese pertenecido a la
organización ilegalizada "contamina" las listas de las nuevas
organizaciones; lo cual entra en contradicción con lo anterior ya que se
deduciría que es el comportamiento de la persona y no el de la organización
el que ha sido "sancionado";
- pero es que además añade el
Tripartito que "si la persona se integra en una organización política
de las ya existentes" (pongamos por caso el PP) no habría problema (es de
suponer que esas organizaciones están inmunizadas contra la
"contaminación");
- y por otra parte es un
hecho constatable que no ha habido tiempo material ni ocasión alguna para
"sancionar comportamientos" de las organizaciones nuevas creadas
paralelamente a los procesos de ilegalización.
Esto nos lleva a dos
conclusiones que entiendo muy claras:
Se persigue a personas.
Se persiguen ideas.
Anexo sobre el recuento de
votos
En situaciones erráticas
parece indispensable señalar lo que en condiciones más o menos razonables
sería de sentido común. Así que vamos a ello en lo que se refiere a los
famosos recuentos.
Recuento de votos de las
candidaturas declaradas ilegales, en tres fases, de forma automática y sin
posibilidad de incurrir en delito electoral:
1. Recoger los porcentajes de
votos nulos correspondientes a cada mesa electoral vasca en los –digamos-
últimos cinco procesos electorales municipales. Es previsible que no existan
grandes desvíos de cifras y que se trate de cantidades mínimas. Puesto que
estos datos proceden de documentación pública, la operación no puede ser en
modo alguno delictiva.
2. Una vez completado el
proceso de recuento del día 25 de mayo, recoger los porcentajes de votos
nulos correspondientes a cada mesa electoral vasca. Tampoco esta operación
puede ser delictiva por cuanto se hace uso igualmente de documentación
pública.
3. Practicar una sencilla
operación de resta entre la media de los cinco porcentajes mencionados en la
primera fase y los porcentajes del día 25. La diferencia medirá hasta qué
punto se ha podido conculcar el derecho de sufragio de una cantidad
determinada de ciudadanos –naturalmente no con precisión, pero puesto que se
trata de extraer conclusiones políticas y no matemáticas, el margen de error
es irrelevante.
Jesús García Blanca |
