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Repsol, el estado argentino y el
pueblo mapuche
La
provincia del Neuquén, en el noroeste de la Patagonia, es una de las
áreas petroleras más importantes de Argentina. Si bien no son
despreciables las divisas generadas por el turismo, la actividad
hidrocarburífera domina la economía regional. La estadounidense Pioneer
Natural Resources, la británica British Petrolium y la argentina Pérez
Companc son algunas de las empresas que allí operan, aunque ninguna con
posibilidad de disputarle la hegemonía a la española Repsol/YPF.
La posición dominante de
ésta y su estrecha relación con las autoridades provinciales y
nacionales le permitieron en 2001, por ejemplo, prorrogar por 10 años la
concesión para explotar el yacimiento Loma de La Lata. Cabe aclarar que
la concesión inicial vencía en 2017 y que ese yacimiento, una de las
mayores reservas de gas de Sudamérica, es el centro de la lucha del
Pueblo Mapuche contra el Estado y las petroleras.
Loma de La Lata se
encuentra a 90 km. al noroeste de la ciudad de Neuquén, capital de la
provincia. Es una región árida, donde las mesetas cortan el horizonte y
la espinosa vegetación es azotada por el viento. Allí las comunidades
mapuche Kaxipayiñ y Paynemil practicaron su cultura durante décadas, tal
vez siglos, aunque desde la llegada del winka – el usurpador – se
transformaron en pequeños criadores de ganado.
En mayo de 1977
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por entonces perteneciente al
estado argentino, descubrió el yacimiento.
En 1993 la empresa fue
privatizada en el marco de las exigencias de la banca internacional y de
las políticas neoliberales aplicadas por el presidente Carlos Menem.
Desde entonces Repsol/YPF es el principal operador de la zona. Según lo
publicado en agosto de 2000 por la revista electrónica Un ojo en la
Repsol – de la Red Alerta Petrolera de Bolivia – "desde la compra de
YPF, Repsol tiene el 70% de sus reservas de petróleo en los yacimientos
de Argentina. De Loma de la Lata proviene la mitad de la producción y el
60% del gas".
Cristales Un cristal
muestra el potencial de Loma de la Lata, otro, la tierra arrasada. La
actividad de la empresa estatal, en sus principios, y de Repsol/YPF,
durante la última década, no sólo se tradujo en barriles de crudo,
también en la contaminación del suelo, aire y agua, además del impacto
socio-cultural sobre las comunidades mapuche. Hoy las 25 familias que
componen Kaxipayiñ y Paynemil deben convivir con los 65 pozos que
explotan en su territorio, los ductos y los mecheros de venteo de gas.
Los transitados caminos y picadas quebraron el alguna vez laborioso y
apacible ritmo de la vida comunitaria. El choike (avestruz), el
luan (camélido) y la mara (liebre patagónica) han
desaparecido, así como numerosas hierbas que constituyen el lawen,
la medicina ancestral.
Según la Evaluación de
Daño Cultural/Ambiental (EDA) realizada en 2001 por la empresa
Umweltschutz de Argentina, los restos de metales pesados halladas en la
zona investigada, son 700 veces más altos de lo permitido por la
legislación argentina.
En las oficinas En
octubre de 1995, la perforación para una bomba de agua en el puesto de
un poblador de la comunidad Paynemil reveló la contaminación por
condensados de gasolina de la napa freática. Las primeras inspecciones y
análisis realizados dieron lugar a una denuncia formal de la
contaminación y riesgos ante organismos oficiales, supuestamente de
contralor.
Ante las evidencias de
polución con metales pesados y otras sustancias tóxicas de las aguas
fluviales y subterráneas, muerte de animales de crianza, intoxicación en
los organismos de niños y adultos, las comunidades decidieron efectuarse
exámenes en centros especializados de Buenos Aires. En tanto el gobierno
neuquino resolvió realizar una investigación toxicológica, de la que
hasta la fecha se ignoran los resultados.
En 1997 el gobierno
provincial solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo la evaluación del impacto y daño ambiental producido por las
empresas petroleras. En el informe dado a conocer en 1998 se calcula
parcialmente los daños en el orden de los 925 millones de pesos o
dólares, según la paridad monetaria de la época.
Por su parte la
Defensoría de Menores de la provincia inició una causa civil al gobierno
demandando la provisión de agua potable a las familias mapuche. El fallo
favorable fue apelado por el ejecutivo provincial en tres instancias,
siendo confirmado en todas ellas. El incumplimiento de la sentencia
judicial firme originó en 1998 una queja ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, a raíz de la cual dicho organismo recorrió el
yacimiento en agosto pasado. Y los mapuche no descartan que en breve el
caso pueda ser elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el campo "Los medios
de comunicación han dado a conocer este conflicto como ‘Repsol versus
Pueblo Mapuche’, puntualiza Verónica Huilipán (VH), werken –
vocera – de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN), "pero el conflicto
real es del Estado con el Pueblo Mapuche. Repsol es una consecuencia de
la falta de reconocimiento de nuestros derechos. La grave contaminación
que sufrimos es consecuencia de la política aplicada por el gobierno del
Neuquén, que ha permitido que las multinacionales vengan y extraigan."
Huilipan hace una pausa y agrega: "En una etapa de la lucha con el
Estado hemos tenido que involucrar a la empresa en la discusión, que es
la que ha generado el daño más grave. Denunciamos a la empresa ante la
Justicia Federal por la contaminación, para que paren el proceso de
explotación en la forma en que se venía haciendo. Y a partir de ahí
empezamos a generar condiciones para la explotación petrolera dentro de
nuestro espacio territorial. Los avances que se han dado son bastante
importantes con relación a lo que ha sido la explotación de
hidrocarburos en territorios indígenas en América.
Hemos logrado que Repsol
reconozca una Comisión de Control y Vigilancia de la comunidad, que es
la que define si la empresa puede explotar o no su espacio territorial.
Y antes de que el lector
se entusiasme creyendo en mundos de quimeras, la werken aclara:
"Una cosa es la aceptación que la multinacional hace ante la Justicia y
otra es su accionar en el Territorio. Generalmente la empresa no pide
autorización y no logra las condiciones técnicas para hacer el trabajo,
entonces la Comisión de Control y Vigilancia paraliza ese trabajo. Y así
es como se conoce el conflicto: por la permanente paralización de tareas
y la permanente represión de las comunidades".
En el campo II El 3 junio
de 2001 las autoridades de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil y de la
Coordinadora de Organizaciones Mapuche - que nuclea a las 45 comunidades
rurales que integran la CMN y a la organización urbana Nehuén Mapu -, se
reunieron para analizar la conflictiva relación con la petrolera
española y el Estado. Allí acordaron que, en términos generales, al
Estado le demandarían el derecho al Territorio. Entendiendo que ello
implica el control y administración de su biodiversidad, el control
político a través de sus autoridades originarias, la aplicación de su
sistema de justicia o Nor Feleal y el respeto a su cosmovisión.
En relación con la
actividad petrolera, demandarían tanto la creación en Áreas Intangibles
o Zonas Libres de Petróleo como el cierre de pozos próximos a las
poblaciones. También exigían un nuevo rol de la Comisión de Control y
Vigilancia – "...la tarea de los hermanos designados no se reducirá a
las instrucciones de la empresa, sino que estará orientada a resguardar
la vida y cultura de la comunidad de la cual es miembro" – y nuevas
condiciones en los Convenios de Servidumbre –"...los convenios hasta
ahora aprobados no tienen las medidas necesarias para contemplar la
permanente violación por parte de la empresa a las condiciones
acordadas, profundizando el estado de amenaza en que nos encontramos"– .
El 19 de junio, pocos
días después de esa reunión, los mapuche bloquearon los accesos al
yacimiento y paralizaron totalmente las actividades, combinando la
acción directa con la acción jurídica.
Ante la falta de
respuestas el 30 de octubre, también de 2001, realizaron una acción
similar y fueron violentamente reprimidos por la policía provincial. En
esa oportunidad el lonko – autoridad política – de la comunidad
Kaxipayiñ, Gabriel Cherqui, afirmó: "Repsol/YPF no va a tener paz hasta
que no se siente a negociar y a arreglar las cosas con los mapuches". Y
destacó: "mientras podamos levantarnos como pueblo, no le vamos a hacer
fácil las cosas a Repsol ni al Estado".
El 12 de octubre, los
niños y adolescentes que integran la organización mapuche urbana Tayiñ
Rakizuam, habían sido reprimidos por la policía provincial cuando
intentaban hacer dibujos alusivos a la Declaración Internacional de los
Derechos del Niño en los paredones de la sede de Repsol/YPF, en la
ciudad de Neuquén.
Propuestas...
Una de las propuestas que
aparecen en el EDA es "la evacuación de las Comunidades Mapuches del
yacimiento y su relocalización en un área no contaminada y declarada
intangible para toda actividad económica que no sea previamente aprobada
por las comunidades".
VH: Es imposible aceptar
la relocalización de las comunidades para que la multinacional pueda
hacer su trabajo libremente. Sería darle la razón al Estado, que dice
que las petroleras tienen que venir a robarse todo, y cuanto más rápido
lo hagan y más desastre generen mejor. No vamos a permitir la
relocalización. Somos mapuche Paynemil y Kaxipayiñ, en ese espacio
territorial, si nos vamos dejamos de ser Kaxipayiñ y Paynemil.
Por la contaminación que
hay en la región permanecer allí es la muerte segura.
VH: Su salud ya está en
peligro, es más, su desarrollo productivo está truncado. Hoy no hay
desarrollo de vida en Paynemil y Kaxipayiñ. Está comprobado que estamos
dañados totalmente, el hermano menos contaminado tiene 17 metales
pesados diferentes en el organismo. Eso indica que la reproducción
humana en Paynemil y Kaxipayiñ está truncada.
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