Solicita que Dorado y Bayo vuelvan a prisión, basándose en que el Supremo se opone a su indulto en el "caso Lasa-Zabala".

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró hoy dos vistas para estudiar los recursos presentados por la acusación que ejerce la Asociación Contra la Tortura para solicitar el procesamiento por dos atentados cometidos en 1984 por el GAL en el sur de Francia del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, del ex director del CESID Emilio Alonso Manglano y del ex jefe de la Agrupación Operativa de este organismo Juan Alberto Perote.

La otra petición de la acusación que el tribunal estudió hoy consiste en que vuelvan a prisión los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, únicos procesados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el sumario abierto por los asesinatos de Angel Gurmindo Lizarraga y Vicente Perurena Tellechea, y de Christian Olazkoaga, cuyo hermano Claude resultó herido en el mismo atentado.

El abogado que ejerce la acusación en la causa, Teodoro Mota, solicitó el ingreso en prisión de Dorado y Bayo, quienes se encuentran en tercer grado, basándose en la gravedad de los crímenes que se les imputan, y en el reciente informe del Tribunal Supremo contrario a la concesión de un indulto para los condenados por el "caso Lasa-Zabala". En opinión del letrado, la decisión del alto tribunal incrementa el riesgo de fuga de Dorado y Bayo, por lo que se hace imprescindible que vuelvan a la cárcel. La prisión es la medida que se suele acordar para los implicados en casos de terrorismo (en este caso de estado).

Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira se opuso al ingreso en prisión de los dos procesados y recordó que siempre ha mantenido que la causa debía ser archivada por no haber indicios suficientes para procesar a ninguno de los imputados, ni siquiera a Bayo y Dorado. La defensa de los ex guardias civiles, ejercida por Jorge Argote, recordó el tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos y las condenas de sus clientes por otros atentados del GAL, para pedir el archivo de las actuaciones.

En lo que estuvieron de acuerdo acusación y defensa fue en que el auto de Garzón de febrero del año pasado, en el que procesó a Dorado y a Bayo y retiró la acusación que pesaba contra Galindo, Manglano, Perote, el ex jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil Andrés Cassinello, el sargento de la Benemérita Pedro Gómez Nieto y el agente José María Velázquez Soriano, es contradictorio (otro palo para Garzón).

Fuentes jurídicas indicaron que la acusación argumentó que en el auto de Garzón se afirma que Dorado y Bayo actuaron por orden de sus superiores, por lo que éstos deberían haber sido procesados y no exculpados. La defensa también considera que la resolución es contradictoria, porque si no hay indicios suficientes para culpar a las personas que tenían puestos de responsabilidad se debería haber seguido el mismo criterio con los subordinados, y haber exculpado a Dorado y a Bayo.

AUTO DE GARZÓN.

El juez Garzón procesó a Dorado y a Bayo por tres asesinatos terroristas y uno en grado de tentativa, así como por pertenencia a banda armada. En el auto, que archivaba por falta de autor conocido el asesinato de Ramón Oñaederra Vergara, cometido el 19 de diciembre de 1983, en el bar "Chez Kayet" de Bayona (Francia), se afirmaba que el 8 de febrero de 1984 Dorado y Bayo se desplazaron a Hendaya, donde tirotearon, siguiendo órdenes superiores, a Angel Gurmindo Lizarraga y Vicente Perurena Tellechea, quienes murieron en el acto. En la huida, Dorado perdió una "lenteja" (auricular de transmisiones).

El 18 de noviembre de ese mismo año, los dos guardias civiles volvieron a Francia, en esta ocasión a Biriatou, donde dispararon contra los hermanos Christian y Claude Olazkoaga, cuando éstos dejaron aparcado su coche para dirigirse a un baile próximo. Christian murió, pero Claude, que recibió un tiro en la pierna, consiguió identificar a Bayo. Una de las pistolas utilizadas en el crimen también había sido usada en el primer atentado.