Autoridad militar estadounidense 
    Dados los temores de la hostilidad árabe que sin duda 
    generará la reinstauración de un poder colonial en el espacio árabe, los 
    asesores de seguridad estadounidenses han previsto tamizarlo mediante la 
    instauración de una administración híbrida combinada por un comandante del 
    Ejército de EEUU, encargado de las cuestiones de seguridad, y por algún tipo 
    de administrador civil "designado por NNUU", cuyas atribuciones serán 
    "dirigir la economía del país, [...] reconstruir sus escuelas y sus 
    instituciones políticas [...] y administrar los programas de ayuda 
    [humanitaria]. El documento no explicita si el administrador civil será 
    estadounidense o si será dependiente de NNUU. En cualquier caso, se asume 
    -como ya se anunció el pasado octubre- que durante el primer año y medio 
    tras la ocupación de Iraq, el mando militar estadounidense ostentará "una 
    autoridad incuestionable". 
    Frente a las especulaciones acerca de la incorporación de 
    un eventual gobierno de transición con presencia de los grupos opositores 
    del exterior financiados por Washington, y contrariamente a lo que muchos de 
    estos grupos pretendían, el documento concluye que EEUU "no instalará 
    abiertamente un gobierno provisional ni designará a sus líderes". Esta 
    decisión es el resultado de las divisiones internas que se han creado desde 
    los últimos años en las propias esferas políticas y militares de la 
    Administración Bush en relación con los numerosos pero fragmentados grupos 
    iraquíes de oposición. Siguiendo la línea marcada por la intervención en 
    Afganistán, el vicepresidente Dick Cheney, el Pentágono y, a su cabeza, el 
    secretario de Defensa Donald Rumself han mantenido hasta ahora una línea de 
    apoyo a la creación de un gobierno provisional con elementos de la oposición 
    iraquí (preferentemente del Congreso Nacional Iraquí antes de que se 
    produjera la caída de Bagdad y sujeto a la autoridad militar estadounidense 
    durante un periodo inicial, aunque con previsión de evacuar las tropas 
    estadounidenses a corto plazo y mantener su tutela política. 
    Frente a esta línea, el Departamento de Estado y la CIA 
    han modificado su respaldo a la creación de un gobierno de transición con 
    opositores venidos del extranjero debido a la dificultad de organizarlos: a 
    pesar de las múltiples reuniones, conferencias e inversión económica que 
    lleva haciendo EEUU desde 1991 para lograr organizar a la oposición iraquí 
    en el exilio como interlocución política alternativa al gobierno de Bagdad 
    que legitime su intervención en el país, la multiplicidad de intereses 
    diversos que mueven a dichos grupos, las críticas que les acusan de 
    malversar los fondos destinados a su organización para fines personales, y,  
    muy  particularmente, la carencia de  legitimidad interna,
     han determinado un cambio en la táctica del 
    Departamento de Estado y de la CIA. Desde hace solo muy pocas semanas, estas 
    instancias estadounidenses habrían empezado a proponer la creación de una 
    "agencia civil internacional [...] asesorada por iraquíes y protegida por 
    fuerzas de paz aliadas, para que gobernase la nación hasta que los iraquíes 
    eligieran un gobierno local, crearan una constitución y eventualmente, 
    seleccionaran una legislatura nacional, siguiendo el modelo de la posguerra 
    en Afganistán". 
    La Casa Blanca, por su parte, ha optado por considerar la 
    opción de un futuro gobierno iraquí compuesto de iraquíes del exterior y del 
    interior de Iraq, una vez que la administración militar lleve a cabo en un 
    plazo mínimo de 18 meses la remodelación del país a la medida que 
    corresponde a los intereses de EEUU. 
    La gestión del petróleo iraquí 
    Proclamando cínicamente que el petróleo iraquí seguirá 
    siendo "patrimonio del pueblo de Iraq", la Administración Bush hace algunas 
    consideraciones previas sobre cómo evitar los daños a los campos de petróleo 
    y a las instalaciones de la industria del crudo iraquíes durante la ofensiva 
    bélica contra el país, y planea utilizar los dispositivos militares y las 
    tropas oportunas para defenderlos de una supuesta "amenaza de destrucción" 
    por parte de las propias fuerzas iraquíes, "en un intento de que parezca que 
    la destrucción ha sido obra de las fuerzas estadounidenses". 
    Vinculando embargo, guerra, destrucción y reconstrucción 
    de Iraq, el proyecto de la Administración Bush para Iraq prevé una rápida 
    toma del control y gestión del petróleo iraquí para "pagar la 
    reconstrucción" derivada del desastre de la guerra y de 12 años de sanciones 
    provocados por quienes pretenden reconstruirlo. Asimismo, la Administración 
    Bush es concluyente al afirmar que el programa "petróleo por alimentos" de 
    NNUU (por el que desde 1996 se permite a Iraq vender su petróleo para 
    adquirir alimentos y algunas medicinas) "deberá ser modificado de manera 
    inmediata para que los ingresos puedan ser utilizados más ampliamente en el 
    país". 
    Igualmente, el documento deja constancia de que los 
    asesores del Departamento de Estado están todavía evaluando "si un Iraq 
    ocupado tendrá representación en la Organización de Países Exportadores de 
    Petróleo (OPEP) y en quién recaerá esa representación". Ante la previsión de 
    que los otros miembros de la OPEP puedan acusar a EEUU de bombear más 
    petróleo iraquí que el permitido por las cuotas establecidas por la 
    organización, responsables de Washington han indicado que la Administración 
    Bush "está ya barajando estrategias para hacer frente a esos temores". 
    Derrocamiento y juicios militares 
    El documento filtrado revela igualmente que tras la 
    ocupación del país los más altos cargos del régimen iraquí serán sometidos a 
    juicio militar (probablemente acusados de Crímenes de Guerra), en tanto que 
    a aquellos que hayan ocupado cargos pero que colaboren para el derrocamiento 
    del gobierno "se les concederá indulgencia". 
    Esta estrategia de crear "máxima presión" ante la 
    dirección iraquí, el ejército y, particularmente, entre los científicos 
    iraquíes supuestamente vinculados con la industria militar iraquí, viene 
    siendo aplicada desde el pasado octubre directamente por el propio 
    presidente Bush quien ha reiterado públicamente que una respuesta militar 
    por parte de Iraq con armamento de destrucción masiva significará la 
    acusación y enjuiciamiento de los generales iraquíes como criminales de 
    guerra. Combinando esta advertencia con el llamamiento a desertar y a no 
    oponer resistencia a la invasión de EEUU, los aviones estadounidenses y 
    británicos que patrullan ilegalmente las denominadas "zonas de exclusión 
    aérea" al norte y sur de Iraq, vienen lanzando masivamente desde el aire, al 
    menos desde las dos últimas semanas, folletos escritos en árabe dirigidos a 
    la población y a las fuerzas militares iraquíes. 
    Igualmente, en el marco de las inspecciones de armamento 
    llevadas a cabo por el equipo de NNUU, EEUU ha reiterado públicamente que 
    aquellos oficiales del ejército iraquí y personal civil investigador y 
    científico implicado en la industria militar nacional que ofrezcan 
    información sobre armamento de destrucción masiva, "podrán ganar alguna 
    redención". La exigencia de EEUU de que las entrevistas que los inspectores 
    tiene que hacer a los científicos iraquíes deben realizarse fuera de Iraq, y 
    la extensión de los permisos de salida a todas sus familias, forma parte, 
    igualmente, de esta estrategia de persuasión para que la inteligencia nacional iraquí abandone el país.
 
    la inteligencia nacional iraquí abandone el país. 
    La CIA y otras agencias estadounidenses ya han preparado 
    listados con nombres de altos cargos del aparato militar y de la seguridad 
    iraquíes susceptibles de ser enjuiciados como criminales de guerra. Por su 
    parte, el Departamento de Estado ha creado un grupo de trabajo para 
    articular y poner en marcha tras la ocupación militar de Iraq un proceso 
    denominado "verdad y reconciliación" que, siguiendo el modelo del aplicado 
    en su día en Sudáfrica, "podría someter a los acusados de violar derechos 
    humanos a la vergüenza pública sin castigarlos necesariamente". 
    En cuanto a las instituciones vigentes en Iraq, el plan 
    de administración prevé que aquellas "identificadas como próximas al régimen 
    de Sadam [Husein], como los tribunales revolucionarios [sic] o la 
    organización de la seguridad especial, serán eliminadas, si bien la mayor 
    parte de las instituciones serán reformadas y mantenidas". 
    
    CSCA
    Extraído de acp sindominio