Pues bien, sintéticamente, El Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) es una de las normas que emite la OMC (Organización Mundial del Comercio) y que vincula a los estados miembros, en este caso los de la UE, para la liberalización de todos los servicios públicos, excepto Bancos Centrales, Justicia, Policía y Defensa Nacional. Hay algunas excepciones, pero todo lo que pueda ser objeto de mercado y de competencia, entrará de lleno en la privatización. Esto significa, en primer lugar invasión de las multinacionales, que contarán con una infraestructura "pública", desde pantanos a cloacas, desde redes eléctricas a centrales de energía, desde colegios (edificios) hasta hospitales (edificios y estructura), para explotarlo privadamente, sin limitaciones medioambientales, jurídicas, fiscales etc. Su única limitación, respetar la competencia y la oferta y la demanda. En segundo lugar, poder importar mano de obra de cualquier lugar del mundo, con las condiciones que marque el servicio, no el Estado, precariedad, despido libre, contratos temporales, condiciones diferentes de los trabajadores del país, con lo que generará baja de salarios y deterioro de derechos laborales y sindicales.

Pero, además, hay una serie de características: cláusula de nación favorecida, entre otras, que obligatoriamente favorecen al poderoso y a la poderosa multinacional. Prueba de todo ello es el secretismo que se ha mantenido en todo el proceso previo. El Sr. Pascal Lamy y el comité 133, lo justifican en bien de la soberanía que los países tienen para elegir su comercio. ¿Y los ciudadanos? ¿No tienen soberanía? Habíamos leído en alguna constitución que la soberanía residía en el pueblo. ¿Es que esto ha cambiado y son los criterios de la OMC los que rigen ahora?.

Solo nos queda la contestación masiva a estas normas de la globalización neoliberal que destrozan derechos de los ciudadanos que tanta sangre y tanta historia han costado. Volver al Ancien Régime, antes de la República Francesa, es de chiste, sino fuera tan trágico. Y da la casualidad, que esto va a coincidir, (no creemos en estas casualidades)con una guerra anunciada o dos, para que quede todo solapado y entrar con una votación parlamentaria en la UE, por la puerta de atrás y sigilosamente, atentando contra todos los ciudadanos que mantenemos que libertad, igualdad y fraternidad, son valores que no debemos perder.

Volver a los apagones (Electricidad en California), no depurar las aguas (Buenos Aires en Argentina), por no citar escándalos como Enron, Unión Carbide en Bhopal, India, o más cercanos, Sintel en Madrid, la privatización de hospitales como IDC en la clínica de la concepción, todo el SEPI desmantelado por Ruiz Jarabo, que en vez de velar como responsable, sigue la política neoliberal del PP, y ya sólo le queda desmantelar Iberia y TVE. Esta semana se desprendió de Transmediterránea.

Tenemos que denunciar a estos desalmados, que cuando dejan la política, se convierten en consejeros de las empresas que privatizaron. Los casos Villalonga y Alierta, la connivencia en Gescartera y el BBVA, con los paraísos fiscales y personajes políticos implicados, es adónde nos conduce perder la parcela del Derecho público y entrar en el derecho privado, que no vigila, porque no es su función, los intereses generales.

No perdamos la ocasión. Difundamos estos acuerdos. Que se conozca la trampa que quieren hacer. Lo mismo que en Seattle en 1999, paremos a la OMC en su capitalismo neoliberal devastador.

Lo mismo que en 1998 con la OCDE se paró el AMI, gracias a la resistencia global ciudadana.

Este Llamamiento a los ciudadanos, a los sindicatos, a las fuerzas de izquierda, a las ONG'S, es un grito desesperado.

Tenemos que luchar por OTRO MUNDO POSIBLE y rápido porque se nos acaba el tiempo. Antes de marzo de 2003. La ocasión es histórica.