Por una parte, el Ejecutivo ratificó su disposición a echar mano de los uniformados contra un bloqueo de carreteras anunciado por los cultivadores de coca de la región central.

El líder de esos labriegos y del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, intentó a su vez reunirse con la cúpula castrense para pedirle, según dijo, que se abstuviere de reprimir la anunciada protesta y en cambio se sumara a las demandas populares contra el ALCA y contra un proyecto de exportar gas por las costas de Chile.

Según el dirigente opositor, tenía pactada una cita con el jefe del Ejército, general Juan Veliz, pero éste fue obligado a cancelarla por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien acusó por ello de conducta autoritaria y prepotente, que, según dijo, propicia el enfrentamiento social.

Véliz, en breves declaraciones a la televisión local, negó haber concertado el encuentro, mientras el ministro de Defensa, Freddy Teodovic, consultado al respecto, señaló que no habrá tal reunión y dijo que las Fuerzas Armadas no deliberan por mandato constitucional y responden a la autoridad del Jefe de Estado.

Morales declaró que quiere exponer a Véliz y los miembros del alto mando militar los motivos de la protesta a iniciarse el lunes y la necesidad de que los uniformados respalden las demandas populares y nacionales que, según afirmó, enarbolan los cocaleros y las organizaciones que los apoyan.

Aseveró, además, que, si la cúpula de las Fuerzas Armadas no asume esa posición, lo harán los militares de bajo rango, de quienes aseguró haber recibido expresiones de apoyo.

De otro lado, el ministro Teodovic informó de haberse reunido con los altos mandos castrenses y su colega de Gobierno (Interior), Alberto Gasser, y atacó el bloqueo vial y dijo que, si los cocaleros le declaran la guerra al Ejecutivo, se la declaran al pueblo.

Tras sostener que el cierre de caminos es ilegal, adelantó que la Policía y el Ejército reprimirán la medida y sostuvo que la protesta pretende establecer el libre cultivo de hoja de coca, cuya erradicación rechazan los cocaleros, con el argumento de que la cultivan con fines lícitos de subsistencia.

El Gobierno plantea por su parte un estudio sobre la demanda de coca con fines legales, para establecer la extensión permisible de cocales y posteriormente analizar la posible interrupción de la erradicación, pausa que los campesinos dicen debe establecerse mientras se realiza la evaluación.

Otro impasse está referido a la posibilidad de un diálogo de distensión, pues Morales demanda que sea global, sobre todas las demandas sociales, y el Ejecutivo quiere mantener conversaciones con cada sector sobre su problema específico.