Desde mediados de los años 90 los grupos paramilitares y la guerrilla se disputan la presencia territorial en varias regiones del país consideradas estratégicas como son la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Arauca, Urabá, Córdoba, Magdalena Medio y Putumayo, donde se han presentado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Nuevas zonas de confrontación se presentan en el Eje Cafetero (Norte del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas y el Sur de Antioquia) Caquetá, Meta y Guaviare, igualmente se incrementan las acciones armadas en Cundinamarca. Según los datos del Ministerio de Defensa Nacional, son aproximadamente 32.000 los miembros de las organizaciones subversivas y los miembros de las paramilitares que operan actualmente en el país; 16.980 pertenecen a las FARC, 4.065 al ELN y 10.520 a los grupos paramilitares.

Algunas estadísticas muestran la gravedad del conflicto armado en Colombia: el Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, señala que durante el 2001 se presentaron "633 masacres, con 3.043 víctimas (...) y fueron desaparecidas forzosamente 735 personas" . Se informa que entre 1992 y 2001 fueron secuestradas 20.726 personas, de las cuales el 53% se presume autoría de la guerrilla y el 44% de la delincuencia común . De igual manera, son los grupos paramilitares son los presuntos autores del mayor número de homicidios políticos con el 77% en el año 2001 . Incluso el Ministerio de Defensa señala en su Informe que durante el 2001, tanto los grupos subversivos como los paramilitares cometieron masacres. El 64.1% (281) de las víctimas murieron en 42 de estos actos violentos ejecutados por los paramilitares mientras que el 35.9% cayeron en 25 realizados por la subversión Según los datos presentados por Amnistía Internacional "Las estadísticas de tan sólo el 2001 son alarmantes: (....) más de 300 personas han "desaparecido", más de 4.000 civiles han muerto, la mayoría de ellos a manos de paramilitares respaldados por el ejército, decenas de miles de personas se han visto desplazadas, y más de 1.700 han sido secuestradas principalmente por grupos de la guerrilla. La información preliminar que ha recabado AI indica que la situación de los derechos humanos se está deteriorando en el 2002" más de 60.000 personas han sido víctimas del conflicto armado colombiano desde 1985. En la actualidad, según el mismo Informe, hay un promedio de 20 muertes por día.

De acuerdo con las cifras registradas por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, se nota un incremento considerable en las acciones militares de las FARC durante el año 2001, sin embargo: "Las acciones propias de la confrontación, como los contactos armados que parten de la iniciativa de las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones al margen de la Ley se incrementaron de manera notable y en 2001 superaron en número a las acciones que parten de la iniciativa de cada uno de los grupos armados ilegales" . Podemos concluir de estos informes, que en el año 2001 y parte del 2002, mientras se desarrollaba una estrategia de diálogo entre el Gobierno Nacional y las FARC, se incrementaron considerablemente las acciones militares de los supuestos dialogantes, especialmente en los momentos de mayor crisis del proceso de dialogo, lo que constata la poca seriedad de las partes en la búsqueda de una salida política y negociada al conflicto social y armado que vive el país.

Sin Embargo, debe registrarse como un hecho importante del año 2001, fruto de los diálogos Gobierno–FARC, la liberación de 373 militares y combatientes privados de la libertad por ambas partes. Este hecho puede ser considerado el acumulado humanitario más importante del proceso de dialogo entre el Gobierno y las FARC. Igualmente son de destacar los logros humanitarios con el ELN, como la entrega de policías, soldados y civiles secuestrados. Las aproximaciones entre el Gobierno de Andrés Pastrana y el Ejercito de Liberación Nacional – ELN – tuvieron varios momentos: Conversaciones en Caracas; Encuentro en Ginebra, Suiza; Conversaciones en la Habana, Cuba; Firma del primer Acuerdo para la Zona de Encuentro; Ruptura del proceso; Seminarios en Estocolmo, Suecia y Ginebra, Suiza; nuevas conversaciones en la Habana, Cuba; Firma del Acuerdo por Colombia; Cumbre de Paz; Agenda de Transición y ruptura definitiva .

El Presidente Uribe Vélez ha declarado el Estado de Conmoción Interior y a su amparo emitió una serie de Decretos que le permiten al Gobierno ejecutar estrategias excepcionales de "seguridad democrática", entre otros medios, creando las Zonas de Rehabilitación y Consolidación; inicialmente en municipios de los departamentos de Sucre, Arauca y Bolívar. Igualmente puso en marcha el impuesto para la "Seguridad Democrática". Estas estrategias buscan aumentar la capacidad operacional de la Fuerza Pública en las regiones consideradas de alto riesgo y aumentar las finanzas que garanticen la continuidad de estas acciones. Ya se han escuchado las denuncias de las organizaciones de derechos humanos sobre los abusos y violaciones a los derechos y libertades de los habitantes de esas regiones donde se implementa dichas políticas.

Una reciente investigación concluye que la percepción de las acciones de los grupos armados ilegales son interpretadas por la mayoría de los medios de comunicación como acciones terroristas, y que las posibilidades de la negociación política, en la opinión pública en general, son vistas como una debilidad del Estado frente a estos grupos. Esta tendencia de los medios de comunicación hace más difícil la búsqueda de salidas políticas negociadas y han generado una opinión pública convencida que la única salida a la actual situación es la guerra total, como la planteada por el presidente Uribe.

La posibilidad del Canje Humanitario, impulsado por diversos sectores de la sociedad civil colombiana y el Congreso de la República; los llamados diálogos regionales, realizados con la autorización expresa del Gobierno Nacional; la solicitud de "buenos oficios" o "mediación" realizada por el Presidente Uribe Vélez a las Naciones Unidas; los acercamientos exploratorias del Gobierno con los jefes paramilitares para iniciar un proceso de paz, en fin, todas estas expectativas representan un horizonte muy difuso que no permite ver el camino hacia la paz.

Como si fuera poco, el Gobierno Nacional ha decretado un aumento del salario mínimo del 7.1% en un acto de profundo cinismo, que traerá como consecuencia el aumento en la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores del país. Las políticas descaradamente neoliberales impulsadas sin ninguna consideración por el Gobierno del presidente Uribe prevé despedir a 20.000 trabajadores estatales y congelar los salarios de los que tengan la "suerte" de no ser despedidos.

Los líderes de organizaciones sociales y sindicales siguen siendo asesinados, amenazados, desplazados o exiliados, tanto por las organizaciones insurgentes como por los grupos paramilitares que en su desenfreno guerrerita han tomado a la población civil como principal blanco de sus acciones. Solamente entre junio del 2001 y Diciembre del 2002 han sido asesinados 194 lideres sindicales. Las políticas de "seguridad Democrática" impulsadas por el actual gobierno han entregado amplias zonas del país a la acción desenfrenada de las fuerzas armadas, creándoles un status especial que es la más grave evidencia de la impunidad respecto a las acciones denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los crímenes cometidos por la fuerza pública. Los allanamientos contra las sedes de las organizaciones de derechos humanos y de paz , organizaciones sociales y sindicales se ha incrementado en estos meses de la "Era Uribe". Se ha detenido a miembros de estas organizaciones acusándolos de ser auxiliares de los grupos insurgentes.

Uribe pretende acabar con cualquier tipo de oposición, en este sentido, decenas de líderes sociales, incluso miembros del colectivo de Amigos de la AIT han recibido amenazas telefónicas en su casas y lugares de trabajo y han denunciado que están siendo objeto de seguimientos. Este panorama hace prever que decenas de líderes de organizaciones sociales serán asesinados o llevados al exilio.

El panorama económico es un más alarmante, la nueva reforma fiscal aprobada por el Congreso en diciembre del 2002 incrementa de manera incomprensible la carga fiscal, especialmente a trabajadores y pequeños empresarios, crea el IVA (Impuesto de Valor Agregado) del 7% a productos básicos de la canasta familiar, los combustibles han sufrido alzas mensuales, los costos de los servicios públicos se han incrementado hasta el 30% afectado a los estratos de la población más pobre, el transporte aumento el 15% y se consolida el proceso de monopolio del transporte por parte delas empresas privadas, especialmente en Bogotá, con la ampliación del llamado Sistema Transmilenio que consiste en privatizar las principales vías públicas para el desplazamiento exclusivo de los vehículos de una compañía privada, los beneficios se quedan el las arcas de la empresa, pero los impuestos de los ciudadanos son los que pagan el mantenimiento y los costos de la red vial para que el Sistema funcione.

Muchos estudios muestran también los altos costos económicos de la guerra, el impacto se calcula en el 10% y el 15% del Producto Interno Bruto – PIB – anual si no hay proceso de negociación política y en $4.0% anual se inicia en la actual administración un proceso de negociación y se llega a unos acuerdos paz antes del 2005 Los nuevos impuestos de la "Era Uribe" van destinados a la guerra, más de 800 millones de dólares han sido donados en el año 2002 por el gobierno estadounidense para adelantar su propia guerra en territorio colombiano. Un helicóptero Black Hawk cuesta 3 millones de dólares, es decir, 9000 millones de pesos colombianos, el Gobierno ha comprado 12 de estos aparatos, solo con este dinero, sin contar los otros gastos militares, se podría dar solución definitiva a los más de 3 millones de personas desplazadas por la violencia que deambulan por el país.

Mas del 40% del presupuesto nacional se destina al pago del servicio de la deuda externa en detrimento del dinero que debe ser destinado a educación, salud, deporte, empleo, vivienda etc. El 62% de los 46 millones de colombianos viven en la pobreza y unos seis millones se debaten entre la miseria y la indigencia.

Los Amigos de la AIT–Colombia hemos impulsado desde hace años la Campaña Colombiana Contra los Gastos Militares "Desarma tus Impuestos y Hagamos Cuentas", logrando en este año crear un plataforma amplia de organizaciones sociales que estamos promoviendo el no pago de impuestos destinado a fines bélicos, el siguiente es el texto de la Declaración de adhesión que lanzaremos a nivel nacional el próximo 7 de febrero de 2003: Declaración de Adhesión Campaña Colombiana Para la Objeción Fiscal a los Gastos Militares "Desarma tus Impuestos y Hagamos Cuentas" Las organizaciones sociales abajo firmantes; Recordando que muchas de las causas estructurales del conflicto social y armado que vive el país tienen que ver con la pobreza, la exclusión, las grandes asimetrías sociales, la desigual e injusta distribución del ingreso, la tenencia de la tierra en pocas manos y la falta de democracia, Conscientes que el conflicto social y armado, que vive Colombia desde hace más de 4 décadas, ha dejado como consecuencia el desarraigo y desplazamiento de más de tres millones de compatriotas, que representan el 7% de la población colombiana y para las cuales el gobierno colombiano invierte menos del 0.1% al año del presupuesto nacional, Sensibles al dolor de las millones de victimas que ha generado la guerra, la muerte, la desaparición forzada, el secuestro, las amenazas, los ataques indiscriminados contra miles de compatriotas cada año a causa de la guerra y la escasas políticas públicas, Recordando que los informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertan sobre la escalda del conflicto armado y las trágicas consecuencias que conlleva esta situación para la población civil, Afirmando que la única solución al conflicto social y armado que vive nuestro país es la búsqueda de salidas políticas y negociadas y la urgente necesidad de retomar los procesos de paz, suspendidos durante el gobierno de Andrés Pastrana, Rechazando la drástica reducción, por parte del actual gobierno de los recursos destinados para educación, salud, recreación, atención a la población desplazada, programas de atención a las víctimas de la guerra, programas dedicados a la infancia y los adultos mayores, etc. Y que a cambio, se aumenten geométricamente los gastos destinados a la guerra, Reiterando el rechazo al secuestro, boleteo, los ataques indiscriminados contra la población civil, la desaparición y el desplazamiento forzado de personas, los asesinatos de líderes sociales y trabajadores de derechos humanos y cualquier otro medio que los actores armados legales e ilegales utilicen para financiar esta guerra.

Advirtiendo las nefastas consecuencias de la industria y la economía del narcotráfico como fuente de recursos ilegales para los diferentes actores armados, Conscientes de la necesidad que tiene nuestro país de la cooperación internacional y la ayuda solidaria de gobiernos y organizaciones del mundo, solicitamos que esta ayuda este destinada a proyectos sociales y no a incrementar la guerra, Reafirmando el sentido de autonomía de la población civil colombiana y en consecuencia, el rechazo a cualquier forma de tutelaje de alguno de los grupos armados para que asuma la defensa de nuestros legítimos intereses, Recuperando la decisión inequívoca y soberana de mas de 10 millones de colombianos y colombianas que votamos en favor del Mandato Ciudadano por la Paz y destacando el concepto realizado por la Corte Constitucional donde afirma el carácter vinculante, para el Gobierno Nacional, de esta decisión, es decir, que sus acciones deben estar encaminados al logro de cada uno de los puntos del Mandato, Consecuentes con el Art. 18 de la Constitución Política de Colombia que proclama: "Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia".

Recordando que la Objeción Fiscal a los Gastos Militares es una modalidad de la Objeción de Conciencia, un acto de desobediencia civil y una acción no violenta utilizada por las personas cuando sienten que el estado les obliga a actuar contra su conciencia en el momento de pagar impuestos que van destinados para la guerra.

Afirmando que la Objeción Fiscal a los Gastos Militares no es un acto de evasión fiscal ya que el dinero descontado del pago de los impuestos se destina a un proyecto o acción social a favor de sectores o personas desfavorecidas o victimas de la guerra.

Declaramos que:

1. Hemos decidido no apoyar moral, espiritual, física ni económicamente a ninguno de los grupos armados tanto legales como ilegales, que de manera ciega, continúan empeñados en esta guerra, porque participar de alguna manera en la guerra atenta contra nuestras conciencias.

2. Pagaremos condicionadamente nuestros impuestos y todas nuestras obligaciones fiscales durante los años 2003 y 2004.

3. La condición es que nuestro dinero no sea gastado en la compra de armas, el financiamiento de la guerra o en gastos de Defensa.

4. Si el Estado no toma en cuenta nuestra solicitud, en el año 2004 descontaremos del pago de nuestras obligaciones fiscales y tributarias el porcentaje de estos recursos que el estado gasta en la guerra.

5. Ese dinero que descontamos del pago de nuestros impuestos lo invertiremos el un proyecto o acción social, creando el Fondo Nacional de la Objeción Fiscal a los Gastos Militares.

6. En el momento de pagar nuestros impuestos anexaremos todas las facturas y soportes correspondientes para que se pueda verificar el proyecto social que hemos decidido apoyar y este dinero debe corresponder al porcentaje descontado del valor total de mis obligaciones fiscales y tributarias.