El informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía española indica que los dos «peticionarios» de la manifestación están «vinculados al proyecto de ETA-Ekin-Joxemi Zumalabe». La UCI añade que «como portavoces de esta iniciativa han comparecido» Xabier Amuriza y Amparo Lasheras, «promotores el primero del partido político Euskal Herritarrok e integrante la segunda de la comi sión dinamizadora del proceso Batasuna, que produjo el tránsito desde Herri Batasuna-Euskal Herritarrok hacia Batasuna».

Para Garzón, esos datos acreditan «que no se trata de una manifestación para discrepar o criticar las resoluciones judiciales, ni para protestar por la falta de libertad de expresión, reunión y manifestación, o con cualquier actividad lícita, sino que se trata de una clara actividad orgánica de la organización terrorista, a través o con la cobertura de otras personas físicas aquiescentes vinculadas a la propia estructura investigada».

Horas antes de esta nueva resolución de Garzón, Amnistía Internacional expresó su temor a que la resolución judicial del 2 de septiembre -que prohibía los actos de Batasuna y «las personas de su entorno»- pueda interpretarse «como una prohibición de celebrar cualquier protesta pacífica contra las iniciativas encaminadas a dejar fuera de la ley a Batasuna».

«Si tal es el caso -prosiguió AI-, no hay duda alguna de que se estarían conculcando los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la protesta pacífica». Por ello, Amnistía Internacional instó a «las autoridades españolas y vascas a aclarar esta cuestión y a asegurar que se seguirán protegiendo estos derechos internacionalmente reconocidos».

También hace referencia a la resolución del 6 de septiembre, en la que «se estableció que la prohibición de celebrar manifestaciones impuesta al grupo nacionalista vasco no abarcaba los actos organizados por otros partidos o individuos».

«No obstante, -objetó AI-, no ha quedado claro el alcance concreto de las diversas medidas adoptadas y se ha censurado al Gobierno Vasco por permitir la celebración de una manifestación pacífica el fin de semana pasado», en referencia a la movilización por lo presos en Donostia [...] y según argumenta en su nota:, «los abusos cometidos por ETA no deben utilizarse como excusa para justificar la erosión de las libertades fundamentales. Cuando nos enfrentamos a graves abusos contra los derechos humanos, la defensa de estas libertades se vuelve aun más importante».

Amnistía Internacional recordó que «la coalición Batasuna, anteriormente conocida como Herri Batasuna y después como Euskal Herritarrok, se formó en 1978 y desde entonces ha actuado como un partido parlamentario legal».

En mayo de 2002, la Sección Española de Amnistía Internacional expresó su preocupación por algunos aspectos de la nueva Ley de Partidos y en especial, señalaba que «la ambigüedad de la redacción de ciertos pasajes podía dar lugar a que se proscribieran los partidos que tuvieran metas políticas similares a las de los grupos armados pero que no hubieran empleado la violencia ni propugnado su uso».

El comunicado resaltó cómo, «poco después de ordenarse la suspensión de las actividades de Batasuna», Amnistía Internacional recibió información en la que se indicaba que la Ertzaintza «había clausurado las oficinas de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) en Bilbao, grupo vasco que trabaja para oponerse a la tortura. La Policía también clausuró la oficina de Etxerat, organización de familiares de presos vascos».