Tenía en mente a la entonces Unión Soviética, pero
sucede, curiosamente, que es en Estados Unidos donde el gobierno de Bush
hijo está llevando a la práctica esas imaginaciones. Es cierto que la
novela se titula 1984 y que estamos padeciendo el 2002. Hay que darle
tiempo al tiempo.
Hace más de dos meses que la Asociación de Bibliotecas
de EE.UU. está esperando que el FBI conteste cuántas veces ha utilizado
las amplias atribuciones que le otorga la USA Patriot Act para investigar
en secreto los registros -alguna vez confidenciales- de bibliotecas
públicas y librerías.
Es la pregunta número 12 de un cuestionario de 50 que
el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes elevó al Departamento
del ramo que dirige el devoto John Ashcroft. Devoto en materias varias:
religión, represión, fascismo. También esperan el congresista demócrata
John Conyers y el republicano James Sensenbrenner, presidente del Comité,
que prepararon el cuestionario y fijaron el 9 de julio que pasó como fecha
límite para la recepción de las respuestas.
Desde que los atentados del 11/9 llevaron al Congreso
estadounidense a aprobar esa ley "antiterrorista", un documento de 342
páginas que los parlamentarios no tuvieron tiempo de leer, el FBI
adquirió, entre muchas otras, la facultad de vigilar a su antojo los
hábitos de lectura de todo ciudadano. !!!Hay de quien compre en una
librería ¡¡¡ o pida en una biblioteca algún libro sobre el Islam, o Cuba,
o las Torres Gemelas, o los países del "eje del mal": podría ser
catalogado como sospechoso de terrorismo, detenido por tiempo
indeterminado sin aviso ni acceso a un defensor, es decir, "desaparecido a
la argentina", como señalara Warren Christopher, ex secretario de Estado
de James Carter. De hecho, casi todo el pueblo estadounidense corre esos
riegos si el FBI se encapricha.
Las órdenes de allanamiento llamadas "sneak and peek"
(irrumpir y revisar de manera furtiva) le permiten cachear cualquier
hogar, escrutar efectos personales, fotografiar, bajar información de la
computadora si la hay, sin que el dueño se entere hasta después del hecho
cumplido. En la revista Insight on the News, John Whitehead, fundador y
presidente del Instituto Rutheford, definió la situación así: "La libertad
y la seguridad no se excluyen mutuamente, pero lo único que nos separa de
la tiranía es la Constitución de EE.UU. ¿Pienso que hemos perdido
libertades civiles? Sí.
¿Pienso que hemos establecido las bases de un Estado
policial? Sí". No se puede decir que Whitehead habla oscuro.
Las órdenes de registro de bibliotecas y librerías son
emitidas por una instancia judicial que se reúne en secreto y prohíben que
los funcionarios y dueños de las unas y las otras revelen a nadie que el
FBI los ha contactado, y menos a la persona que está siendo investigada.
Los Angeles Times (29/7) da cuenta de un sondeo que el centro de
investigaciones de la biblioteca de la Universidad de Illinois llevó a
cabo en 1020 bibliotecas: el 85 por ciento, en su mayoría de los
institutos de investigación más importantes, fue "visitado" por agentes
federales o locales que pedían información sobre las preferencias de los
lectores. La policía del pensamiento, vamos.
Esto no transcurre sin reacciones institucionales. Se
ha informado en Los Angeles Times (29/8) que en Newark, Detroit,
Washington y Cincinnati se dictaron fallos que condenan los métodos
orwellianos ejecutados por Bush hijo. El tribunal federal de apelación de
Cincinnati dictaminó que eran ilegales las audiencias secretas que
culminaron con la deportación de centenares de sospechosos de terrorismo
detenidos luego del 11/9. "El Poder Ejecutivo intenta seccionar las vidas
de las personas, de espaldas a la mirada pública y detrás de una puerta
cerrada. Las democracias mueren detrás de puertas cerradas", especifica su
sentencia. La jueza federal deWashington, Gladys Kessler, determinó que el
Departamento de Justicia debe proporcionar los nombres de la mayoría de
los sospechosos que siguen presos.
"Las detenciones secretas -dice su fallo- constituyen
un concepto odioso para una sociedad democrática." Y hay resistencias
locales. Las autoridades municipales de Berkeley (California), Denver
(Colorado), Ann Harbor (Michigan) y de cuatro ciudades de Massachusetts
(Northampton, Leverett, Amherst y Cambridge) aprobaron sendas resoluciones
que cuestionan el camino que la Casa Blanca recorre en su guerra "contra
el terrorismo" dentro de las fronteras nacionales.
"Creemos que estas libertades civiles (de expresión, de
reunión, la igualdad ante la ley y el derecho a la privacidad, otras)
están ahora amenazadas por la USA Patriot Act", aseveró el concejo
municipal de Cambridge. "Nos trajo (esa ley) resonancias de la era
McCarthy y de otros tiempos", recordó la concejal de Denver, Kathleen Mac
Kenzie. Es que resulta imposible anular las reservas democráticas de una
sociedad entera. Eso también -desesperadamente- Orwell lo previó.