Desde hace unos años, y especialmente desde el Foro de Porto Alegre, un nuevo (o no tan nuevo) modelo político para la sociedad civil ha entrado en escena. Es el modelo de la democracia participativa, que pretende que los movimientos sociales pongan en la agenda de las sociedades actuales una dinámica política de carácter democrático que vaya más allá de los mecanismos formales de representación a través de partidos políticos. Su propuesta va en la dirección de una mayor intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos (no sólo en las elecciones), opinando y decidiendo, a través de las asociaciones, en consejos de participación, audiencias públicas, asambleas, consultas y referéndum, etc. Se trata de profundizar en la participación, apuntando a una gestión de los asuntos públicos que pase por las manos de la sociedad civil.

La idea que más se oye en los planteamientos de la democracia participativa en cuanto a gestión de la política es la de la "co-gestión", o gestión a partes iguales del Estado entre políticos profesionales y movimientos ciudadanos. Se trata de presionar a la clase política para que ceda poder real a la gente común, y que ésta pueda intervenir continuamente en las decisiones que se toman desde los centros de poder. Uno de los casos más difundidos es el del presupuesto participativo en Porto Alegre (Brasil). En el camino hacia la co-gestión, se lucha por la creación de consejos de participación, órganos en los que las organizaciones sociales puedan opinar ante representantes de la administración para que les tengan en cuenta, teniendo los consejos un carácter asesor o consultivo, pero sin capacidad de decisión.

Buena parte de la izquierda del siglo XXI, y en especial los partidos progresistas que dicen representarla, se adhieren con pasión a este modelo, al que, debido más a un entusiasmo doctrinal que a un análisis en profundidad del tema, llaman "democracia auténtica", "democracia radical", "democracia directa", etc.

Pero la democracia participativa que exporta Porto Alegre no es realmente la democracia directa, es sólo eso, una democracia en la que se participa. Sin entrar en disquisiciones sobre el concepto de participación, conviene, sin embargo que puntualicemos algunas cosas obvias que a menudo se ocultan con esta palabra mágica. Toda política, por definición, se construye sobre la participación. Los sistemas totalitarios o dictatoriales necesitan de un modo de participación elemental para sostenerse: el asentimiento o silencio de la mayoría, y el aliento y la cooperación (el trabajo conjunto) de algunas minorías (Capital, iglesia, ejército...). Los sistemas de democracia formal, liberal o burguesa, que padecemos en la actualidad, necesitan también de otras formas de participación, que son fundamentalmente el voto, en el plano político, el consumismo y otros modos de adhesión al capitalismo (pequeña propiedad, colaboración con la economía especulativa, etc.), en el plano económico. La llamada clase media es el grupo más representativo en este caso, aunque, para conservarse, la democracia liberal se sigue apoyando también en el juego económico de la clase alta y en la fe en este modelo por parte la clase baja, que, en buena parte, sigue creyendo en las posibilidades de movilidad social que supuestamente ofrece el capitalismo. En los sistemas comunistas al estilo soviético, la participación está dirigida y controlada por la burocracia del partido, y, al igual que en la democracia burguesa, se basa en la representación de la ciudadanía en los organismos del Estado (el ejemplo de los "representantes del pueblo" en el Soviet Supremo).

Así que la participación no es una cualidad exclusiva de la propuesta de Porto Alegre, sino que existe en toda dinámica política, pero con distintos niveles y de distintas formas, respondiendo cada una a una conjunción de intereses socioeconómicos distinta.

Ni siquiera la propuesta de la democracia participativa es novedosa: sus planteamientos responden a una tendencia que existe desde finales del siglo XIX, la socialdemocracia. Se trata de intentar ampliar la democracia burguesa, de ir modificando sus aristas más hirientes, llenándola de contenido social; esto es, de reformar la estructura política del capitalismo. Su propuesta es reformista (pues pretende una reforma gradual de la sociedad capitalista), no revolucionaria. La democracia participativa no niega la delegación y la representatividad de los partidos políticos, simplemente los considera insuficientes, por eso tiene componendas con este sistema, establece una negociación en la que accede a reconocer las instituciones formales e intenta llevar a las instituciones a las asociaciones, sindicatos y ONGs.

En el fondo, este paradigma cree necesaria la institucionalización de los movimientos sociales, para democratizar más las instituciones. Pero la pregunta que hay que hacerse es si realmente está cambiando sustancialmente la política de las administraciones que cuentan con la participación de los colectivos ciudadanos, o si por el contrario, esta dinámica está reforzando la democracia formal, que cambia de collar pero no de perro. Porque hemos de entender que en el día de hoy los partidos políticos y las llamadas instituciones democráticas están en un preocupante proceso de deslegitimación (no hay más que ver cómo suben las abstenciones o los votos en blancos en las elecciones) que les obliga a buscar nuevos cauces de re-legitimación, y en este camino les viene muy bien la participación de las ONGs y las asociaciones para parecer más democráticos. Y esta operación de maquillaje se consigue muy bien fichando para los partidos a algunas caras conocidas del mundo asociativo, o bien creando algún consejillo de participación (económico y social, de la mujer, de medio ambiente, etc.), o empleando el discurso aquel de que las asociaciones llegan donde la administración no puede, así que toma esta subvención o este convenio para tapar este boquete, y así demuestro que soy un auténtico demócrata que cree en la participación.

Se nos puede argumentar en sentido contrario diciendo que esos no son los objetivos reales que persigue la democracia participativa, y que el caso del Presupuesto Participativo de Porto Alegre es un buen ejemplo de lo que se pretende. Pero lo interesante es saber si la experiencia brasileña es siquiera aquello que dice ser. Así, un interesante artículo de Basilio Abramo denuncia que:

El Presupuesto Participativo de Porto Alegre tiene solamente carácter asesor, no decisorio.

Sólo puede intervenir sobre un pequeño porcentaje del presupuesto (entre un 10 y un 15% del total).

Está sirviendo para convencer a los participantes de la necesidad de recortes en el gasto público.

Está recibiendo el reconocimiento internacional de organismos tan sospechosos como Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Algunas empresas se integran en el proyecto para ajustar sus planes de expansión (como el caso de la compañía telefónica CRT)

La administración utiliza estos órganos de participación para evitar conflictos con la clase obrera, simulando una participación de los barrios para moderar la insatisfacción de los sectores populares.

La experiencia no se desarrolla sólo en municipios gobernados por la izquierda brasileña del Partido de los Trabajadores (PT), sino también en localidades gobernadas por partidos de centro – derecha y derecha.

Ciertamente, la experiencia de Porto Alegre tiene poco de interesante para los movimientos sociales más transformadores, y su modelo (defendido aquí por gente como Rodríguez Villasante, Toni Puig, Izquierda Unida, los gobiernos locales de Marinaleda y Las Cabezas, etc.) lo único que hace es fortalecer la miseria participativa que nos ofrece el Estado.

La izquierda del siglo XXI no puede caer en la ingenuidad de compartir con el poder el concepto de participación, porque éste es aludido hoy por la empresa y la administración "como abstracto principio de funcionamiento, principalmente porque es rentable en términos de imagen". La participación se puede convertir en una trampa para los/las trabajadores/as, como puede observarse en los nuevos modelos organizativos que se están implantando en el ámbito empresarial, como el de los círculos de calidad. La propuesta de la llamada Calidad Total es la de hacer que el/la asalariado/a participe en el proceso de producción con sus opiniones, aportando su creatividad, teniendo cierta autonomía en su trabajo, etc., pero nunca se va a permitir que tenga la propiedad de los medios de producción ni los beneficios. La trampa ya está hecha: el/la trabajador/a sigue poniendo el lomo para que otro se enriquezca, pero se siente más feliz que nunca porque trabaja en un sitio donde la iniciativa y la creatividad se valoran, y por tanto, llega a sentirse parte de la empresa, su empresa.

Con esta participación controlada, al igual que con la de la Democracia Participativa, se consigue la satisfacción con la realidad, especialmente si la gente que entra en este juego no ha tenido ninguna experiencia previa de participación radical.

¿A qué me refiero con participación radical?. Pues a la plena capacidad de decisión sobre nuestras vidas, a aquella participación sin permiso, a la que los estudiosos de los movimientos sociales llaman "participación por irrupción" (en contraposición a la participación por invitación), que es la más típica de los inicios de los movimientos sociales, en la que la gente sale a la calle a protestar y a construir, al margen y en contra de las instituciones. Es una "todacipación", porque se va más allá de la participación (que, a menudo, se queda en tomar la parte y no el todo), y se basa en la autogestión y la contraposición al poder político y económico actual.

No comparto la opinión de algunos analistas de los movimientos sociales que los caracterizan por querer influir en el Estado para que vaya asumiendo sus postulados; muchos movimientos no aspiran a la reforma de la política del poder; simplemente quieren hacer una política distinta. Aquí se sitúan las corrientes libertarias, de las que tenemos una buena tradición en nuestra tierra, que cuestionan al Estado mismo como instancia de gestión de la sociedad, pero también determinados sectores del ecologismo, el pacifismo, el feminismo, la contracultura, los movimientos indígenas, etc., que desarrollan prácticas tan distintivas como la acción directa, la desobediencia civil, la creación de estructuras paralelas, la ocupación de espacios, etc. Tampoco estoy de acuerdo con la crítica que se hace a estos colectivos de que son sólo grupos anti – sistema que no construyen; la construcción de su modelo social es menos visible, pero están moviéndose en el terreno de la economía alternativa (los clubes del trueque, por ejemplo), de la educación popular, de la autogestión, de la autodeterminación... buscando a la vez una alternativa propia y confrontando éstas con el sistema capitalista.

Porque sólo desde una acción que parta del conflicto (que no de la violencia), de la necesidad de evidenciar los conflictos que están ocultos, y hasta de crearlos a veces, sólo desde la participación que confronte ideológica y organizativamente con los grupos de poder se pueden cambiar sustancialmente las cosas. La pregunta tiene que ser nuevamente si queremos la horizontalidad o la delegación en los líderes, la revolución o la reforma, el asistencialismo o la autogestión, poner el parche en el muro o tirar la pared.