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de la llegada del conquistador Pedro de Valdivia a nuestro
Wallmapuche (territorio ancestral mapuche) en el siglo XVI, nuestro
pueblo habitaba un extenso territorio que iba del Atlántico al Pacífico,
desde el Río Maule hasta la Isla de Chiloé, en la Gulumapu,
hoy estado chileno. Y en la Puelmapu, actual estado argentino,
desde el sur de Mendoza, Santa Fe y Córdoba, buena parte de Buenos
Aires, las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut y norte de
Santa Cruz, compartiendo este espacio territorial con otros pueblos.
Nuestra forma originaria de organización estaba
basada en la familia. Cada familia conformaba un lofche o
comunidad, y cada lofche se relacionaba con el resto de los pu
lofche, formando extensas redes, ya que no teníamos una organización
centralizada. Los pu lofche se reunían tanto para ejercer la
espiritualidad, en los Nguillantun, Wiñoy Tripantu,
Kamarikun; como para la resistencia durante los siglos de
invasión española y posteriormente criolla (chilenos y argentinos).
Durante la guerra, conformamos una instancia mucho
más amplia de organización política y militar como fueron los
Ayllarehue (nueve comunidades aliadas política y espiritualmente) o
los Aukin Wallmapu Ngulam (consejo de todas las tierras), que era
una de las máximas formas de organización mapuche.
Los miles de pu lofche, que conformábamos la
gran nación mapuche teníamos y tenemos una unidad idiomática, cultural,
filosófica y política basadas en normativas milenarias. Dentro de estas
normativas debemos mencionar nuestro Ad Mapu o las leyes de la
Naturaleza. Como principio fundamental, el Ad Mapu expresa que el
mapuche es parte de la naturaleza y no dueño de ella. Es decir, que el
che mapu (la gente mapuche) interactúa con el Itrofillmogen
(los diferentes elementos de la naturaleza), teniendo la responsabilidad
de mantener el equilibrio.
El winka a su llegada, impuso otro paradigma,
otra filosofía de relación con la Tierra y la Naturaleza, donde el
hombre está por encima de todo. Entonces él no ve el bosque, no ve el
río, no ve el cerro; sino que ve recursos a explotar y beneficios
económicos a obtener. Esta realidad no sólo se da en el Wallmapuche
sino que es planetaria.
Desde la formación de los Estado-Nación a partir del
siglo XIX se impulsó la reproducción ilimitada de esta lógica,
homogeneizándose a los pueblos y eliminando los escollos del anti
progreso, como se nos consideraba y considera a los Pueblos Originarios.
Es decir, uniformando, globalizando.
En las últimas décadas del siglo XX los diferentes
estados nación comenzaron a diseñar normas internacionales para el
reconocimiento de nuestros derechos, producto de la emergencia política
y cultural indígena, es decir, del fortalecimiento mundial de las luchas
protagonizadas por los Pueblos Originarios. El documento de mayor
trascendencia política hasta el momento es el Convenio Nº169 de la OIT,
en él que se reconoce nuestro derecho a practicar la cultura,
espiritualidad, cosmovisión de nuestro pueblo y, principalmente, a tener
un territorio donde hacerlo.
Este Convenio está en vigencia en la Argentina desde
julio de 2001, asumiéndose el compromiso de implementarlo en todo el
territorio nacional. En la misma dirección, se pronuncian el artículo 75
inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 34 de la
Constitución del Chubut. Sin embargo, no se ha dado cumplimiento
a esta legislación. En el ámbito de la provincia se da una situación
totalmente adversa, ya que no se han implementado estos derechos
consagrados.
Desde la asunción de Carlos Maestro a la gobernación
de la provincia se fortaleció una política monocultural, que es
continuada por la actual gestión. Un ejemplo es el llano incumplimiento
de la leyes que este mismo estado sanciona, como la 3657, que promueve
la creación del Instituto de Comunidades Indígenas, y la 3765, por la
que se crea la Comisión de Tierras Indígenas.
Todo esto nos demuestra que la provincia ha
sancionado una batería de leyes que no está dispuesta a cumplir, pero
que le sirven para presentarse formalmente como una administración
progresista. Hoy, con la excusa de la emergencia social y la promesa de
crear fuentes de trabajo, el gobierno está impulsando la rapiña por
parte de capitales argentinos y trasnacionales en nuestro territorio. La
explotación minera y de hidrocarburos tiene un impacto directo sobre
nuestra cultura.
Durante la crisis lanera de los «80, comenzó un
importante proceso migratorio de la población rural al conurbano de la
ciudad de Esquel. En 1970, la población urbana, en el departamento, era
de 13.771 personas, en 1991 de 26.800. El mayor porcentaje de población
migrante es de origen mapuche.
Este intenso movimiento migratorio de las zonas
rurales hacia la ciudad en busca de una mejor calidad de vida, tiene
varias causas, pero una de las principales es la falta de una política
acorde a la realidad cultural de la provincia. La promesa de nuevas
fuentes de trabajo, alienta a una nueva corriente migratoria hacia la
ciudad debido a la falta de expectativa de la población rural Mapuche.
Además del impacto social que producen estas
actividades extractivas, hay que destacar el impacto ambiental. El caso
neuquino es un claro ejemplo de que a los gobernantes no les tiembla el
pulso al momento de hacerle pagar a la población el costo humano y
ambiental producido por sus políticas.
Debido a las extracciones de hidrocarburos realizadas
por Repsol YPF en Loma de la Lata, fue contaminado el suelo, aire y agua
en las comunidades Kaxipayñ y Paynemil. A raíz de lo cual se registró un
caso de anencefalia en la comunidad Kaxipayñ, es decir, que en el
vientre de una lamgien se estaba formando un bebé sin cabeza.
Esta situación de contaminación se repite en la
comunidad Gelay Ko, cercana a Zapala, donde la petrolera Alberta S.A.
contaminó el territorio. Todo esto ha sucedido con la anuencia de los
diferentes gobiernos neuquinos que nunca dudaron en defender a las
compañías por los supuestos beneficios que daban a la provincia.
El publicitado anuncio de que la minera Meridian Gold
comenzará en enero las obras civiles en el Cordón Esquel, sin esperar
los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la
realización de la Audiencia Pública, demuestra el espíritu corporativo
de los medios periodísticos, el gobierno (provincial y municipal) y la
minera. El silencio al que se intenta confinar las voces disonantes
alimenta las sospechas de que, con las excusa de las fuentes de trabajo
y las regalías, se aplicará una política de dejar hacer y dejar pasar
sin importar el costo humano, social y ambiental.
En este marco también Meridian Gold está realizando
tareas de prospección en territorio de la comunidad mapuche Huisca-Antieco,
en Alto Río Corinto, sin la previa consulta a sus miembros. En este
caso, tanto el gobierno que lo permite, como la compañía que realiza las
obras, están violando las constituciones nacional y provincial, y
acuerdos internacionales como el Convenio 169.
¿Cuál es el precio que el Estado en crisis está
dispuesto a hacernos pagar por su incapacidad de generar trabajos
genuinos y beneficiosos para la comunidad? ¿Cuál es el precio que
quieren imponernos a cambio de las migajas que piensan obtener? Estas
políticas rapiñeras continuarán ampliándose a medida que se agudice la
crisis si no cambiamos el rumbo.
Una sociedad que está supeditada a un solo patrón
cultural y que no puede ver y valorar la diversidad está condenada al
sometimiento de un sistema que sigue alimentando y centralizando el
poder en unos pocos, llevando a la marginalidad total a la gran mayoría.
En los últimos siglos hemos escuchado las mismas voces y nos han
impuesto las mismas ideas. Es hora de que nos dejen hablar a los 5.000
pueblos originarios que existimos en el planeta, si pretendemos hacer de
este mundo un mundo más respirable.
Fey kay muten.
Mauro Millán. Esquel, 7 de septiembre de 2002
Cristina Avendaño