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Convocamos a la unidad y
movilización de todos los sectores populares
Coordinadora Anibal Verón
Desde
que Duhalde asumió el gobierno, el control corrupto y clientelismo de la
asistencia social se combino con mecanismo que alternaron la represión
institucional y los métodos paraestatales de represión.
Tres jóvenes asesinados en
protestas sociales, otros tantos baleados, decenas de militantes de base
golpeados, secuestrados y amenazados, conjuntamente con el accionar
judicial que apunta a la creciente ilegalización de las organizaciones
populares, son el saldo diez meses de ejercicio del poder de Duhalde. El
informe sería completo si no se mencionara la creciente miseria, perdida
del poder Adquisitivo y derechos elementales de trabajadores y el conjunto
del pueblo, a niveles nunca vistos en la historia.
El terrorismo de estado
subyace en la lógica de represión estatal y paraestatal que se extiende
crecientemente desde el Gran Buenos Aires al interior del país. Algunos
hechos son de especial gravedad.
En la provincia de Buenos
Aires, mas precisamente en la zona sur del conurbano, donde el presidente
tienen su base política, la masacre del 26 de junio se combina con la
apuesta en marcha de verdaderos grupos paraestatales de represión en los
barrios. En febrero, Javier Barrionuevo es asesinado en un piquete por un
puntero político del intendente peronista de Eseiza Alejandro granados; en
abril, un policía del servicio penitenciario abre fuego sobre una
movilización frente a la municipalidad de Lanús, hiriendo de gravedad a
Juan Arredondo, a quien una bala de nueve milímetro atravesó el pulmón. El
accionar represivo paraestatal incluyó el secuestro de un asambleísta de
Termperley en la estación de Lanús, y días después, también fue
secuestrado Guillermo Pérez, compañeros de Darío Santillán del MTD del
mismo distrito, quien fue golpeado durante horas, e interrogado y
advertido sobre su militancia barrial. Luis Barrios integrante de la
coordinadora de Unidad Barrial, recibió un tiro en el estómago cuando se
dirigía desde Remedios de Escalada, también en Lanús, a la movilización en
repudio de los asesinatos de Darío y Maxi. El distrito que comanda el
presidente del peronismo de la provincia de buenos aires, Manuel Quindimil,
reúne desde que asumió Duhalde el más alto índice de manifestantes
baleados y amenazados; en presidente Perón feudo del segundo jefe de
inteligencia de Duhalde, Oscar Rodríguez, los compañeros de barrio de
Maximiliano Kosteki no dejan de ser intimidados con constancia; en
Almirante Brown se juntaron las asambleas barriales, la coordinadora
Aníbal Verón Y organizaciones dirigentes de la CTA para denunciar al
senador peronista Villa Verde y el jefe de seguridad de la municipalidad
Guillermo Carrasco, como responsable de las provocaciones y agresiones
perman! entes en el distrito. En Florencio Varela distrito del intendente
peronista Julio Pereyra hizo llegar una amenaza de muerte a referentes de
la coordinadora Aníbal Verón, por medio de una golpiza a un delegado de
base del movimiento. En José C. Paz, los autos sin patentes marcan
impunemente a los militantes sociales: después del 26 de junio, no quedó
testigo, fotógrafo o abogado que aportara su testimonio en la causa de las
masacres de Avellaneda que no fuera amenazado.
Poco tiempo atrás, en la
provincia de JUJUY se montó un intento represivo que desde el punto de
vista de la penalización delas organizaciones populares, fue incluso más
allá de lo quien se había intentado el 26 junio. Más de 170 personas
fueron detenidas después de una represión provocada sin sentido por la
policía, y para ello incursionaron a las casas de los manifestantes, e
incluso de quienes integraban las organizaciones convocantes a la protesta
pero no habían estado movilizados aquel día. La demora en dar a conocer la
identidad de parte de los detenidos durante días, reinstaló el fantasma de
las "desapariciones" como método represivo. Las causas que se invocaron
contra los manifestantes involucraban directamente a las organizaciones y
no solamente a las personas en delitos encuadrados en el código ! penal,
que no son excarcelables; el intento era desarticular, por medio de la
brutalidad represivas a y la criminalización de la protesta, a las
legitimas organizaciones populares que expresan las demanda sociales que
molestan al poder. Durante la misma semana, otros actuarían sin uniforme
pero con la misma lógica, baleando al interior de la casa de abuela de
plaza de mayo, en La Plata.
En estos días la represión
y la judicializacion de las demandas sociales se instaló en la ciudad de
Cipolletti, provincia de Rió Negro. Tras el recorte de los planes de
empleo y de la asistencia alimentarias a los desocupados, tres integrantes
de los MTDs y C.T.D local fueron acusados penalmente por el gobierno
después de la protesta. Se trata de Martín muños, Carlos Berrilla y Gladis
Cerda, las autoridades reconocieron que son "los primeros en la mira de
una ofensiva legal". La estrategia represiva fue reconocida públicamente
en el diario "La Mañana de Sur" del 24 de octubre: "el intendente Julio
Arriaga decidió romper lanzas en forma completa y total contra las
organizaciones de desocupados. Las estrategia tiene dos frentes distintos:
por un lado, la municipalidad no atenderá en adelante a los dirigentes del
sector mientras que por el otro se plantea recurrir a la justicia ante
cualquier hecho como corte de calle o que afecte alas instalaciones
publicas". A pocos kilómetros de allí, hace semanas los trabajadores de
Zanón habían sufrido el acoso de bandas organizadas para enfrentarlos y
debilitar la lucha por la que sostienen produciendo bajo control obrero la
fabrica ocupada.
Se extiende por todo el
país la estrategia que combina, por un lado, represión institucional con
penalización de organizaciones populares, y por otro, método de represión
sumida por el estado, con accionar de grupos paraestatales.
Los unifica el mismo
objetivo: neutralizar o si hiciera falta aniquilar la protesta social para
garantizar la aplicación de planes económicos quienes sostengan el
proyecto neoliberal.
La única respuesta posible,
es la unidad y movilización de todos los sectores del pueblo en el repudio
a cada hecho que prefigure un avance hacia el terrorismo de estado.
Solo de ésa forma se pudo
poner freno al intento de condenar a los desocupados después de la masacre
del 26 de junio y se logró la libertad de ,los compañeros jujeños. La
misma responsabilidad nos cabe ante cada nueva situación represiva, como
la que atraviesan ahora los desocupados de Cipolletti de la provincia de
Rió Negro.
Basta de hambre,
persecuciones y represión abierta o encubierta
Libertad y desprocesamiento
a los presos por luchar. Solidaridad con Carlos Bertola y Diego Quinteros.
P0r trabajo, dignidad y
cambio social, contra el hambre y la represion
Se reciben adhesiones
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