Mucho revuelo ha ocasionado el Proyecto de Ley hecho
público por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes del gobierno
del PP. La debilidad de la izquierda transformadora en el ámbito
universitario ha sido el abono perfecto para hacer crecer y reproducir
un debate carente de profundidad y olvidadizo de los verdaderos
problemas de la Universidad Pública y del auténtico carácter de la
contrarreforma universitaria anunciada.
La palabra "Autonomía" parece ser el
centro de la polémica. En realidad, ¿de qué se está hablando? Para
entender algo habría que remontarse a la Transición Política. Bajo
distintas denominaciones, entre las que se impuso como más famosa la
LAU (Ley de Autonomía Universitaria), la UCD intentaba adecuar la
Universidad al nuevo contexto democrático.
En la Constitución de 1979 se reconocía como un
derecho constitucional la Autonomía Universitaria. Reivindicación de
todas las organizaciones democráticas y que significaba reconocimiento
de la capacidad de la Universidad para autogobernarse sin la
interferencia del gobierno de turno.
Autonomía, mas que política, económica y
financiera. Autonomía financiera que no quiere decir que la Universidad
Pública no se financie a través de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE); todo lo contrario: que garantizada dicha financiación, la
Universidad tuviera la potestad de gestionar su presupuesto.
Este marco es el que ahora se pretende modificar; es
decir, lo que el gobierno del PP modifica con su propuesta es la
autonomía financiera de la Universidad. El resto de debates resultan
superficiales en relación al problema de fondo. Lo que está en peligro
es la existencia de la Universidad como servicio público dedicado a la
docencia e investigación superiores.
Directrices del Banco Mundial
Todos los informes del BM apuntan que la
investigación, cada día más costosa, debe ser excluida de la
Universidad y desplazada a los denominados "centros de
excelencia".
En los últimos 30 años, sin embargo, en nuestro
país el número de Universidades se ha triplicado o cuadruplicado,
según a qué Comunidades Autónomas nos estemos refiriendo. Para el
caso de Andalucía, el número se ha quintuplicado.
El conservadurismo político e ideológico del
último período ha conseguido un importante consenso social relativo a
la percepción de que el dinero invertido en la Universidad resulta poco
rentable; opinión que contrasta con otros "consensos"
relativos al costo de la reconversión, por ejemplo, en las Fuerzas
Armadas o de las eléctricas, sin ir más lejos.
Son las directrices del BM las que inspiran el
proyecto elaborado por el Ministerio que no tiene otro objetivo que
prolongar la agonía de la Universidad Pública, mediante el
abaratamiento de costes, recortando la participación democrática y
debilitando la posible respuesta institucional y gremial de la CRUE
(Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).
Planteemos el problema de fondo
El problema de fondo es cómo y cuándo se va a
promover una Ley de Financiación de la Enseñanza Superior que fije el
porcentaje del PIB que se va a dedicar a la Universidad Pública. En el
marco del obligado debate abierto, democrático y participativo de todos
los sectores universitarios o no, podrían plantearse con rigurosidad el
dramatismo de unas cifras que hasta ahora están siendo silenciadas y
poder hacer frente a las mismas.
- El Presupuesto Anual de nuestras Universidades es
del 0.8% del PIB, frente al 1.5% de media en los países de la OCDE.
- El gasto medio por universitario en España es de
4000$ anuales, cuando la media en la Unión Europea es de 7000$.
- Las Tasas en nuestras Universidades suponen el 12%
del gasto generado por el estudiante, frente al 10% de media en la UE.
- El 17% de nuestro estudiantado es becado frente al
40% de media en la UE, etc.
Además de otras cifras no menos determinantes como
la terrible desigualdad de recursos existentes entre Universidades
Públicas (en la Pompeu Fabra el gasto medio por estudiante y curso es
de 900.000 pts mientras que en la Pablo de Olavide sólo de 220.000 pts)
o el hecho de que más del 50% de los nuestros universitarios no cursen
los estudios que desean, etc, etc, etc.
El Presupuesto dedicado a la Universidad lleva 2
años congelado y seguirá en el congelador. La financiación de los
proyectos de investigación ha sido reducida y enmascarada dicha
reducción mediante la utilización de fondos FEDER.
La mayor partida de gastos de los Presupuestos de las
Universidades (el de personal) se ha reducido mediante la congelación
salarial del funcionariado, sustituyendo plazas de profesores numerarios
por profesores contratados mediante "contratos basuras",
aumentando el porcentaje que representan las tasas, etc.
Esta estrategia no acerca a nuestra Universidad
Pública al contexto europeo; al contrario, la acerca al modelo
universitario tercermundista previsto por el Informe del Banco Mundial.
Lo demás, como suelen decir los colegas caribeños,
"son vainas".
Roque Hidalgo Álvarez
Catedrático de Física Aplicada de la Universidad de
Granada