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La ilegalización de Batasuna cada vez más cerca |
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El día 17 de abril Batasuna presentó en Bilbao su análisis y lectura política de una situación que ellos juzgan de agresión constante contra Euskal Herria. En la rueda de prensa intervinieron Arantza Urkaregi, miembro de la mesa de Bizkaia, Jon Idígoras e Ibon Arbulu, miembro de la mesa nacional, los cuales valoraron que con la reforma de la ley de partidos políticos se aprecia un salto cualitativo en la política represiva del PP que posibilita un recorte de las libertades democráticas. Recordaron la represión sufrida por la izquierda abertzale: guerra sucia, intervención económica de las cuentas de diferentes organizaciones, cierre del diario Egin, ilegalización de organizaciones juveniles y de apoyo a presos políticos, las torturas sufridas por los detenidos en dependencias policiales, el encarcelamiento de la mesa nacional... Además, han advertido que esta nueva apuesta ofensiva no se dirige únicamente contra sectores de la izquierda independentista sino que se extiende a toda la masa crítica política, social o sindical, sea del color que sea. El siguiente articulo es un texto aprobado por 10 de los 13 colectivos del Área "En defensa de las libertades". del Foro Social Trasatlántico y del Movimiento contra la Europa del Capital y La Guerra
En Defensa de las Libertades No a la ilegalización de Batasuna El proyecto de ilegalización de BATASUNA (elaborado por el P.P. y apoyado, aunque con diferencias de procedimiento, por el P.S.O.E.), a través del poder judicial, mediante modificaciones a la Ley que ampara el derecho de asociación, es criticable desde diversos puntos de vista. La ilegalización de Batasuna sería INJUSTA, al privar del derecho fundamental de participación política a centenares de miles de ciudadanos que actualmente votan y a otros muchos, que podrían votar en el futuro a dicha organización. La ilegalización de Batasuna sería ILEGAL. Una vez que el Registro de Asociaciones Políticas acepta los estatutos de una Asociación, ésta es legal. La libertad de expresión ampara, incluso, la defensa de fines no contemplados en el actual ordenamiento jurídico, como puede ser el derecho de autodeterminación. El comportamiento presuntamente delictivo de algunos miembros de una organización legal, no compromete al resto de sus miembros. Las asociaciones no delinquen, quienes delinquen son los individuos. Esta ilegalización, abriría el camino para futuras ilegalizaciones de colectivos disidentes o adversarios políticos incómodos. La ilegalización de Batasuna sería ANTIDEMOCRÁTICA. La institución básica de la democracia es el diálogo. El conflicto vasco tiene dimensiones históricas, lingüísticas, culturales, económicas, políticas y sociales. También contiene una expresión violenta. Dicha expresión violenta es el síntoma de un daño sin reflejo jurídico en la Constitución Española, que no reconoce el derecho de autodeterminación. La libre determinación, la constitución de sujetos sociales, no solo territoriales, sino también de clase, de género, culturales, étnicos, etc. es el fundamento de la democracia. Sin esta sustancia, la democracia es solo un sistema formal de procedimientos para la autoperpetuación del poder constituido. Solo el diálogo sobre las formas de reconocimiento y aplicación del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, respetando la enorme complejidad de las identidades presentes, podrá acabar con la expresión violenta del conflicto y abrir cauces para la resolución democrática del resto de sus manifestaciones. Ilegalizar a una organización tiene un doble significado. Por un lado, demostraría la inexistencia de espacio político para defender las aspiraciones de la mayoría del pueblo vasco por cauces democráticos. Por otro, sería el síntoma de la hegemonía de procedimientos autoritarios en la gestión de los problemas políticos de nuestra sociedad. La ilegalización de Batasuna sería ILEGITIMA. El cerco mediático estatal y la ausencia de una información plural sobre las múltiples dimensiones, sufrimientos y violencias de este conflicto, (privación del derecho a la libre determinación del pueblo vasco, torturas, violación de los derechos y dispersión ilegal de l@s pres@s vasc@s, represión de los movimientos populares, atentados ), convierten el proyecto de ilegalización en un acto mas de manipulación de la opinión pública y secuestro de la soberanía popular. La ilegalización de Batasuna sería CONTRAPRODUCENTE en orden a conseguir una convivencia segura y justa para tod@s. La unilateralidad del diagnóstico sobre el conflicto vasco ( "El problema es ETA y todos los que comparten sus fines") solo puede propiciar soluciones (ilegalizar Batasuna, periódicos, revistas, radios, organizaciones pacifistas, sociales, juveniles, de desobediencia civil, de solidaridad con l@s pres@s, culturales, jurídicas) que incrementan el problema. La represión, está ampliamente demostrado, no ha sido capaz de aplastar un movimiento popular complejo y plural, unificado por una legítima aspiración, que está excluida de forma explícita en la Constitución Española. La tutela que la amenaza de golpe militar ejerció en la redacción de dicha Constitución en la Transición política, junto al secretismo y la exclusión con que se fabricó, constituyen elementos fundamentales para comprender el origen de la tragedia y el dolor que genera el "problema vasco". Frente a la ilegalización de Batasuna, defendemos el diálogo y el respeto a las libertades como base para una solución pacífica y democrática del conflicto vasco. En este sentido, llamamos al apoyo de iniciativas como la Conferencia de Paz de Elkarri. Desde los movimientos antiglobalización expresamos nuestra preocupación por las tendencias hacia la militarización de la sociedad y la regresión del Estado de Derecho que, con la excusa de combatir el terrorismo, ataca las libertades que dice defender, criminalizando toda disidencia, en especial la que se expresa al margen de las instituciones y desde abajo, desde la sociedad civil. Las consecuencias de este talante político ya se hacen notar. La manipulación informativa legitima actividades ilegítimas e ilegales de los poderes públicos contra los movimientos sociales: represión arbitraria del ejercicio de las libertades y vulneración de las garantías jurídicas y procesales. El efecto perseguido es desalentar la expresión popular. Pero sin ella, el régimen parlamentario se convierte en una forma política impermeable a una verdadera democracia. Madrid 11 de abril de 2.002. Área de Libertades del FST y del Movimiento contra la Europa del Capital y La Guerra. Enviado por Agencia Confederal Bilbao |
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