La presencia en territorio norteamericano de más de un millar de torturadores que encontraron allí lugar seguro, lejos del alcance de la justicia de sus países, ha sido confirmada en los últimos días por un informe de Amnistía Internacional (AI), que califica a EE.UU. de "refugio" para estos criminales.

"El Gobierno norteamericano ha reconocido que más de un millar de personas sospechosas de ser torturadores han podido entrar a EE.UU. y que no han sido perseguidas a pesar de la adopción, en 1994, de una ley autorizando a la justicia a juzgar a los autores de actos de tortura", señala AI desde Londres, según la agencia francesa AFP.

La ONG acusa a las autoridades de no haber actuado cuando conocían la identidad de numerosos sospechosos y poseían pruebas contra ellos. Según William Schultz, director ejecutivo de la sección norteamericana de la organización, unos 150 presuntos torturadores entraron en EE.UU. durante estos últimos ocho años, pero ninguno ha sido perseguido por la justicia. "El Gobierno norteamericano prefiere ignorar, expulsar o encubrir los casos", comentó.

Al publicar su informe de 100 páginas titulado USA: A safe haven for torturers/Un puerto franco para torturadores, Amnistía criticó la inacción de Washington, calificándola de "falta que arriesga hacer de EE.UU. un santuario para los abusadores de los derechos humanos del mundo entero".

En 1994, Washington ratificó la Convención contra la Tortura que luego convirtió en una ley norteamericana que lleva el número 18 U.S.C. & 2340ª.

"Los que torturan y asesinan en otros países no deberían evadir la justicia y vivir en EE.UU. sin temor a ser arrestados y perseguidos judicialmente", comentó Schultz. "El Gobierno norteamericano es partidario del encarcelamiento, como lo demostró con la detención de unos 1 200 individuos después de los ataques del 11 de septiembre. Es irónico constatar, pues, que nos hemos negado a actuar en contra de 150 individuos que viven en este país, acerca de los cuales hay motivos para creer que son responsables de crímenes mucho más graves".

El informe denuncia la presencia en territorio estadounidense del mayor del Ejército peruano, Tomás Ricardo Anderson Kohatsu, quien es acusado de haber torturado a dos mujeres, oficiales de inteligencia, en 1997, violándolas, golpeándolas y sometiéndolas a choques eléctricos. Una de las víctimas, Leonor La Rosa, sufrió varias lesiones en la columna vertebral y se quedó parapléjica; el cuerpo de la otra, Mariela Lucy Barreto, fue encontrado decapitado y con las manos seccionadas.

En marzo del 2000, Kohatsu fue interrogado por el Departamento de Justicia, pero fue liberado después de una intervención del Departamento de Estado y autorizado a salir del país.

El informe también menciona el caso de los generales salvadoreños Carlos Eugenio Vides Casanova (comandante de la Guardia Nacional de El Salvador desde 1979 hasta 1983 y luego ministro de Defensa) y José Guillermo García (ministro de Defensa desde 1979 hasta 1983), quienes emigraron a EE.UU. en 1989.

Ambos militares dirigieron el trabajo de unidades del Ejército y de seguridad que han cometido crímenes contra la humanidad y actos de crueles torturas, además de detenciones arbitrarias.

En 1993, la Comisión de la Verdad, creada con el respaldo de las Naciones Unidas, reconoció la responsabilidad de estos individuos en la muerte de cientos de personas inocentes.