El sistema de libertades instaurado en las democracias parlamentarias con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se encuentra en su más grave crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Los hechos del 11 de septiembre y sus consecuencias posteriores, están conduciendo al conglomerado económico y político que venimos denominando Occidente, a una ofensiva que no sólo se dirige contra organizaciones y Estados sospechosos de terrorismo, sino contra la esencia misma del sistema democrático.

Prácticas de sistemas totalitarios, derrotados en 1945, resucitan en los últimos meses. Mientras en Estados Unidos se practican detenciones sin supervisión judicial y juristas liberales defienden la necesidad de la tortura, en España se investiga a los activistas antiglobalización a través de Internet, al tiempo que insignes catedráticos sostienen, sin el menor sonrojo, que espiar a los trabajadores es un derecho intrínseco del patrono.

Si entre los planes de los fanáticos que destruyeron las Torres  Gemelas se encontraba socavar los cimientos de la civilización  occidental, debemos concluir que en cierta manera, y  desgraciadamente, los terroristas consiguieron su objetivo.  Porque  desde 1948, hablar de civilización occidental ha sido hablar de  Derechos Humanos. En los años oscuros de la Guerra Fría, la propia  palabra Occidente se utilizaba como sinónimo de libertad. Los regímenes democráticos se vanagloriaban de sus Constituciones,  garantías de los derechos individuales, mientras el Gran Hermano de  la novela 1984 era encarnado por los regímenes totalitarios de inspiración marxista.

La caída del muro de Berlín acabó con la farsa. Dando la razón a  aquellos que sostienen que el sistema capitalista no necesita la  democracia, a lo largo de los años 90 hemos asistido a la crisis del  Estado de bienestar y del sistema de libertades alumbrado tras la  Segunda Guerra Mundial. Los hechos del 11 de septiembre han sido la  excusa perfecta para desarrollar hasta el límite sistemas de control  social, en manos de países teóricamente democráticos, que hubiesen  sonrojado a los dictadores de entreguerras.

El Parlamento Europeo ha reconocido la existencia de la red de  espionaje Echelon, un sistema de intervención de comunicaciones al  servicio de los intereses económicos y políticos de los países del ámbito anglosajón. Las medidas legislativas impulsadas por la  administración Bush no hacen sino enmascarar una práctica que ya era  habitual antes del 11 de septiembre, y frente a la que el propio Parlamento Europeo recomendaba la utilización sistemática de sistemas  de cifrado y programas de código abierto.

Internet fue, desde los primeros días, blanco de las críticas de los  enemigos de las libertades. La libertad de expresión y el relativo  anonimato que permitía la Red de redes ha preocupado siempre a los  titulares del poder: del poder político, del poder económico y del  poder mediático.  Un poder mediático, por cierto, que ha visto  siempre en la información gratuita que ofrece Internet un obstáculo  al control social que se ejerce desde los medios de comunicación lucrativos. Qué mejor ocasión que la caza y captura del proscrito Bin  Laden para lanzar la gran ofensiva contra los ciberderechos.

En la guerra contra las libertades, el primer objetivo es Internet,  porque garantiza a todos los ciudadanos, a un coste reducido, el  libre ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la  intimidad, y a la asociación y reunión pacíficas. El siguiente  objetivo somos todos nosotros: los ciudadanos a los que inmensas  bases de datos pueden convertir en simples consumidores sin derechos.

En un mundo digitalizado y globalizado, el derecho a la intimidad  debe ponerse al mismo nivel que la libertad y la vida, y ello porque  la intimidad es el último reducto del ser humano frente al sistema. Cuando por vía legislativa o económica, se condiciona el derecho a la  libertad de prensa  y el derecho de reunión y asociación, sólo queda  Internet para conspirar frente al poder. Pero en una Internet sin  intimidad no hay conspiración posible. Si queremos evitar el futuro  Mundo Feliz que están construyendo los medios de comunicación al servicio de las grandes corporaciones multinacionales, la última  posibilidad de resistencia reside en la defensa a ultranza del  derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

En la batalla final que se avecina contra los Derechos Humanos, serán  nuestras últimas barricadas.