El pasado 14 de diciembre de 2001 hemos recibido información del arresto de Julio Sandoval Cruz, dirigente triqui del Cañón Buenavista, y de su detención en la cárcel Cereso de Ensenada. Ya en mayo de 2001 fue detenida Beatriz Chávez Pérez, representante del Ejido Graciano Sánchez de San Quintín, y encarcelada en la misma prisión Cereso de Ensenada. Otros líderes sociales e indígenas se encuentran bajo amenaza de arresto, incluyendo a Hortensia Hernández, dirigente de la colonia Maclovio Rojas de Tijuana, y Julio Cesar Alonso, dirigente del grupo Cioac en San Quintín.

Al iniciar su nuevo gobierno, las señales que usted envía sugieren que la represión será su respuesta a los conflictos sociales y a las demandas de educación, salud y respeto a los derechos laborales en la Baja California.

Diversos sectores sociales repudian el nombramiento del Licenciado Osvaldo Medina y Olvera como director de la cárcel Cereso de Ensenada. Este licenciado es acusado de represor y torturador y existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su contra (144/95, 23 de nov., 1995).

El licenciado Medina y Olvera es también acusado de haber encabezado el desalojo violento contra familias en el Ejido Graciano Sánchez, el 3 de diciembre de 1999. Como nuevo director del penal Cereso de Ensenada, el licenciado Medina y Olvera es responsable de la situación de los presos y, en particular, la de Beatriz Chávez Pérez (a quién personalmente golpeó durante el desalojo del 3 de diciembre de 1999, según miembros del grupo Cioac) y la de Julio Sandoval Cruz. Varias organizaciones denuncian que Beatriz Chávez Pérez ha sufrido amenazas de muerte y otras formas de tortura psiquica en la cárcel y que se encuentra enferma de fiebre tifoidea debido a las condiciones de insalubridad a que se encuentra sometida dentro del penal.

Como usted sabe, los organizadores sociales de Baja California no surgen por un afán de crear problemas sino de exigir soluciones a las múltiples carencias de la población. La falta de vivienda para familias de bajos recursos ha sido denunciada una y otra vez, y la falta de alternativas obliga a la gente a crear sus propias organizaciones, como en el caso de la comunidad Maclovio Rojas de Tijuana. La represión no hará más que agudizar los conflictos existentes por la tierra. La escandalosa violación de los derechos laborales de los jornaleros agricolas indígenas de San Quintín es de dominio público y no puede resolverse poniendo a torturadores como funcionarios públicos.

La discusión y crítica sobre la situación social y los derechos humanos en Baja California es completamente necesaria. Esta discusión no se puede evitar calumniando a los defensores de derechos humanos y acusándolos de "terroristas", como ha sucedido con Oscar Montaño, promotor de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos en San Quintín, quien fue acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al EZLN por los periódicos Los Volcanes (San Quintín) y El Mexicano (Tijuana).

Sr. Gobernador, usted seguramente pasó las fiestas de fin de año en un lugar acogedor y tranquilo, rodeado de familiares y amigos, o al menos eso esperamos que haya ocurrido. Pero esto no fue así para Beatriz Chávez y Julio Sandoval Cruz ni para sus familias y las de otros líderes sociales sobre quienes pesa la amenaza de arresto. Nosotros y otras personas y grupos le instamos a que considere la solicitud de tregua social demandada

por organizaciones sociales e indígenas de Baja California, a que libere a los presos por motivos políticos, a que detenga el arresto de más dirigentes y, a que atienda las reclamaciones de tierra para vivir y de condiciones laborales dignas, que, por otro lado, están contempladas en la ley vigente.