A pesar de las peculiaridades de los mercados agrarios respecto a otros sectores de la producción, vemos cómo en estos últimos su progresiva globalización es ya un hecho incuestionable. El campo está sufriendo uno por uno todos los procesos macro y micro económicos que caracterizan a la globalización neoliberal.

El comercio transnacional de productos agroalimentarios, por naturaleza perecederos y por lo tanto sujetos a restricciones en tiempo y condiciones de transporte, se ha visto favorecido progresivamente durante el s. XX debido a los grandes avances tecnológicos en la conservación de alimentos. La descolonización, proceso que, en teoría, permitiría el desarrollo de los países que previamente habían sufrido el monopolio de oferta y de demanda en beneficio de sus respectivas metrópolis, dio paso al cínico proteccionismo agroalimentario de los países desarrollados. Proteccionismo que basado en las subvenciones a la producción, a la exportación y en severas restricciones a la importación colocan a los productos procedentes de los estados con mayor poderío económico en clara ventaja respecto a los de los países menos desarrollados (caso de Norteamérica y la UE respecto a Latinoamérica y África).

A esto hay que unirle la internacionalización de la inversión que también ha afectado al agro. Empresas como Syngenta (resultante de la fusión de Novartis y Zeneca), Monsanto o Chiquita están convirtiéndose a marchas forzadas en competidoras del pequeño agricultor o ganadero mediante el control de todo el proceso de producción desde la investigación en biotecnología (semillas transgénicas, fertilizantes, pesticidas...) hasta la producción mediante contratos de exclusividad con los granjeros que se ven sujetos de este modo a un monopolio de demanda (a finales del año pasado iniciaron un paro patronal los empresarios españoles de las granjas de engorde de pollos por su desprotección frente a este tipo de compañías). Todo esto ha ido acompañado de una progresiva concentración de capitales que junto a la intensificación y tecnificación ha reducido drásticamente las necesidades de mano de obra en un sector que ocupaba a la mayor parte de la población hace menos de un siglo. Esto ha traído consigo un aumento paulatino del paro (el paro agrícola ha subido el 13,56% en el tercer trimestre del 2002 respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 194.900 personas desempleadas) y la despoblación rural.

A pesar del funesto panorama agrario español actual, este tiene visos de empeorar en los próximos años. El proteccionismo que, mal que pese, ha mantenido la competitividad de los productos agropecuarios españoles tiene puesta fecha de caducidad. Son cada vez mayores las presiones de los organismos defensores del "libre mercado" para que cesen las políticas proteccionistas. Así lo manifestó recientemente Fischler, comisario europeo de política agraria: "Las ayudas directas no tienen defensa ante la OMC". En la última reunión de la Organización Mundial del Comercio en Sydney, para tratar el tema los subsidios agrarios, el grupo de Cairns (en el que están integrados los estados del Mercosur) acusó a los países europeos y a Japón de poner trabas al libre mercado, al promover el mantenimiento del subsidio a las exportaciones y obstaculizando la apertura. EE UU se desmarcó con la Farm Bill que consiste en el establecimiento de créditos destinados a la venta al exterior y el mantenimiento del sistema de ayudas alimentarias, que sirve a EE UU para deshacerse de sus excedentes agroalimentarios.

Por mucho que Arias Cañete (Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación) se empeñe en decir que España tiene aseguradas las ayudas europeas hasta el 2013, la situación real es que con la Agenda 2000 –aprobada en Consejo Europeo en marzo de 1999 en Berlín– se establece la congelación del presupuesto agrario comunitario –mayor partida presupuestaria de la UE– y teniendo en cuenta que en tres años comienzan a entrar los países del Este en la UE serán más los que se peleen por el mismo pastel (se doblará el número de agricultores de la UE, que actualmente ronda en torno a los 6-7 millones de personas), teniendo preferencia los países más empobrecidos, es decir, los de nuevo ingreso principalmente.

Si los empresarios agrarios lo van a tener difícil ya os imagináis quién pagará el pato. De hecho, desde nuestro punto de vista, para entender el porqué de la última Ley de Extranjería y la desaparición de las políticas subsidiarias relacionadas con el PER hay que contextualizar la situación del agro español en el marco económico global. La realidad es que a pesar del alto paro agrario y el despoblamiento de nuestros pueblos, ya aludido más arriba, son cada vez más los trabajadores foráneos (100.000 en los últimos 5 años) que se dejan la salud bajo los plásticos almerienses o acuden a la campaña de la fresa onubense. En total, unos 172.000 foráneos trabajan en el campo español. Los/as jornaleros/as españoles/as prefieren, en muchos casos, la campaña de la vendimia francesa, donde se cobra hasta un 40 % más. Y es que teniendo en cuenta lo que se paga en España (jornal medio, según convenios, de unos 30 euros) muy desesperado tiene que estar el/la trabajador/a para dejarse la piel bajo el sol. La media anual de peonadas en las comarcas más productivas es menor de 100: a ver quien es el guapo/a que mantiene una familia, ni aún siquiera su propia subsistencia, con unos ingresos de unos 3.000 euros al año. Antes del Decretazo, todos/as los/as jornaleros/as que demostraran 35 peonadas al año tenían derecho a cobrar el 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI) durante medio año quedándose la media en 1.625 euros por jornalero/a al año. Estos dineros salían de las cotizaciones a la seguridad social (los/as jornaleros/as están obligados a contribuir con 66 euros al mes en concepto de su cartilla agraria), es decir de los recursos generados por la clase trabajadora de este país, que generó con sus cotizaciones a la Seguridad Social un superávit de 3.000 millones de euros en el 2002. Además, tenían derecho a cobrar una pensión por jubilación mínima. En definitiva de los 600.000 jornaleros/as, aproximadamente un total de 365.000 percibían el subsidio con un gasto anual de 925 millones de euros. ¿Saben cuánto se gastó el estado español en recursos armamentísticos en el año 2001? Pues más de 10.000 millones de euros.

En esta época de déficit cero, al Estado lo que le interesa es quitarse de en medio cualquier gasto social. Como dice Chomsky: "El gasto social tiene un efecto democratizador, por eso el sistema prefiere dinamizar la economía con gasto militar". De manera que los derechos "recuperados" del Decretazo le han salido baratos al Gobierno teniendo en cuenta que no se vuelve a la situación previa y es un sistema a extinguir (la nueva renta agraria sólo podrá ser solicitada en un máximo de seis ocasiones). Por otra parte la patronal del agro español tiene que reducir gastos si quiere ser competitiva, de acuerdo a la situación de mercados globalizados, y está claro que la mano de obra es un coste como cualquier insumo más. Por lo que se prescribe la búsqueda de mano de obra barata en países empobrecidos (en gran parte por el expolio de las multinacionales europeas y norteamericanas y definitivamente por sus propias clases empresariales y políticas). El problema es que las exigencias en mano de obra del campo son estacionales por lo que gran parte del año se crearían bolsas de trabajadores desempleados, fuente de conflictos como cualquier colectivo embebido en la miseria, y aquí entra en juego la Ley de Extranjería y sus partidas de foráneos a la carta, así como el endurecimiento de la represión vía nuevo Código Penal (ya tenemos la campaña electoral completa: menos impuestos, más seguridad). Trabajadores/as inmigrantes sí, pero con el contrato en la boca (las propias patronales agrarias importan la mano de obra) y que se vuelvan a casita cuando dejen de ser necesarios/as. Mientras que en los siglos XIX y XX el tráfico de mano de obra era entre localidades (el señorito o capataz se paseaba por las plazas de los pueblos eligiendo a los jornaleros) en el siglo XXI será entre países.

Como vemos la globalización capitalista va a perjudicar gravemente al pequeño empresario agrario (UPA ha cuantificado la pérdida de rentas en el agro en un 6% durante el año 2002) y a las clases trabajadoras, siendo las segundas dependientes del empresariado y por tanto las más desprotegidas. En un sistema económico capitalista quien posee manda y quién únicamente puede vender su fuerza de trabajo obedece. No es cierto que la liberalización de mercados vaya a acabar con la pobreza en los países del Sur pues será el gran capital agroalimentario quien monopolice sus mercados y controle sus tierras y cabañas ganaderas.

El subvencionismo va a servir de bien poco a los/as jornalero/as, en todo caso relentizará la desaparición del pequeño y mediado empresario agrario. Sólo la unión de los trabajadores/as del campo para la defensa de sus intereses frente a la clase empresarial salvará la papeleta del campo. No dudamos que también el pequeño empresario lo va a pasar mal, por eso los trabajadores del campo se tienen que asegurar que no carguen sobre ellos los costes de la globalización. La unión de los/as obreros/as del campo, coordinada con las luchas de los trabajadores de la ciudad, ha de ser mundial, como la globalización, y solidaria. Al margen del sindicalismo burocratizado que ni se inmuta al firmar pactos antiobreros como el último interconfederal entre CC.OO., U.G.T. y la patronal, en el que se supedita el salario obrero a la situación de la empresa (¿cuándo se ha visto que un empresario reparta beneficios?).

Resumiendo, ante la situación del agro europeo, africano, suramericano... Mundial: Unión, Acción y Autogestión de la clase obrera. O lo que es lo mismo Asociación Internacional de los/as trabajadores/as.

Gonzalo Palomo Guijarro c.c.600.062