Cada cierto tiempo se alzan voces exigiendo una nueva regulación de la huelga en España. Han transcurrido 23 años desde que se reguló, en 1977, luego reformada por el T. Constitucional, en el 81. El punto crítico siempre son los servicios mínimos. El tribunal Constitucional ha venido interpretando la facultad gubernativa de fijarlos de manera muy restrictiva para el ejercicio del derecho, sobre todo en el caso de los servicios generados por la A. Pública, ignorando la opinión de los sindicatos convocantes y delegando en la dirección de la empresas la designación de los trabajadores que han de prestarlos. Antes de perder el poder, el PSOE intentó hacer una regulación más restrictiva que originó una "Huelga General de media jornada", entonces CCOO y UGT decían que la mejor Ley de Huelga es la que no existía. Curiosamente, hasta hace bien poco, la patronal también creía innecesaria la modificación, y es que lo pretendían los burosindicatos es que toda la regulación pasase por sus manos. Dichos sindicatos eran más partidarios del criterio judicial que de una Ley. En esa tesitura, los trabajadores/as se encuentran en la disyuntiva de cumplir los servicios mínimos, con los cual no ejercitan su derecho a huelga o lo ejercitan arriesgándose, pensando que una sentencia muy posterior a la huelga les sea favorable. Los sindicatos mencionados prefirieron las fórmulas de "responsabilidad sindical " y de " madurez" sindical. Bueno, en cuanto a la movilización, más que de madurez en su planteamiento en la cúpula, habría que hablar de "senilidad sindical", desde que está en vigor la R. Laboral, el mantenimiento de sus privilegios basados en una representatividad muy alejada de la realidad está torpedeando no ya el avance en los derechos, sino el mantenimiento de los mismos.

Los conflictos se generan cuando los derechos y los intereses de unos se enfrentan a los de otros. La realidad laboral y social en el país es de total vulneración de los derechos elementales como trabajadores/as y como personas, y esa situación de desigualdad y de injusticia es la que inspira la movilización, por tanto, la mejor manera de evitarla es avanzar en el reparto de la riqueza, lo demás son tonterías y serpientes de verano. Intentar regular lo que la huelga supone de expresión humana sincera, clara, vital y genuina en defensa del derecho a una existencia digna es indecente y poco realista. Es indecente, porque nunca se obliga a la parte contraria a cumplir sus deberes o sus acuerdos como son los de las medidas de prevención o las condiciones de los convenios. Antes se hacían huelgas para conseguir un mejor convenio y hoy se tiene que hacer para que se cumpla. Es indecente, también, que a las eléctricas como Iberdrola y, especialmente, Endesa, presidida por nuestro "querido" Martín Villa, no se las obligue a dar un correcto servicio, cuando están coaccionándonos con apagones (es su forma de hacer huelga) para que el Gobierno o los usuarios inyecten más oro en sus ambiciosas venas. Y es poco realista, porque dicha regulación pondrá en manos de los minoritarios las condiciones en las que tenemos que hacer huelga el 90% de los que ellos no representan, con lo cual poca mordaza se puede poner a los trabajadores/as decididos a intervenir en su destino con esa clase de bridas.

Cuando periódicamente se producen estas controversias todo el mundo es experto en huelgas. Quizás los sesudos catedráticos/as de Derecho del Trabajo no sean los peores, quizás sean los peores los Antonio Gutiérrez de turno que ¿viniendo? o ¿yéndose? del movimiento sindical opinan: "las causas, cuanto más nobles, menos necesitan del pasamontañas, ni de la violencia contra los bienes y las personas para ser defendidas justamente, .."(El Mundo, 8/7/01). Con estos amigos, no hace falta enemigos.

Es cierto que todo esto se suscita cuando aparece el SEPLA en escena, pero hay que recordar que el Gobierno ha venido potenciando los sindicatos corporativos y que la actuación sindical de CCOO y UGT, amordazando la voz reivindicativa ha incitado a determinados colectivos a defenderse por separado del conjunto. Con la excusa de atacar al SEPLA, se ataca la huelga del transporte de Baleares, la de la recogida de basuras en Segovia (FCC) y cualquier movimiento reivindicativo. Si las cifras de pérdidas del sector turístico en Baleares han sido tan cuantiosas ¿cómo no se han aceptado las modestas reivindicaciones de los trabajadores? Y es que esta movilización ha sido el arma arrojadiza de la marejada política que se vive en Baleares entre la oligarquía local, el gobierno central y el balear y si, de paso, se arremete contra el derecho de huelga, pues, mejor. Podemos estar confundidos, pero no parece que pasar las vacaciones en Baleares sea un derecho más importante que hacer huelga para obtener un salario digno sin necesidad de horas extras, para la supervivencia de las familias y para seguridad de los viajeros.

Nuestro VIII Congreso abordaba la cuestión de la huelga en la estrategia del servicio público, en tanto que diferente del sector privado, por el hecho de que la presión no la suelen sufrir los responsables de los desmanes. Es diferente la huelga de producción de la de prestación de servicios, pero hoy la mayoría de los Servicios Públicos están siendo privatizados o subcontratados, por lo que el ejercicio del derecho de huelga se ha vuelto mucho más sencillo y esto es lo que, precisamente asusta a los burosindicatos porque estos trabajadores/as no son controlados por ellos y para que no haya evidencia de esa impotencia, se silencian en los medios de comunicación todas la movilizaciones simples y directas pero contundentes en las que la CNT está más o menos presente. Aprendieron en la emblemática Huelga de Gasolineras a no facilitar la difusión del sindicalismo revolucionario y práctico aplicado con éxito en el S.XX, con tanto éxito que la CNT sufrió una de la mayores represiones de su historia, guerra sucia de Martín Villa, incluida.