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los hechos (se ha intentado hipotecar la vida de
estas personas durante más de 6 años, para
muchos un tercio de su vida, vulnerándose así
el derecho fundamental a un proceso sin dila-
ciones indebidas), comenzaba la vista oral con-
tra 52 de estos jóvenes, a los que la Fiscalía
solicita penas que ascienden a 323 años de cár-
cel (6 años y 10 meses para 36 personas y 4
años y 10 meses para los 16 restantes).
de desórdenes públicos, resistencia a la autori-
dad y atentado contra las fuerzas del orden
público) por los hechos ocurridos durante el
desalojo del CSOA La Guindalera, hace más de
seis años (11-03-97), en el cual fueron deteni-
das más de 150 personas.
ne enfrentarse a peticiones de 4 a 6 años de
cárcel (un total de 320 años) con multas de
hasta 10.800 euros por persona, repercu-
tiéndoles a la hora de hacer una vida normal,
además de la presión que esto ha supuesto
para los movimientos sociales madrileños.
se producía el desalojo, y también en las con-
centraciones de apoyo a l@s detenid@s que
se dieron en los 2 días siguientes.
ciales tremendamente confusos y
contradictorios durante el juicio.
durante su arresto (72 horas).
y rechazamos también la nueva petición de
6 meses + los costes del juicio (debido a la falta
de pruebas sólo se mantiene la acusación de
desórdenes públicos).
de la Guindalera es un juicio político contra
todo el movimiento de okupación, que se enmar-
ca dentro de la escalada represiva por parte del
gobierno contra toda forma de oposición en el
estado español.
medio de un clima de especulación salvaje,
corrupción inmobiliaria y encarecimiento abu-
sivo del suelo y la vivienda, se penalice la oku-
pación de espacios abandonados.
tos sociales.
agentes sin identificar... todo ello ha llevado al
juez que llevaba el caso a absolver a los 50 oku-
pas procesados por los disturbios del teatro
Princesa de Valencia. El escrito judicial está reple-
to de puntos en los que se cuestiona la actua-
ción de la Policía a la hora de aportar pruebas lo
suficientemente convincentes como para incul-
en un asunto cuanto menos extraño: "La iden-
tificación de los autores de hechos concretos fue
realizada por un comisario de la Policía Nacional
que apareció en el lugar una vez que los jóve-
nes habían salido del teatro y habían sido dete-
nidos". Sin embargo, "dicho funcionario policial
no consta identificado y su versión de los hechos
no se conoce". Por lo tanto, sostiene el juez, "se
ignora la razón por la que dicho comisario sepa-
"desproporcionados" tanto el informe sobre los
hechos presentado por la Policía Nacional como
la acusación fiscal. Además hizo un alegato en
contra de la criminalización hacia sectores liber-
tarios y juveniles que se están dando en Valencia
por el talante antidemocrático y fascista del del-
gado del gobierno.
situada en la calle Marqués de Ahumada n° 7, conocida como "La
Guindalera". Fueron detenidas las 98 personas que se encontraban en su
interior, así como 64 personas que se encontraban en las inmediaciones
de la casa (algunas de ellas protestando pacíficamente por el desalojo y
otras ni siquiera eso), acusándose a todas ellas de desórdenes públicos y
atentado a la autoridad. Decenas de personas fueron lesionadas en el
momento de su detención.
Permanente de la
Confederación Nacional
del Trabajo de Catalunya-
Balears y la represión del
movimiento okupa
poderes públicos y de las diversas adminis-
traciones del Estado tendentes al ahogo de
cualquier disidencia social, este Secretariado
Permanente quiere mostrar su más absolu-
ta solidaridad con los diversos movimien-
tos y colectivos que están viéndose afectados
por una nueva oleada de desalojos de espa-
cios sociales liberados como lo puedan ser
entre otros Centros Sociales, Ateneos y Kasas
Ocupadas; y al mismo tiempo, mostrar su más
firme rechazo a todo tipo de actuaciones
en este sentido que en sí mismas conlle-
van -en todos los casos- un alto grado de vio-
lencia institucional ilegítima,
desproporcionada y del todo inaceptable.
que llevan a sectores cada vez más amplios
de la sociedad -especialmente entre los más
jóvenes- a satisfacer sus necesidades -muy
a menudo las más básicas- con la ocupación
efectiva de determinados edificios e insta-
laciones que no dejaban de ser unos bienes
sociales colectivos abandonados sin nin-
gún tipo de utilidad ni función específica.
En definitiva, infrautilizados.
formas alternativas de convivencia y de
autorrealización personal y colectiva es
visto por este Secretariado como una acti-
tud plenamente libertaria y coherente con
el derecho de tod@s a la autodefensa enfren-
te de un sistema económico que como el
capitalista, niega el normal desarrollo de
muchos de los más elementales derechos
de las personas, mostrándose, cada vez más
agresivo y autoritario, con cualquier tipo
de disidencia, y más aún, si ésta es ejerci-
da de forma realmente emancipadora.
zados de desalojo, cumplen una clara fun-
ción social en tanto en cuanto son
dignificados y mejorados aumentando la
calidad de vida del entorno donde están
insertados; constituyendo además, una
denuncia constante y un freno efectivo a
las políticas urbanísticas puramente espe-
culativas de un capitalismo inmobiliario y
financiero, que recibe del Estado y de sus
instituciones regionales y locales, su más
claro y firme apoyo.
Karraka", "La Calma", "La Kasa de la
Muntanya"... han de seguir siendo lo que
son: espacios libres, autogestionados, soli-
darios y necesarios como claros exponentes
de que existen formas de vida alternativas
a las puramente especulativas, autoritarias
y enriquecedoras de una minoría, que abu-
sando de las necesidades de la mayoría, quie-
re controlar y poseer unos bienes sociales
que son de tod@s y que tienen que ser com-
partidos y autogestionados colectivamente.
su total rechazo a los intentos de desalojo
y denuncia los mezquinos intereses pura-
mente especulativos que se esconden detrás,
así como su total solidaridad y apoyo a los
grupos y colectivos sociales afectados.