por un ERE "político"
indefinida de los trabajadores de la limpieza ............. 11
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bar cómo se opta por abandonar la polí-
tica de prejubilaciones incentivadas y se
plantea la posibilidad de traspasar ese
dinero para alargar la edad de jubilación.
A este respecto, una medida que ha entra-
do en vigor este mismo año, y de la que
poco se ha hablado, es la llamada "jubi-
lación parcial". Esta fórmula compatibi-
liza el pago de la pensión con un empleo
a tiempo parcial, y en los pocos meses que
lleva aprobada ya ha destruido decenas
de miles de empleos.
tes de los "agentes sociales", curiosa
denominación que abarca tanto a empre-
sarios como a UGT y CCOO.
dente que la patronal, no conforme aún
con las últimas rebajas de sus impues-
tos empresariales, volverá a presionar
para que se reduzcan sustancialmente
sus aportaciones a la Seguridad Social. En
cuanto a los "sindicatos", es sobrada-
mente conocido el interés de la UGT por
retomar la pregonada "unidad de acción"
en torno a las pensiones, -rota desde la
traición de CCOO en abril del 2001 tras fir-
mar ésta una ampliación de la base de
cotización de 8 a 15 años-. No obstante,
las declaraciones realizadas por los diri-
gentes de ambas centrales tras la reno-
vación del Pacto de Toledo han sido algo
contradictorias, aunque no dudamos en
que finalmente vuelvan a presentarse
como un solo ente en las negociaciones.
Por un lado, José María Fidalgo ya ha
dejado entrever cuál será la postura que
tomará nuevamente CCOO, al calificar el
acuerdo como "adecuado", resaltando
que es una "buena noticia" y que "no se
puede pedir más a un acuerdo parla-
mentario".
a su táctica habitual ha jugado diferen-
tes y contradictorios papeles, si en un
principio declaraba que nunca partici-
parían en un consenso que supusiera una
rebaja de las futuras pensiones luego
añadía que no rechazaban apoyar la refor-
ma en caso de que fuese necesaria y que
a pesar de que "la ampliación del perío-
do de calculo a toda la vida laboral no es
necesaria, estarían dispuestos a asumir-
la si el trabajador pudiera elegir entre
los 15 mejores años cotizados", una con-
dición de la que no se ha vuelto a saber
nada y que tampoco viene reflejada en
el texto. Izquierda Unida alegando que
no hubo una postura negativa de los "sin-
dicatos" practicó una "abstención posi-
tiva" durante la votación en el Congresoy
el resto, aunque más ocupado en que se
reconocieran las competencias autonó-
micas a la hora de gestionar la Seguridad
Social y otras políticas asistenciales tam-
poco puso mayores reparos y finalmen-
te aprobó el acuerdoaunque no recogiese
sus aspiraciones.
prende entre las distintas partes que lo
han rubricado, no tardaremos mucho en
ver como las recomendaciones del pacto
acaban legislándose. Con todos los ingre-
dientes preparados, tarta esta servida.
costumbre de todo gobernante de manipular a la opi-
nión pública con el objetivo de generar un estado
de opinión favorable a sus intereses. Poco después
acostumbra por asumirse como necesario algo que
en realidad puede no serlo. Una vez asumido lo "ine-
ludible", el paso siguiente es acometer todo tipo de
reformas mientras, por otro lado, las arcas del
Estado continúan llenándose ante el incesante
incremento de afiliaciones a la Seguridad Social.
su función sea asegurar el futuro de nuestras
pensiones. Siguiendo las pautas dictadas por
diversas instituciones financieras y aprobadas
por la Unión Europea (UE), durante los últimos meses
el gobierno ha creído "necesario" renovar los
acuerdos anteriores para enmarcarlos dentro de los
compromisos económicos que ha adquirido inter-
nacionalmente. Bajo ese condicionamiento, ha vuel-
to a reunir a las formaciones políticas parlamentarias
que integran el Pacto de Toledo, alcanzándose una
renovación que ha sido refrendada en el Congreso
a primeros de octubre.
El 6 de septiembre de 1993, CIU presentó un pro-
yecto no de Ley por el que se proponía se consti-
tuyese una Ponencia, de la Comisión de Presupuestos,
para el análisis de los problemas estructurales del
sistema de la Seguridad Social y de las principa-
les reformas que deberían de acometerse. La
comisión se crea el 21 de febrero de 1.994. La ponen-
cia desarrolló sus trabajos durante más de un
año y contó con la colaboración de especialistas
de la Universidad, de la Administración Pública,
autoridades responsables de la Seguridad Social,
interlocutores sociales, representantes de orga-
nizaciones de pensionistas, etc. Se culminaron las
reuniones con la mantenida en Toledo, donde se
llegó al acuerdo final, razón por la que periodís-
ticamente se llamó "El Pacto de Toledo". La
Comisión de Presupuestos lo debatió y aprobó el
30 de marzo de 1995 y finalmente el 6 de abril de
ese año fue aprobado en el Pleno del Congreso de
los Diputados.
recomendaciones:
La financiación de las prestaciones de natura-
leza contributiva dependerá básicamente de las
cotizaciones sociales y la financiación de las pres-
taciones no contributivas y universales, exclu-
sivamente de la Imposición General.
La Ponencia recomienda que se adopten las medi-
das necesarias para profundizar progresiva-
mente en la dirección de la separación de las
fuentes de financiación, según la naturaleza de
la protección, iniciada a partir de 1989, hasta
su culminación efectiva en el menor plazo
posible. En el caso de que el cumplimiento de
estos objetivos requiera la adecuación del
actual sistema fiscal, se incidirá en aquellas figu-
ras impositivas de menor repercusión en la
capacidad competitiva y generadora de empleo,
sin excluir que se pueda contemplar la aplica-
ción de una contribución universal sobre todas
las rentas.
supuestos equilibrados, precisa de la constitución
de fondos de reserva que eviten o atenúen en
de las cotizaciones.
los grupos plenamente con los salarios reales,
con aplicación gradual con un único tope
máximo de cotización para todas las categorí-
as laborales, que fija el techo de aseguramiento
del sistema público de protección.
Modificar en lo posible la situación actual,
bajo criterio de, a igual acción protectora,
semejante aportación contributiva.
IRREGULAR
Recomienda proseguir los esfuerzos de mejora de
mecanismos de recaudación de las cotizaciones
que posibiliten la reducción de la morosidad.
Recomienda continuar la lucha de forma decidida
contra la economía sumergida.
Desde la previsión legal existente de unificación
de las estructuras del sistema, la Ponencia reco-
mienda que se continúe con este proceso redu-
ciendo de manera gradual el número de regímenes
actualmente existentes y logrando la homoge-
neización del sistema público de pensiones.
vés de una mayor integración orgánica de las
funciones de afiliación, recaudación y de ges-
tión de prestaciones.
Blanco de Delors", relativas a la reducción de
las cotizaciones sociales como elemento dina-
mizador del empleo, con prioridad en los tra-
bajos de baja cualificación y en los sectores más
intensivos en mano de obra. En esta línea, la
Ponencia estima que la aplicación de esas reco-
mendaciones requiere que quede condiciona-
da al mantenimiento del equilibrio financiero
del sistema contributivo.
Se propone el reforzamiento de estos principios
de manera que, sin perjuicio del criterio de soli-
daridad y de forma gradual, a partir de 1996 las
prestaciones guarden una mayor proporcionali-
dad con el esfuerzo de cotización realizado y se
eviten situaciones de falta de equidad en el reco-
nocimiento de las mismas. Es preciso, por tanto,
que las técnicas de cálculo de las pensiones con-
tributivas permitan en el futuro y de forma pro-
gresiva que quienes realizan similar esfuerzo de
cotización, alcancen prestaciones equivalentes.
Bajo ese eufemismo se propone el aumento de
los años de cálculo de la pensión. (Recordemos:
si en un principio era de los dos últimos años,
el PSOE lo amplió a 8 y el PP a 15. Ahora surge
de nuevo el debate y se plantea ampliar toda-
vía más esa media).
dotada de los caracteres de gradualidad y pro-
gresividad. De igual modo, el acceso a la pensión
de jubilación no debe impedir una presencia social
activa del pensionista. De igual modo, se man-
tendrán los sistemas de jubilación anticipada liga-
dos a los contratos de relevo y sustitución ya
previstos en la legislación vigente.
Es criterio de la Ponencia que debe de garantizarse
el mantenimiento del poder adquisitivo de las pen-
siones mediante la revalorización automática de
las mismas, en función de la evolución del IPC y
a través de fórmulas estables de contenido simi-
lar a la aplicada en el presente año (1995).
Reforzar el principio de solidaridad y de garan-
tía de suficiencia en la medida en que la situa-
ción financiera lo permita, adoptando medidas
como pueden ser: la elevación de la edad máxi-
ma para el percibo de la pensión de orfandad,
o las mejoras de las pensiones de viudedad en
los casos de menores ingresos.
destinadas a mejorar la gestión de las presta-
ciones de incapacidad temporal y por invalidez,
al efecto de frenar el fraude dentro del sistema
público en el acceso y permanencia de las
prestaciones.
complementarse, voluntariamente, por siste-
mas de ahorro y protección social, tanto indi-
viduales como colectivos.
Las actuales previsiones pueden alterarse sig-
nificativamente en las próximas décadas.
Propone que se utilicen instrumentos, en el
Gobierno y en el Parlamento, que realicen un segui-
miento y una evaluación periódica de la evolución
de las magnitudes que intervienen en el equi-
librio financiero del sistema para operar con las
intervenciones que fueran requeridas en cual-
quier eventualidad. Esta información se trasladará
a los agentes sociales.
estudio y reforma del Pacto de Toledo, transcurri-
dos cinco años. Dicha Comisión después de tres años
de estudios y debates, aprobó el pasado mes de sep-
tiembre la renovación del Pacto por otros cinco años,
realizando en esta ocasión 22 recomendaciones más,
lo que supuso añadir a las quince iniciales otras siete,
destacando entre ellas: crear una figura para la pro-
tección de las personas dependientes; estudiar el
impacto en la Seguridad Social de la entrada masi-
va de inmigrantes; analizar las carreras profesio-
nales irregulares (empleo temporal, tiempo parcial
o con períodos de paro), impulsar el empleo de las
mujeres y frenar las prejubilaciones.
la fuerzas políticas firmantes del mismo". Y es en
ese sentido donde se produce su más clamoroso
fracaso, pues se da desacuerdo político y las
sobrepujas sobre las subidas de las pensiones de
1997, y siguientes. Especial mención merecen las
del presente año, que se informaron como si de
una paga extraordinaria se tratase, cuando era úni-
camente el reflejo del fracaso memorable de las pre-
visiones de inflación.
aumentar la media de cotización se han pospuesto
para el próximo Gobierno la toma de decisiones y
que sea el ejecutivo entrante el que gestione esa
patata caliente. Y es que no podemos olvidar el más
conflictivo de estos puntos (recomendación nº 9),
es el aumento de los años de cálculo de la pensión.