23-F, conspiración y golpe

Redacción

Que la derecha pura, dura y ciega anhelara en los finales de los 70 y en los 80 un regreso a las formas dictatoriales sin tapujos es algo obvio para todo el mundo. Que la derecha, pura también, menos dura en el procedimiento, y, por supuesto, con más luces, viera que tal regreso, en esa forma, era imposible por las circunstancias, es algo también obvio para la mayoría. Que ambas derechas coinciden en el 23-F, por diferentes caminos, pero que, intermitentemente, se entrecruzan y tantean, es algo que ellas, las derechas, saben muy bien, y que los encumbrados y favorecidos de la izquierda oficial no acaban de querer aceptar de boca para afuera porque, naturalmente, su propia posición, la de entonces y la de ahora quedaría muy en entredicho. Precisamente, por haberse planeado el 23-F como una acción refleja de efectos indirectos, y que, por lo tanto, no muestran la relación con su causa en forma evidente, sino a través de un encadenamiento de contradicciones que aparecen en la explicación oficial del suceso, una explicación llena de silencios, de silencios de juramentados, "silencios de Estado", unos silencios que le hacen decir a Tejero al instructor de su proceso: "mi general, lo que yo quisiera es que alguien me explicara el 23 de febrero"..., por ser, en fin, un caso de "tapados" en sus fuentes originarias, es por lo que ahora se tiene una prisa enorme en quitarlo de en medio, por la vía de una prescripción que se apoya dudosamente en el Código Civil, cuando, habiéndose tratado de un juicio militar, el aplicable sería el Código de este área, en cuyo artículo 251 se dice que "los delitos castigados con reclusión no prescriben hasta los treinta años", como se afirma en la página 13 de EL MUNDO del 23-2-2001. Pero hay prisa, mucha prisa, quizá porque últimamente van apareciendo muchos libros escritos por personas muy directamente implicadas en el caso, con investigaciones que, paso a paso, se acercan más y más al "elefante blanco", y que podrían tener que obligar al Fiscal general del Estado a intervenir de oficio. De manera que ¡a cerrar el tema!, y que pase a la historia lacrado por los siete sellos de la oficialidad, no sabemos si con pesar o con connivencia de los que en EL SIGLO DE EUROPA nº 258 de marzo de 1997 habían declarado caso abierto al 23-F.

Realmente, por lo que ya se conoce de los entresijos del caso y por la forma estrambótica y rocambolesca de su desarrollo, así como por el carácter de esperpento de toda la cuestión, se cobra la conciencia de que una situación como ésa sólo podía acontecer en España: el Rey conocía por Suárez las andanzas conspirativas del general Armada (ver El problema español de Alberto Arana, Argitaletxe HIRU, Ondarroa 1997) quien, habiendo sido trasladado, como castigo, a Lérida, vuelve, contra la voluntad del jefe de gobierno, de forma meteórica a Madrid con nombramiento real de segundo jefe de Estado Mayor un mes antes del 23- F, el mes de las grandes movidas. Según el mismo texto, Sabino Fernández Campo había sido nombrado Secretario de la Casa Real a propuesta de Armada, y es este mismo general Fernández Campo el que dice asumir como suya y no del Rey la decisión de permitir a Armada ir al Congreso, donde habría de proponer un gobierno "de salvación nacional" con él de presidente y Felipe González de vicepresidente.

En sus tiempos de Lérida, ya Armada había tenido una comida política con Enrique Múgica y Joan Raventós en casa del alcalde de Lérida (declaraciones de Armada a EL PAIS). El Rey había hablado, antes del golpe, con Milans del Bosch (véase el citado libro de Arana), el CESIC, con Calderón a la cabeza (ver el libro de Perote, Ni Milans ni Tejero. El informe que se ocultó ) está metido en la trama de hoz y coz... ¿toda una gran conspiración en marcha a nivel nacional y las más altas instancias del Estado estaban in albis respecto a lo que se tramaba? Es difícil contestar negativamente a esto. Y, si estaban al corriente, ¿por qué no actuaron en contra de la conspiración? La versión del inefable Carrillo de que el golpe se desmonta en la noche del 23-F puede ser verdad, pero a condición de asumir que se pudo haber desmontado mucho antes de suceder, pues se disponía de todos los instrumentos necesarios para ello...

Lo posterior al hecho fue tan esperpéntico como la puesta en escena: Alvarado y Dueñas, ambos generales asistentes a la reunión conspirativa del 18 de enero en la casa de Mas Oliver, asisten en el juicio de Campamento como abogados defensores de los encausados. Perote dice que Oliart, ministro de Defensa posterior al golpe, miente sobre los hechos, las declaraciones posteriores del general Gabeiras no se sostienen, y Fernández Campo, secretario entonces de la Casa Real, dice en la Tele que la cosa le da mucha pena, que Tejero , Milans y compañía lo hicieron mal pero que tenían buena intención. Más significativa es la actitud del general Armada, cuando, al salir del Congreso a la una y media de la noche se presenta ante Francisco Laína, presidente del gobierno de emergencia, y le dice: "El Rey se ha equivocado" (ver EL PAIS de 23-2-2001).

Pero más enjundia, quizá, tienen las palabras del mismo Armada en la Tele a propósito del 20 aniversario del 23-F: "No puede decirse que el 23-F haya fracasado, indirectamente ha triunfado". Estas palabras deben significar que el golpe consiguió, de otra manera, lo que se proponía, lo que echa por tierra toda la retórica de "salvación" con que se quiso aureolar su desenlace. Cuatro años antes de que lo dijera Armada, Alberto Arana (ver libro citado más arriba), aludiendo al libro de José Díaz e Isabel Durán, Los secretos del poder, ya había bosquejado esa hipótesis que él deduce del contradictorio proceder de Juan Carlos: " esa es, pues, la hipótesis: los confió con la intención de hacerlos fracasar, para arredrar a la sociedad civil (en particular a la izquierda y a las nacionalidades) y prestigiar, pseudolegitimar en definitiva, so capa de héroe y de árbitro providencial, a la concepción monárquica que él representa" (El problema español, pág. 129).

Es una hipótesis no gratuita y pertinente, como hipótesis, en un Estado de derecho, donde cualquier ciudadano puede y, moralmente, debe juzgar cualquier acto de cualquier instancia del Estado. En los Estados de no-derecho y dentro de la tradición histórica, para casos similares, se procedía por parábolas, concluyéndolas con aquello de "el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que oiga".