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J. Armada
CNT - Vigo
P
ero lo importante no es tanto que
aparezcan recogidos en el texto
constitucional, sino también el
lugar en donde se ubican, pues el
art. 7 CE se encuentra en el Título
Preliminar, apartado en el que se recogen las
instituciones básicas del estado español que
nace de la actual constitución, lo que provoca
que varias Sentencias del Tribunal
Constitucional (STC) reconozcan que dicho artí-
culo "constitucionaliza al sindicato, pero no al
comité de empresa". Sobre esto volveremos
después.
Respecto al art. 28.1 CE se encuentra den-
tro de la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título
I: se trata de un derecho fundamental, y estos
derechos se regulan por ley orgánica, que exige
mayoría absoluta del Congreso para su apro-
bación; tienen primacía frente a otros dere-
chos, y su vulneración es protegida
celosamente por una particular modalidad pro-
cesal, que es preferente y sumaria frente a
otros litigios.
Pues bien, a pesar de todo esto, la realidad
es bien distinta. El modelo de relaciones labo-
rales vigente se trata de un modelo que con-
culca esto que acabo de decir y aboca a la
mayoría de los sindicatos a ser una voz mino-
ritaria dentro del panorama sindical o, senci-
llamente, a la marginalidad, así como también
a los trabajadores a carecer de decisión. Veamos
por qué.
El sistema de relaciones laborales en España
ni siempre fue el mismo, como sabemos, ni es
el mismo al de otros países. Frente al modelo
británico, donde el Estado legaliza las repre-
sentaciones profesionales y le asigna a estas un
papel protagonista en la regulación de la vida
social, se encuentra el modelo corporativo,
donde el Estado interviene en la vida social
estableciendo directamente el entramado de
representaciones profesionales.
El modelo español se trata de un modelo
intermedio entre estos dos, conocido como
"modelo promocional", porque el Estado no
crea representaciones profesionales, pero sí
establece las "reglas de juego" que orientan e
"inclinan la balanza" hacia un lado. Es decir:
promociona algo y a alguien.
Frente a los modelos corporativos vividos
en este país durante la Dictadura de Primo de
Rivera y Franco, durante la Segunda República
se reconoció frente al cauce corporativo de los
jurados mixtos, el cauce de la negociación
colectiva fruto de la libertad sindical. Es decir,
la Segunda República quiso maniatar la liber-
tad sindical pero no lo consiguió porque, como
sabemos, la CNT no lo permitió.
Aun así, el problema de sufrir en estos
momentos un modelo que no reconoce en la
práctica el derecho a la libertad sindical (aun-
que en el texto constitucional sí), se agrava
porque el Estado es particularmente interven-
cionista en lo que concierne a los actores y a
los medios de acción, como veremos en breve
plazo.
El doble rasero de la LOLS. El derecho fun-
damental de libertad sindical se reguló a través
de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical. El Título III de esta ley, que
regula la representatividad sindical; junto con
el Título II y el Título III de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (ET), que regulan respecti-
vamente los derechos de representación y reu-
nión de los trabajadores, así como la negociación
colectiva, son los auténticos responsables del
marco actual de relaciones laborales.
Así, la LOLS reconoce dos niveles de acción
sindical a los sindicatos en función de si son
mayoritarios o no, a tenor de la audiencia obte-
nida en las elecciones sindicales.
Un primer nivel de facultades se reconoce
a todos los sindicatos, independientemente del
número de afiliados, implantación territorial o
resultados obtengan, tanto si se presentan o
no, en las elecciones sindicales. Esto se des-
prende de los artículos 2.2, 8.1, 9.2 y 11: dere-
cho a la negociación colectiva; al ejercicio del
derecho fundamental de huelga; al plantea-
miento de conflictos individuales y colectivos;
a la presentación de candidaturas para la elec-
ción de representantes unitarios; a constituir
secciones sindicales en la empresa; a celebrar
reuniones, recaudar cuotas y distribuir infor-
mación sindical fuera de la jornada de trabajo
y sin perturbar la actividad normal en la
empresa; a recibir información que le remita su
sindicato; a permisos retribuidos para negociar
convenios y a las cláusulas de seguridad finan-
ciera. Por tanto esto se le reconoce a la CNT. El
art. 10 LOLS reconoce el derecho a nombrar
delegados sindicales, pero a ello no tiene dere-
cho la CNT como veremos.
Ahora bien, hay un segundo nivel que reco-
nocen los artículos 6.3, 8.2 y 9.1 a los sindi-
catos llamados "más representativos". Se trata
de un haz de facultades adicionales a las ante-
riores, pero de mayor peso específico: repre-
sentación institucional, negociación colectiva
de eficacia general, negociación colectiva de
funcionarios públicos, promoción de eleccio-
nes a representantes unitarios, tablón de anun-
cios y local sindical en las empresas, permisos
sindicales, acceso a los centros de trabajo, y
otras que se establezcan.
Como puede verse los sindicatos más repre-
sentativos tienen la llave de la negociación
colectiva, de las elecciones a representantes
unitarios, y monopolizan la voz sindical en las
instituciones públicas y en las empresas.
¿Quiénes son los sindicatos más represen-
tativos? Pueden ser de ámbito estatal o de la
Comunidad Autónoma. Los primeros son aque-
llos que obtengan el 10% de los representan-
tes unitarios en las elecciones sindicales. Los
segundos son los sindicatos de dicho ámbito
que obtengan el 15% de los representantes
unitarios en las elecciones sindicales de su
CC.AA. y que, como mínimo, sumen 1.500
representantes.
Calificar a un sindicato de "más represen-
tativo" significa otorgarle un régimen particu-
lar y privilegiado respecto de otros sindicatos.
Se le confiere una determinada posición jurí-
dica mucho más favorable, tanto a efectos de
participación institucional, como de acción sin-
dical. Por tanto la LOLS descaradamente poten-
cia a determinados sindicatos más allá de la
lógica asociativa, es decir, más allá de la afi-
liación y de la actividad que desarrollen.
También tienen la consideración de "más
representativos" los entes sindicales afiliados,
federados o confederados a una organización
más representativa, independientemente de
sus resultados electorales. De esta manera se
garantiza que la negociación colectiva siempre
está en manos de los mismos y, en este caso,
violando la regla principal: la representatividad
en función de los resultados electorales.
Otra manera de otorgarle un mayor peso a
estos sindicatos en la negociación colectiva, es
que sólo ellos pueden negociar acuerdos marco
o interprofesionales.
Este Título III de la LOLS fue objeto de tres
recursos previos de inconstitucionalidad por
vulnerar la libertad sindical y que el TC recha-
zó, pues la existencia de estos sindicatos pri-
vilegiados es sobre lo que descansa las
relaciones laborales de este país. El TC viene a
decir que "no se vulnera la CE por otorgar pri-
vilegios a unos sindicatos sobre otros, porque
se trata de potenciar sindicatos fuertes para
así garantizar de forma más eficaz la defensa
y promoción de sus intereses".
Esto es un argumento político y gratuito.
De lo que se trata es de desalentar la afiliación
a otros sindicatos, de crear dos clases de sindi-
catos: los representativos y los marginales. Las
elecciones sindicales celebradas en España en
estos 25 años confirman la tendencia promovi-
da por la legislación: hoy UGT y CC.OO. reúnen
juntas el 75% de todos los representantes de los
trabajadores del país, en un empate técnico que
las separa a las dos en menos de un 1%. En
otras dos CC.AA. son más representativas: CIG,
ELA-STV y LAB. Al mismo tiempo, numerosos
sindicatos de la izquierda sindical que existían
antes del ET y LOLS desaparecieron.
De todo ello el TC es consciente, pues en su
STC 75/1992, de 14 de mayo, dice que: "la peor
condición de los sindicatos desfavorecidos es
legítima en cuanto no sea tan manifiestamen-
te desproporcionada que ocasione una restric-
ción anulando o entorpeciendo gravemente sus
posibilidades de cumplir los fines que les son
propios y, por ello mismo, produciendo un efec-
to de desalentar la afiliación a esos sindicatos".
El Estatuto de los Trabajadores. Se aprobó
por la Ley 8/1980, de 10 de marzo, contra la
dinámica sindical y obrera que surgió tras
muerte de Franco. El objetivo era frenar el
movimiento asambleario y la aparición de sin-
dicatos catalogados de "antisistema", que se
fogueaban en la práctica de libertad de expre-
cnt
n°317 noviembre 2005
Opinión
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La Segunda República quiso maniatar la libertad
sindical pero no lo consiguió porque, como
sabemos, la CNT no lo permitió
ROGER
¿Existe libertad sindical en España?
El derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y a afiliarse a los de su elección, así como el derecho de los
sindicatos de trabajadores a promover la defensa de sus intereses, es lo que se conoce como el derecho fundamental
de libertad sindical. Así es como aparece recogido en los artículos 7 y 28.1 de la Constitución (CE). Estos dos artículos
habría que posteriormente complementarlos con el 28.2 CE, sobre el derecho fundamental de huelga; el 37.1 CE, sobre
el derecho a la negociación colectiva; y el 37.2 CE sobre el derecho a plantear conflictos colectivos.
El derecho fundamental de libertad sindical
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