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La
Junta de Andalucía aprobó el pasado 6 de mayo, a través de su Consejo de
Gobierno, la subvención en cursos de formación a los sindicatos y
empresarios, dando la noticia de esta forma:
“El Consejo de Gobierno ha autorizado a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico un gasto de 34,26 millones
de euros para financiar la realización de 1.094 cursos de Formación
Profesional Ocupacional durante 2003. Estos cursos, orientados al
empleo, beneficiarán a casi 17.000 andaluces y serán organizados e
impartidos por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los
sindicatos UGT y CCOO.
La aportación de la Junta se distribuye en
tres dotaciones de 11,42 millones de euros para cada una de estas
organizaciones empresariales y sindicales, con las que en breve se
firmarán los correspondientes convenios.
La programación de cursos concede especial
prioridad a las actividades formativas relacionadas con las nuevas
tecnologías y a las más demandadas por el mercado laboral andaluz. El
pasado año, más del 60% de los alumnos que participaron en esta
iniciativa encontraron trabajo”.
Aparte de lo escandaloso de la cifra y que
es similar a la que se les viene concediendo año tras año, lo que más
sorprende es el último párrafo. Si fuera cierto que el 60% de los
alumnos que acaban los cursos encuentran trabajo, hace tiempo que el
paro en Andalucía hubiera desaparecido. Yo, que trabajo en la gestión de
la formación ocupacional desde hace 16 años, sé por experiencia que
cuando algún alumno encuentra trabajo después de finalizar un curso, y,
además, eso ocurre en muy pocos cursos, todos nos alegramos mucho porque
es algo raro, una excepción. Desde luego, la realidad está bastante
alejada de ese porcentaje y quien hace esa afirmación, en este caso el
Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, la realiza demagógicamente
sin haber recabado datos, para justificar tal despilfarro. De hecho, a
esta altura de nuestra democracia, esta claro para todo el mundo,
incluso para los beneficiarios, que estas subvenciones son para
financiar las superestructuras sindicales y empresariales, y que, si con
ese dinero se quisiera realmente crear empleo, sería más fácil montar
una empresa lo que generaría más puestos de trabajo que una formación
ocupacional en manos de estas organizaciones. Y además, eso queda
confirmado con el trato especial que se les da en el control y
seguimiento de los cursos. Cuando a una academia privada se le concede
un curso, la Junta de Andalucía le pide todas las facturas para que
justifiquen hasta el último euro de la subvención, pero, cuando es a
estas organizaciones, no se les pide nada, no hay ningún control sobre
ellos, y por ello, de vez en cuando, salta algún escándalo, porque
alguien denuncia que tal curso no existió o un fiscal pide facturas y
resulta que no existen. Son escándalos que los conocemos porque los
airea la prensa, pero que no tienen consecuencias para los implicados,
porque nadie toma cartas en el asunto y todo es silenciado
convenientemente.
Luis Fernando Barba. |
