Al menos dos tercios de todas las transferencias mundiales de armas realizadas entre 1997 y 2001 partieron de cinco de los miembros del G8: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania.

Estos países, así como otros miembros del G8 (Italia y Canadá), tienen distintas leyes que obligan a solicitar una autorización para realizar exportaciones militares. Japón las prohíbe oficialmente. Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional muestra en cada caso cómo estas medidas de control han sido ineficaces o se han eludido. Por ejemplo:

En el 2000, Francia suministró munición para armas pequeñas a Senegal. A lo largo de la década de 1990, Amnistía Internacional había documentado abusos contra los derechos humanos cometidos en Senegal con este tipo de armas, entre ellos muertes de civiles por disparos de las fuerzas de seguridad. En enero de 2001, un estudiante resultó muerto a causa de un disparo en el curso de unos enfrentamientos entre manifestantes y la policía que estallaron cerca de la Universidad de Dakar. El gobierno francés debía haber previsto que las transferencias de tales armas podían facilitar la comisión de abusos contra los derechos humanos en Senegal.

En julio de 2002, el Reino Unido autorizó la transferencia de sistemas de visualización frontal, o HUD (Head-Up Display) a Estados Unidos, donde iban a incorporarse a aviones de combate F-16 destinados a Israel. Los sistemas HUD permiten a los pilotos ver la información sobre los objetivos y las armas sin tener que mirar a instrumentos distintos. Ese mismo mes, Israel utilizó F-16 para lanzar una bomba de una tonelada sobre la ciudad de Gaza, matando a 17 personas e hiriendo a 70. Las medidas de control del Reino Unido no habrían permitido el envío de este material directamente a Israel. No obstante, sí permiten hacerlo a través de un destino intermedio. También se han utilizado en F-13 estadounidenses transferidos a Israel componentes informáticos canadienses.

Estados Unidos ha suministrado ametralladoras y fusiles militares a las fuerzas armadas colombianas a pesar de que se utilizan persistentemente para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos. Durante 2001, más de 4.000 civiles colombianos fueron víctimas de homicidios políticos, cometidos en su mayor parte por grupos paramilitares que contaban con el apoyo de las fuerzas armadas.

En el informe de Amnistía Internacional se demuestra también lo siguiente:

- cómo los traficantes y agentes de transferencias de armas que actúan en la mayoría de los países del G8 pueden armar a autores de abusos contra los derechos humanos con sólo realizar su actividad en "terceros países" donde las medidas de control son menos estrictas.

- cómo la mayoría de los gobiernos del G8 no tienen leyes que impidan la exportación de material de seguridad a fuerzas de seguridad extranjeras que se sabe que hacen uso indebido de instrumentos legítimos para infligir torturas o malos tratos o que suspendan el uso de material del estilo de las armas de electrochoque hasta que se conozcan perfectamente sus efectos.

- cómo, con la excusa de la "confidencialidad comercial", se deja de proporcionar a los legisladores, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, información significativa y oportuna sobre las decisiones relativas a la exportación de armas, menoscabando así el examen parlamentario del comercio de armas y la rendición pública de cuentas en relación con él.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que se establezca un tratado internacional sobre el comercio de armas para reforzar y armonizar las medidas nacionales de control y acabar con las transferencias de armas a autores de abusos contra los derechos humanos.

El coordinador del trabajo de Amnistía Internacional sobre el control de armas, Brian Wood, ha manifestado: "Una lección que el G8 debe aprender del conflicto de Irak es que no se puede permitir que la comunidad internacional suministre armas a quienes cometen violaciones graves de derechos humanos, envalentonándolos y recompensándolos así para que actúen con impunidad".

A la luz de los informes del inspector de la ONU, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China que publiquen la lista de empresas que suministraron tecnología a Irak para sus programas de armas químicas, biológicas y de otras clases.

Información general

1. Amnistía Internacional se opone a la transferencia de material, tecnología y expertos militares de seguridad o policiales si existen razones para pensar que pueden contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos en el país receptor. La organización ha pedido constantemente a los gobiernos del G8 que respeten este principio, que siempre han reconocido pero nunca han aplicado plenamente.

2. Han hecho las promesas siguientes:

Hace casi 10 años, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia y el Reino Unido firmaron, junto con otros Estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales, que obligan a los Estados participantes a evitar las transferencias de armas si cabe la posibilidad de que se utilicen para violar o suprimir derechos humanos y libertades fundamentales.

En 1998, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, se comprometieron, como miembros de la Unión Europea, a cumplir el Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. Canadá, Estados Unidos y otros Estados han manifestado su apoyo al Código. Este, aunque deja la decisión final sobre las exportaciones en manos de los gobiernos, establece que no se deben exportar armas a países donde se corra claramente el riesgo de que se utilicen para ejercer represión interna o donde se hayan cometido violaciones graves de derechos humanos.

3. La cumbre del G8 se celebrará en Evian-les-Bains, Francia, del 1 al 3 de junio de 2003.

Fuente: Amnistía Internacional