Entre el 8 y el 14 de marzo, en Teresina (estado de Piauí), el XXII Congreso de Andes (sindicato nacional de docentes universitarios) reunió a casi 400 delegados de base de todos los estados de la federación. Además de aprobar resoluciones combativas e internacionalistas, el sindicato discutió las perspectivas políticas abiertas por el gobierno Lula y su "paquete" de reformas reaccionarias, que superan en amplitud y profundidad de ataque a los trabajadores a las del gobierno derechista precedente, de Fernando Henrique Cardoso.

El más importante debate se trabó en torno a la Reforma de la Previsión Social, que prevé prácticamente la privatización del sistema jubilatorio, con ataques salvajes a la jubilación de los empleados públicos. Tal reforma se encuentra planteada en el PL (Proyecto de Ley) 9/99, heredado del gobierno anterior, ahora apoyado por el gobierno del PT. Se pretende "abrir" al capital financiero internacional un mercado superior a los 100 mil millones anuales de reales (más de 30 mil millones de dólares).

Con más del 90% de los votos, el Congreso decidió impulsar la huelga nacional de los profesores, y proponer la de todos los empleados públicos del país. Los llamados a "abrir un compás de espera" y dar un "crédito de confianza" fueron rechazados por la inmensa mayoría de los delegados, en un clima de gran combatividad, que concluyó con una marcha por las calles de Teresina junto a los compañeros del Mst (campesinos sin tierra) que ocupan uno de los principales latifundios de Piauí, con el campamento "Nossa Esperança".

Luiz Carlos Lucas, presidente de Andes (presente en la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, en Buenos Aires, de septiembre del 2002) dio a conocer la resolución del Congreso en entrevista a la TV Globo, y lo mismo hizo el vice-presidente, Osvaldo Coggiola, a la TV Record, ambas redes nacionales de televisión. Comienza la primer gran batalla de clase contra el gobierno centro-izquierdista del capital y el imperialismo.

Osvaldo Coggiola