Informe sobre la tortura en Euskal Herria 2002

El informe sobre la tortura en Euskal Herria de TAT constata, además de la persistencia de esta práctica, un incremento de las denuncias presentadas contra la Ertzaintza y que la Guardia Civil ha recuperado métodos no utilizados hace años como «la bañera». Junto a ello, Iñigo Elkoro destacó que el protocolo anunciado por Javier Balza para erradicar la tortura es «un engaño que han tenido que presentar ante el incremento de críticas a la Ertzaintza».

El informe sobre la tortura en Euskal Herria en 2002 elaborado por Torturaren Aurkako Taldea (TAT) denuncia que esta práctica sigue siendo una realidad, según destacaron Iñigo Elkoro e Izaskun González, representantes de este colectivo, que subrayaron que ya tienen datos para el informe del año que viene y recordaron que, mientras ellos comparecían por la mañana en Hernani, los detenidos por el cierre de "Egunkaria" seguían incomunicados.

González explicó que TAT ha constatado la existencia de 127 torturados y que han recogido 113 testimonios, de los que 97 han sido incluidos en el libro que presentaron ayer y que saldrá a la venta el próximo fin de semana al precio de 10 euros, en el que se incluye, por primera vez, un CD con fotos, vídeos y documentos.

De los testimonios recogidos en el informe, 59 corresponden a ciudadanos vascos detenidos por la Guardia Civil, 23 a arrestados por la Ertzaintza y 15 a detenidos por agentes de la Policía española.

Junto a ello, González destacó que la Guardia Civil ha recuperado modos de practicar la tortura que no se habían utilizado en los últimos años, como «la bañera», que se ha aplicado en dos ocasiones.

Además, subrayó que se han producido seis casos de agresión sexual a manos del instituo militar, de los que cinco corresponden a hombres y el otro a una mujer.

La representante de TAT también incidió en el incremento de denuncias contra la Ertzaintza, así como en «el salto cualitativo» que ha supuesto que este cuerpo «pase de la tortura sicológica a la física», mediante la obligación de mantener posturas forzadas, impedir conciliar el sueño o golpear a los detenidos hasta que pierden el conocimiento.

Por su parte, Iñigo Elkoro subrayó que, desde varios organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, se ha reclamado al Estado español que elimine la incomunicación de los detenidos.

En este sentido, denunció que el Gobierno español sigue manteniendo secuestrado el contenido de un informe elaborado por el CPT -dependiente del Consejo de Europa- en 2000 tras una visita a Euskal Herria, en el que se manifiesta la persistencia de la tortura.

Por otra parte, Elkoro rechazó que el protocolo anunciado por el Gobierno de Lakua para erradicar la tortura vaya a ser efectivo, tildándolo de «engaño». «Lo han elaborado para hacer frente a las críticas, pero no es ningún protocolo, sino que se limitan a cumplir lo que ordena la ley. Por ejemplo, que un médico forense atienda a los detenidos mientras dura la incomunicación es cumplir lo que establece la ley», añadió.

En este sentido, subrayó que, debido a los exámenes forenses de carácter físico, se ha incrementado la tortura sicológica, «que tiene un mayor efecto en los detenidos y deja unas consecuencias más graves».

Asimismo, recordó que TAT ha elaborado un decálogo para erradicar la tortura, en el que se proponen medidas como la supresión de la incomunicación, la asistencia de médico y abogado de confianza o la instalación de cámaras de vídeo.

Martxelo