Una
cierta sensación de malestar invade al ciudadano medio español. El
franquismo sociológico gana espacio social y la derecha consistente,
apiñada en torno al Partido Popular (PP), se siente eufórica y se
aprovecha para radicalizar su ideario liberal-conservador. El recurso
fácil a la descalificación del adversario aduciendo motivos de deslealtad
a la patria se convierte en el pan nuestro de cada día.
Para el actual presidente de gobierno,
José María Aznar, la transición ha llegado a su fin. El proceso abierto con
la muerte biológica del dictador Francisco Franco, en 1975, se cierra con su
triunfo electoral de 1996. Su reelección, cuatro años más tarde, constituye
el inicio de una etapa de afirmación política en la que no hay nada que
negociar o dialogar. El diseño de España ha concluido. Los más de 10
millones de votos obtenidos por el PP en 2000 se considera una afirmación de
su ideario político y de sus reformas. Comienza una nueva etapa. Es su
propuesta centro-reformista, defendida en enero de 1999 ante el décimo
tercer congreso de su partido. Con él "podemos ganar el futuro (...) Es el
momento para la reflexión, para la propuesta y para la acción. Son tiempos
de reformas..."
Así, las fuerzas políticas de oposición,
partidos y sindicatos deben cambiar su discurso y redefinir sus proyectos.
El consenso está resuelto. No hay asignaturas pendientes. En este contexto
no resulta difícil entender por qué el ex presidente Felipe González increpa
en público al nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, diciendo que su partido carece de
proyecto político. Los acuerdos de fondo se han consolidado. Por un lado,
monarquía y terrorismo. Por otro, la concepción de una España unitaria
fundada en el desarrollo de las autonomías regionales y el respeto a una
economía de mercado capitalista. Cuando se ponen en riesgo dichos pilares
emerge el pacto de Estado. La mayoría parlamentaria en sus votaciones
ratifica continuamente estas bases de legitimación. La nueva ley de partidos
políticos que permitirá la ilegalización de Batasuna es un buen ejemplo de
lo apuntado.
Tras el fin de la transición, el discurso
político debe modificarse. Los objetivos y la responsabilidad de los
gobiernos postransicionales se encuentran abocados a cambiar sus argumentos
retóricos. Los cambios propuestos se fundamentan en otro principio de
explicación. La globalización condiciona y afecta el campo de decisiones
política. Si los acuerdos firmados hasta 2000 entre empresarios, sindicatos
y gobierno han estado marcados por el espíritu de la transición, el diálogo
y la negociación política, hoy sus contenidos deben ceñirse a los requisitos
que impone una obligada e irrenunciable reforma del mercado de trabajo y las
relaciones sociolaborales. La racionalidad política de una economía de
mercado capitalista condiciona y precede toda la discusión. Por ello el
problema de fondo de la huelga general enfrenta dos criterios difíciles de
congeniar. Uno, el defendido por los sindicatos, específico de la
transición, abierto y dialogal, y otro cerrado e intransigente sin
fundamento democrático argüido por el gobierno, el PP.
Resulta significativo que 35 catedráticos
de derecho laboral de toda España, los más relevantes académicamente,
hayan firmado un escrito de fondo en el que interpretan la decisión del
gobierno, hacer uso del real decreto para imponer la reforma del desempleo,
como un cierre patronal legislativo. En sus conclusiones señalan: "lo que
los ciudadanos de este país no se merecen, en verdad, es que el gobierno
adopte, sin otro arsenal argumentativo que su 'soberana voluntad', una
medida que, además de poner en peligro valores tan estimables como la paz
social o la cohesión social, degrada el sistema democrático, empujándole
hacia una inquietante deriva autoritaria". Para el gobierno no existen
recortes en los derechos por desempleo. Por el contrario, el decreto-ley
supone, según sus ideólogos, favorecer la competitividad de los trabajadores
en paro al tiempo que agiliza la lucha contra el fraude en el cobro de las
prestaciones por desempleo (fraude que no supera 2 por ciento, según cifras
oficiales).
El decreto es considerado una ampliación y
no una reducción en los derechos laborales. Su argumentación se obstina en
señalar que la promulgación de la ley no tiene efectos retroactivos. Con
ello están reconociendo implícitamente que a partir de su entrada en vigor
sí los habrá. Resultaría contrario a derecho defender lo contrario. Por ello
se empeñan en contra atacar a los sindicatos y tildarlos de falsos. Son
caminos diferentes. El gobierno habla del presente inmediato y los
sindicatos del futuro. Efectivamente, los actuales beneficiarios del
desempleo no verán afectadas de inmediato sus prestaciones, no faltaba más.
¿Qué tal si mañana se impone por decreto-ley la pena de muerte por cualquier
delito mayor y se aplica con carácter retroactivo a los presos condenados
con anterioridad a otro tipo de condenas? Lo que resulta indigno es aprobar
la pena de muerte. Por ello el argumento del gobierno del PP es espurio. Los
cambios propuestos son para el mañana y afectan a todos los trabajadores que
pretendan acceder a las prestaciones por desempleo.
Cuatro son los puntos centrales que avalan
la huelga general: 1) El despido será más fácil y barato porque se eliminan
los salarios de tramitación vigentes desde 1926. Es decir, y la justicia en
España es lenta, en un juicio que tarde dos meses en declarar improcedente
un despido el trabajador no percibirá estos meses. Serán imputados como un
mes de paro. 2) Se recortan las prestaciones y se restringe el acceso de
futuros beneficiarios al desempleo. Se consigue que la indemnización por
despido y el patrimonio, vivienda por ejemplo, sean considerados parte de la
renta. Con ello si se supera 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional, 340 dólares aproximadamente, no se tendrá derecho a
subsidio. Además, el decreto-ley incorpora el cambio de los llamados fijos
discontinuos por la denominación de trabajadores de todo el año a tiempo
parcial. Esta medida deja sin cobertura de desempleo a cientos de miles de
trabajadores durante cuatro o cinco meses al año mientras los trabajadores a
tiempo parcial no reciben prestaciones hasta cumplir un mínimo de meses de
cotización. Educación, turismo y agricultura son los más afectados. 3) Se
elimina el subsidio para trabajadores eventuales del campo en Andalucía
y Extremadura al cambiar el número de peonadas exigidas al año. El resultado
es la crisis de los jornaleros y un paro sin prestaciones. 4) Se reduce el
tiempo de percepción de las prestaciones. Se considera que un trabajador en
paro debe aceptar cualquier empleo ofrecido por la oficina de desempleo aun
con un sueldo inferior al último trabajo o en condiciones de precariedad. De
no hacerlo verá suprimido su derecho a desempleo. Además, se considera un
trabajo adecuado la última labor realizada y cotizada. Así, por ejemplo si
un médico, ingeniero o maestro han trabajado como camareros y cotizado por
dicho oficio se considerará una oferta adecuada para ser aceptada como
pertinente a su formación.
En conclusión, los derechos de los
trabajadores se ven menguados. Los sindicatos llaman al combate después de
una política conciliadora, cuyo resultado, se quiera o no, culmina con este
decreto-ley. Los mayores beneficiarios: la patronal y las empresas privadas
promotoras del trabajo temporal. Ahora podrán contratar la fuerza de trabajo
a precio de saldo. La transición ha terminado. La democracia no está en el
horizonte de la España diseñada por el PP.
La Jornada