Los extranjeros detenidos por cualquier motivo podrán ser deportados en cuanto queden en condiciones de obtener su libertad condicional, en lo que significa un retorno a la ley de residencia de 1904, cuando el gobierno de Julio Roca ajustaba los mecanismos represivos contra los obreros europeos que organizaban sindicatos y huelgas en las riberas del Plata. Según los diarios, la norma que se estudia ahora obedece a un pedido de los Estados Unidos para reforzar la zarandeada "lucha contra el terrorismo".

Y, ya que hablamos de terrorismo, conviene recordar el desalojo propio de nazis cometido en la madrugada del miércoles 12 en un asentamiento de Villa Fiorito, donde grupos especiales de la Policía Bonaerense demolieron casas de material y derribaron chaperío, rompieron muebles, detuvieron y apalearon gente y hasta se llevaron presos a dos abogados que defendían a los nuevos "sin techo".

Además, ya se preparan razzias para detectar y expulsar inmigrantes indocumentados, tal como años atrás reclamara el burócrata sindical Gerardo Martínez, de la Uocra, quien atribuyó la desocupación a las corrientes migratorias y no a los vaivenes del mercado laboral capitalista.

Entretanto, se supo que boinas verdes norteamericanos ya están en la Argentina y hacen simulacros con el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la PFA. Mientras tanto, el jefe de la SIDE, Carlos Soria, se reúne con los jueces más reaccionarios (su líder es Alberto Santamarina, apellido de vieja raigambre conservadora y fascista), con funcionarios del Ministerio del Interior, de la Interpol y de la Policía Federal. Los mismos diarios que informan sobre estas conspiraciones proporcionan un dato clave: gobernadores y banqueros piden endurecer las medidas de seguridad ante la posibilidad de desbordes sociales generados por la crisis. Está claro que, a falta de zanahoria, los saqueadores sólo pueden contestar con el palo a las demandas del pueblo hambriento.

Por su parte, Mario Blejer, colocado por el FMI al frente del Banco Central, pide una ley de impunidad para los delitos que cometerá, según él mismo confiesa, al arbitrar entre los bandoleros que pugnan como perros por los pedazos del sistema financiero argentino, cuya "reestructuración", en cualquier caso, será pagada por los más de 70 mil millones de dólares robados al ahorro argentino.

Todo esto ocurre en un país donde se tienen seis millones de desocupados, donde el 53 por ciento de la población es pobre y el salario promedio de los trabajadores aún ocupados está por debajo de la línea de pobreza. Y el propio Fondo Monetario nos dice que lo peor todavía no se ha visto, puesto que, una vez firmado el acuerdo del gobierno con ese organismo de usureros, empezarán "los verdaderos sacrificios".

Civilización de piqueteros o barbarie capitalista

Los planes "jefas y jefes de hogar" ya desataron una lucha entre mafiosos por la repartija punteril que promovieron. Pero, además, al obligar a quienes lo reciben a una "contraprestación" promueven que los hoy desocupados reemplacen trabajadores de convenio y quede fijado un nuevo piso salarial de 150 pesos (35 dólares y monedas).

Frente a semejante panorama, el zarpazo represivo, el golpe de fuerza contra el pueblo argentino, la tendencia a gobernar por decreto e instaurar una dictadura policial que borre hasta los restos del andamiaje jurídico nacional, resulta del todo inevitable. Esa tendencia, digamos al pasar, se observa hasta en la Legislatura porteña, donde un proyecto de resolución fascistoide intenta eliminar las devaluadas funciones del recinto para transformar ese parlamento (que dejará de ser tal) en un apéndice del señor Ibarra, como, en la práctica, ya sucedió con los superpoderes otorgados al jefe de gobierno y con la aprobación por adelantado de la renegociación fraudulenta de los bonos de deuda externa de la Ciudad.

Por eso, también, el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, y el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, proponen derogar la ley de seguridad interior para que los militares vuelvan a espiar ciudadanos fronteras adentro y se organice un "superministerio" de represión para hacer frente a conflictos sociales. Por eso el viejo golpista Mariano Grondona le exige a Brinzoni un plan B, "por si las moscas".

Cuando tales cosas ocurren, ya no puede hablarse de "crisis de representatividad" sino del derrumbe de todo un régimen político incapaz de dar pan, de la disolución de las relaciones sociales capitalistas: he ahí la base material del fascismo, del golpe, de la barbarie represiva.

Y la barbarie es, precisamente, la única salida que puede ofrecer el capitalismo agónico, agotado históricamente. En nuestro caso nos ponen al borde de la hiperinflación, con todo lo que ella tiene de devastadora, económica y políticamente, para las masas populares. Por esa vía brutal eliminarán del mercado los capitales excedentes, resolverán las pujas entre ellos y, luego sí, podrán pensar en nuevo ciclo de acumulación.

En verdad, si la Argentina no está todavía sumida en la barbarie, si no se ha impuesto un retroceso histórico a nuestro grado de civilización, es gracias a la lucha del movimiento piquetero, de las asambleas populares, de los trabajadores que empiezan a arrancar sus organizaciones de las manos mugrientas de la burocracia sindical.

Así adquiere su sentido el reclamo popular: que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Desde el punto de vista del derecho positivo, esa manifestación política sólo puede significar la eliminación de un régimen político que tiene el espinazo quebrado, la expulsión de los bucaneros y su sustitución por un poder popular, por un gobierno de trabajadores.