Desbarranque represivo del régimen. Desalojos nazis,
razzias, intentos de quebrar lo poco que queda del andamiaje jurídico del
país. Reuniones de la SIDE con jueces ultramontanos, funcionarios de
Interior y jefes policiales. "Jefas y jefes de hogar": intento de
establecer un piso salarial de 35 dólares. La defensa de la civilización
en la Argentina ha quedado en manos de piqueteros, asambleas populares y
trabajadores en lucha. Nuestra salida
Los
extranjeros detenidos por cualquier motivo podrán ser deportados en cuanto
queden en condiciones de obtener su libertad condicional, en lo que
significa un retorno a la ley de residencia de 1904, cuando el gobierno de
Julio Roca ajustaba los mecanismos represivos contra los obreros europeos
que organizaban sindicatos y huelgas en las riberas del Plata. Según los
diarios, la norma que se estudia ahora obedece a un pedido de los Estados
Unidos para reforzar la zarandeada "lucha contra el terrorismo".
Y, ya que hablamos de terrorismo,
conviene recordar el desalojo propio de nazis cometido en la madrugada del
miércoles 12 en un asentamiento de Villa Fiorito, donde grupos especiales
de la Policía Bonaerense demolieron casas de material y derribaron
chaperío, rompieron muebles, detuvieron y apalearon gente y hasta se
llevaron presos a dos abogados que defendían a los nuevos "sin techo".
Además, ya se preparan razzias para
detectar y expulsar inmigrantes indocumentados, tal como años atrás
reclamara el burócrata sindical Gerardo Martínez, de la Uocra, quien
atribuyó la desocupación a las corrientes migratorias y no a los vaivenes
del mercado laboral capitalista.
Entretanto, se supo que boinas verdes
norteamericanos ya están en la Argentina y hacen simulacros con el Grupo
Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la PFA. Mientras tanto, el
jefe de la SIDE, Carlos Soria, se reúne con los jueces más reaccionarios
(su líder es Alberto Santamarina, apellido de vieja raigambre conservadora
y fascista), con funcionarios del Ministerio del Interior, de la Interpol
y de la Policía Federal. Los mismos diarios que informan sobre estas
conspiraciones proporcionan un dato clave: gobernadores y banqueros piden
endurecer las medidas de seguridad ante la posibilidad de desbordes
sociales generados por la crisis. Está claro que, a falta de zanahoria,
los saqueadores sólo pueden contestar con el palo a las demandas del
pueblo hambriento.
Por su parte, Mario Blejer, colocado por
el FMI al frente del Banco Central, pide una ley de impunidad para los
delitos que cometerá, según él mismo confiesa, al arbitrar entre los
bandoleros que pugnan como perros por los pedazos del sistema financiero
argentino, cuya "reestructuración", en cualquier caso, será pagada por los
más de 70 mil millones de dólares robados al ahorro argentino.
Todo esto ocurre en un país donde se
tienen seis millones de desocupados, donde el 53 por ciento de la
población es pobre y el salario promedio de los trabajadores aún ocupados
está por debajo de la línea de pobreza. Y el propio Fondo Monetario nos
dice que lo peor todavía no se ha visto, puesto que, una vez firmado el
acuerdo del gobierno con ese organismo de usureros, empezarán "los
verdaderos sacrificios".
Civilización de piqueteros o barbarie
capitalista
Los planes "jefas y jefes de hogar" ya
desataron una lucha entre mafiosos por la repartija punteril que
promovieron. Pero, además, al obligar a quienes lo reciben a una
"contraprestación" promueven que los hoy desocupados reemplacen
trabajadores de convenio y quede fijado un nuevo piso salarial de 150
pesos (35 dólares y monedas).
Frente a semejante panorama, el zarpazo
represivo, el golpe de fuerza contra el pueblo argentino, la tendencia a
gobernar por decreto e instaurar una dictadura policial que borre hasta
los restos del andamiaje jurídico nacional, resulta del todo inevitable.
Esa tendencia, digamos al pasar, se observa hasta en la Legislatura
porteña, donde un proyecto de resolución fascistoide intenta eliminar las
devaluadas funciones del recinto para transformar ese parlamento (que
dejará de ser tal) en un apéndice del señor Ibarra, como, en la práctica,
ya sucedió con los superpoderes otorgados al jefe de gobierno y con la
aprobación por adelantado de la renegociación fraudulenta de los bonos de
deuda externa de la Ciudad.
Por eso, también, el jefe del Ejército,
general Ricardo Brinzoni, y el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena,
proponen derogar la ley de seguridad interior para que los militares
vuelvan a espiar ciudadanos fronteras adentro y se organice un "superministerio"
de represión para hacer frente a conflictos sociales. Por eso el viejo
golpista Mariano Grondona le exige a Brinzoni un plan B, "por si las
moscas".
Cuando tales cosas ocurren, ya no puede
hablarse de "crisis de representatividad" sino del derrumbe de todo un
régimen político incapaz de dar pan, de la disolución de las relaciones
sociales capitalistas: he ahí la base material del fascismo, del golpe, de
la barbarie represiva.
Y la barbarie es, precisamente, la única
salida que puede ofrecer el capitalismo agónico, agotado históricamente.
En nuestro caso nos ponen al borde de la hiperinflación, con todo lo que
ella tiene de devastadora, económica y políticamente, para las masas
populares. Por esa vía brutal eliminarán del mercado los capitales
excedentes, resolverán las pujas entre ellos y, luego sí, podrán pensar en
nuevo ciclo de acumulación.
En verdad, si la Argentina no está
todavía sumida en la barbarie, si no se ha impuesto un retroceso histórico
a nuestro grado de civilización, es gracias a la lucha del movimiento
piquetero, de las asambleas populares, de los trabajadores que empiezan a
arrancar sus organizaciones de las manos mugrientas de la burocracia
sindical.
Así adquiere su sentido el reclamo
popular: que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Desde el punto de
vista del derecho positivo, esa manifestación política sólo puede
significar la eliminación de un régimen político que tiene el espinazo
quebrado, la expulsión de los bucaneros y su sustitución por un poder
popular, por un gobierno de trabajadores.
Red Latina Sin Fronteras