...Basamos nuestro punto de vista en la historia: el atentado de Oklahoma City dio nacimiento a la ley antiterrorista firmada en 1996 por Clinton; ahora bien, un aspecto siniestro de esta legislación llamada "ley para una pena de muerte efectiva" ponía en práctica la erosión más inquietante del intangible principio del habeas corpus por primera vez en 200 años. Del mismo modo, 5 años después, las medidas antiterroristas impuestas por George W. Bush son, desde ahora, portadoras de consecuencias liberticidas para el universo carcelario americano. Basamos, igualmente, nuestro punto de vista en hechos: ¿no enviaba un alto funcionario británico una nota a uno de sus colegas sugiriéndole que era preciso aprovecharse de la guerra para pasarse a escondidas "las malas noticias"?. Desde el 23 de septiembre, nosotros habíamos llamado la atención sobre los atentados contra los derechos más elementales de nuestros prisioneros, escudándose en el "estado de excepción" creado por la guerra y que llegaba hasta el espectro de ejecuciones extrajudiciales. En fecha más reciente, una parte, a la que se presta poca atención, de la legislación antiterrorista, impuesta a América, prácticamente de modo unilateral, por Bush, permite al FBI y al Departamento de Justicia interceptar y leer el contenido del correo de todos los presos americanos, incluida la correspondencia y sesiones de trabajo, hasta ahora confidenciales, entre los presos y sus abogados.

En este deletéreo clima de censura, de tentación de tortura y de militarización de la justicia (tribunales militares que juzguen a los acusados de terrorismo), nos enteramos, sin sorpresa, que la jueza Dembe del Tribunal Superior de Pennsylvania acaba de rechazar definitivamente la petición de Mumia de un nuevo proceso, bajo pretexto de que la declaración de Arnold Beverly - que se confiesa autor del crimen imputado a Mumia - es sólo el producto de un fenómeno de mitomanía o de fabulación frecuente en ciertos testigos de última hora. Nosotros deseamos plantear aquí algunas cuestiones a la jueza Dembe y al sistema judicial de los Estados americanos que practican la pena de muerte.

- Si Beverly pretende "darse autobombo", ¿cuál será su ganancia, salvo la silla eléctrica, la cadena perpetua o una ejecución salvaje por obra de los que le han encargado la faena? (Arnold Beverly, en efecto, se sirve de un contrato mafioso que aceptó para asesinar al policía Faulkner, que investigaba demasiado de cerca la corrupción policial en Filadelfia).

- Si Arnold Beverly fuera un caballo de Troya o un provocador infiltrado en el dispositivo de la defensa para hacer fracasar las pruebas de la inocencia de Mumia en toda la línea, ¿no tendría la acusación más bien interés en que aparezca en el estrado?

- ¿Por qué el Estado de Pennsylvania, sus jueces elegidos y su policía - la más corrompida de la nación, después de la de Los Ángeles - tienen tanto miedo de Arnold Beverly y de lo que sabe?

- ¿Cómo es posible que Beverly testimonie de forma tan detallada sobre los hechos que él no habría podido conocer sin haber estado físicamente implicado en la muerte por bala del policía?

- ¿Cómo puede darse que los detalles dados por Beverly cubran las lagunas existentes, corroboren los datos balísticos y legistas, y aclaren, en fin, las contradicciones y las inconsistencias de los testigos de cargo, sobre todo en lo que se refiere a la utilización de prostitutas como confidentes, ya aun mucho antes del caso Faulkner, para ayudar a la policía a poner trampas a inocentes y enviarlos a la cárcel o a la muerte?

- ¿Cómo la Señora Jueza puede pasar en silencio, en su enunciado de juicio, la carta que ella recibió, unos días antes, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, donde se detallaban los tratados, cartas y convenciones internacionales (a los que se supone que los USA están adheridos) que estipulan que no puede haber acta de prescripción, cuando se trata de presentar a la justicia las pruebas de la inocencia de un prisionero, y eso sin hablar de la oposición de esas legislaciones internacionales a la pena de muerte? ¿Se trata acaso del hecho de que ésta está firmada, entre otros, por el abogado de Nelson Mandela, que incita a la Señora jueza a pasar por alto la creciente dimensión internacional de este asunto?

- ¿Cómo esta Señora puede pasar por alto la petición del equipo de defensa que solicita se incluya en el dossier un brillante artículo sobre la suerte de los inmigrantes italianos, Sacco y Vanzetti, ejecutados, a pesar de la confesión de un tercer hombre y por obra del racismo y la xenofobia de esos jueces- turbadora semejanza con el dossier de Mumia?

- ¿Cómo puede esta Señora obviar la discusión de un célebre precedente jurídico que se impone por sí misma: la ejecución de Herrera, cuya inocencia había sido, en fin, demostrada con pruebas por su abogado, pero "fuera de plazo"? (el Tribunal Supremo de los EE.UU. dictaminó entonces que una ejecución es justa cuando las pruebas son examinadas dentro de los plazos procesales requeridos. Hay, pues, un plazo fuera del cual "la inocencia deja de ser una defensa").

Es cierto que la desestimación por el Tribunal Superior del Estado deja a Mumia un margen muy estrecho: sólo queda la decisión del juez federal Yohn en lo que queda del dossier de Mumia, y Yohn ya en dos ocasiones manifestó que rechaza oir la declaración de Beverly. Si la decisión de Yohn es negativa - y este juez nunca dejó de dar pruebas de su hostilidad -, queda abierta la vía a un tercer mandato de ejecución, sin otra esperanza de apelación que ante un Tribunal Superior Federal, tradicionalmente muy conservador, y ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, hasta ahora, ha rechazado todas las apelaciones de Mumia.

Y, sin embargo, el rechazo de Dembe nos viene a nosotros, militantes, como pan bendito: la histeria ligada a la guerra americana y cuidadosamente manipulada por el equipo de Bush, había relegado a la sombra el grave problema de la pena de muerte en los USA, causa de pérdidas civiles si la hay. El fin de la no-aceptación de pruebas de la inocencia de Mumia por uno de los Estados americanos más retrógrados en materia de política carcelaria pone en primer plano de importancia los dossiers de nuestros prisioneros políticos y de la pena de muerte de un país , cuyo presidente tuvo la osadía de decir recientemente, en su alocución ante las Naciones unidas: "Los talibanes son, a los ojos del mundo entero, culpables de matanzas de inocentes".