La gente se preguntará por qué unos cuantos locos y locas estudiantes y trabajadores/as de la universidad se encierran en un edificio frío e inhóspito, cortan carreteras, se manifiestan por la calle, salen a Canovas a dar las tutorías, y múltiples locuras más, para tratar de llamar la atención acerca de una ley que únicamente defiende el partido del poder y sus afines. Pues bien, no estamos locos, sabemos por que no queremos esta ley:

En primer lugar esta Ley Orgánica de Universidades ha sido elaborada por un grupo de poder en solitario sin contar con los afectados, con los componentes de la comunidad universitaria. No se han creado los foros de discusión ni las consultas previas a todas las iniciativas legislativas, como ha de ser en un sistema supuestamente democrático. Falta por lo tanto el diálogo y el consenso necesarios para que una ley fragüe y se asiente con legitimidad sobre la comunidad o colectivo al que afecte.

No sólo ha sido creada por unos pocos a las espaldas de la mayoría sino que además, cuando sea vigente permitirá que esos pocos sean quienes controlen la universidad pública (de todas y todos). Por ejemplo el profesorado funcionario, ya establecido y normalmente de los sectores más conservadores de la universidad, tendrá un peso del 51% sobre la elección del Rector (por sufragio universal ponderado) y una representación del 51% en el Claustro. Este sector pasará a ser tan sólo la mitad del profesorado y decidirá más que ningún otro colectivo universitario. Aprovechamos para comentar que habrá hasta un 49 % de profesores contratados, ahora son menos del 30%; más precarización laboral servida.

Otro punto importante es sobre la autonomía de la universidad; ésta se verá mermada seriamente cuando sean los integrantes del Consejo Social (formado por miembros ajenos a la universidad: empresarios, miembros del gobierno autonómico correspondiente, personalidades de la vida cultural...) quienes decidan los presupuestos de la universidad. Ya que estamos con los presupuestos: sobre la financiación nada se concreta en la LOU. No se marcan los cauces por los que se asegure una financiación reguladora suficiente y sobrada a una universidad pública, de, por y para la sociedad. Si que se estipula sin embargo que ha de darse más cabida a la iniciativa empresarial privada en la financiación tanto de la investigación como de los presupuestos generales, vía donaciones de antiguos alumnos, fundaciones y demás entes altruistas que no pedirán nada a cambio, suponemos ¿no?.

Si esta financiación de iniciativa privada falla, quién pagará la universidad de todos. Pues los que ya están en ella: recortes de gastos en personal, subida de tasas, reducción de becas...

No sólo no se asegura en el texto de ley el que todos y todas tengan derecho a una enseñanza superior independientemente de sus posibilidades económicas sino que se deja en manos de las universidades los mecanismos de acceso: por ejemplo mediante entrevista personal (léase enchufismo), expediente de bachillerato, examen por facultades, etc. Si quieres probar a entrar en 4 universidades tendrás que pasar 4 pruebas distintas como mínimo en los puntos más diversos de la geografia española, y eso sin asegurarte el acceso. Así pretenden aumentar la movilidad estudiantil.

Nosotros exponemos nuestros argumentos mientras quienes han elaborado esta ley (la ministra entre ellos) únicamente tratan de descalificamos.

¿A qué nos lleva todo esto?: a una universidad elitista en la que estudiarán quienes puedan pagárselo. Con grandes diferencias entre unas universidades y otras. Se acentuará el abismo ya existente entre los centros de mayor dotación de infraestructuras y personal y las universidades más modestas y recientes como la nuestra, la extremeña.