Liquidación de la protección social colectiva

Cada vez que se acomete una nueva reforma sobre los derechos laborales se repite la misma liturgia. Empiezan los "expertos" a lanzar ideas sobre tal o cual aspecto del asunto, a esos expertos les siguen a coro desde los medios de comunicación todo tipo de personajes, más tarde entran en liza, ya directamente, políticos de aquí y de allá, y finalmente los "interlocutores sociales" aportan su granito de arena a la ceremonia. Unos, la patronal, irán más allá, otros, los sindicatos vendrán más acá, pero ambos dispuestos a negociar y hablar "democráticamente".

La continua reforma de los sistemas de pensiones es uno de los campos predilectos de estos perennes reformadores. Nunca nos falta el comentario de algún experto, ya sea en derecho laboral, ya sea en economía, ya en demografía, alarmando sobre la crisis inminente de las coberturas sociales colectivas, unas veces el objetivo es las pensiones, otras la sanidad, otras las prestaciones de desempleo o las farmacéuticas.

No hace mucho era la OCDE la que decía sin ningún rubor, desde sus informes periódicos, que las pensiones españolas eran demasiado generosas y apremiaba para que los responsables políticos y sociales se pusieran a recortar prestaciones y a fomentar la cobertura individualizada, vía planes de pensiones, a fin de compensar las negras perspectivas que el sistema público de pensiones español padece, dada nuestra evolución demográfica.

La cobertura colectiva de las pensiones, o sea, los sistemas públicos de pensiones en los que el estado garantiza el cobro de una pensión al dejar de trabajar, ya por edad, ya sea por enfermedad, son el gran objetivo de los últimos años.

Hagamos memoria y veamos la evolución que van siguiendo las predilecciones de la sucesivas y acumulativas reformas.

Atendiendo a la forma de cubrir las prestaciones los sistemas de pensiones puede ser de capitalización o de reparto. En los primeros cada persona va capitalizando individualmente con sus cotizaciones la futura prestación, en los segundos, las cotizaciones de los actualmente activos financian las prestaciones de los ahora inactivos. Si lo miramos desde el punto de vista de la cobertura, en los sistemas profesionales las prestaciones dependen de las cotizaciones que cada cual haya hecho y por tanto solo tienen derechos los que contribuyen, en cambio los llamados sistemas universales cubren a toda la población y las prestaciones no dependen de las cotizaciones particulares de cada cual. Si nos fijamos en quien garantiza las pensiones, se dice sistema público cuando es el estado y se llama sistema privado cuando la cobertura está garantizada por alguna entidad privada.

La tendencia de todas las reformas es ir de lo universal a lo profesional, del reparto a la capitalización y de lo público a lo privado.

Cuando se defiende la separación de las fuentes de financiación del sistema de pensiones, lo que se está diciendo es que hay que delimitar aquellas partes del sistema que son contributivas, o sea, que se nutren de las cotizaciones de trabajadores y empresas, de aquellas otras no contributivas, es decir aquellas que se refieren a los complementos a mínimos de las pensiones de menor cuantía y de las pensiones no contributivas. Se supone que las prestaciones del primer conjunto se deben nutrir exclusivamente de las cotizaciones, mientras que el segundo grupo se debería financiar con las aportaciones del estado por la vía de los presupuestos. Pero si se defendiera un sistema universal, o sea que cubriera todas las prestaciones independientemente de las cotizaciones, sería indiferente de donde provinieran los recursos. La cuestión sería que la caja de la Seguridad Social recibiría aportaciones de diferentes fuentes (cotizaciones sociales, aportaciones presupuestarias, etc.) y garantizaría el pago de unas pensiones también universales para toda la población en edad o circunstancias de recibirlas. Si tiene sentido separar esas fuentes es para, seguidamente, demandar el equilibrio financiero de la parte que se nutre de las cotizaciones, y en pos de ese equilibrio meter la permanente necesidad de acomodar la cuantía y las condiciones de cobro de una pensión a esas necesidades financieras del sistema. O sea, la parte cuantitativamente más importante del sistema público se somete a cuestiones meramente financieras y, supuestamente, ajenas a cualquier posición ideológica.

Ahora, sería la necesidad de que el sistema esté equilibrado financieramente lo que demandaría las sucesivas reformas y la pensión dejaría de ser un derecho básico y pasaría a ser una mera transacción comercial similar a la cobertura que nos pueda ofrecer una compañía de seguros, aderezada, eso sí, con la inquebrantable adhesión de políticos de toda laya que juran y perjuran que las pensiones son sagradas, pero en abstracto y sin entrar en los pormenores.

Ya tenemos el escenario para justificar las sucesivas reducciones de las prestaciones: ampliando el periodo de cómputo al hacer el cálculo de la base reguladora; endureciendo las condiciones de cotización mínima, en número de años, para cobrar el cien por cien de esa base reguladora; alargando el periodo mínimo de cotización para el cobro de la prestación, etcétera.

Se consiguen varios objetivos con esos recortes. Primero, como hemos dicho, transformar el sistema en uno de tipo profesional, mucho más insolidario e individualista que el universal, pero además los colectivos de personas que quedan al margen del sistema cada vez son mayores, dada la alta precariedad en el empleo y la, cada vez menor, existencia de empleo fijo y duradero. Esto, junto al recorte económico de la prestación será la coartada perfecta para fomentar la constitución de planes de pensiones individuales como forma de complementar la cada vez más exigua pensión.

Se ha transformado lo universal, de reparto y público en profesional, de capitalización y privado. Pasamos de conceptos colectivos y de solidaridad a individuales y competitivos, de cubrir socialmente la jubilación o la enfermedad, a que cada cual se cubra individualmente las contingencias de su futuro.

A todo ello hay que añadir que la parte del sistema que previamente se había separado, o sea la parte no contributiva (los complementos a mínimos y las prestaciones asistenciales no contributivas) no se queda a resguardo de los recortes. Estos se jalearán desde la necesidad de mantener un presupuesto del estado equilibrado con el objetivo del déficit cero. Es decir, las partidas presupuestarias destinadas a cubrir esas prestaciones vendrán también reducidas amparándose ahora la cuestión en que, desde el punto de vista del "interés general", el estado ha de reducir la presión fiscal y por tanto los ingresos fiscales y de mantener la disciplina presupuestaria, de modo que no habrá más remedio que mantener un férreo control sobre el gasto público, y más en la parte de transferencias del mismo como son los gastos sociales.

La idea justificadora de toda la reforma es siempre la evolución demográfica de la sociedad. Se dice que las poblaciones de las sociedades avanzadas, como la nuestra, envejecen y así la proporción de la población joven respecto a la vieja va decreciendo. Cada vez hay menos activos para trabajar y costear las pensiones del cada vez mayor número de inactivos. Las sociedades no crecen en población, envejecen y la esperanza de vida se alarga, por tanto la carga a soportar aumenta.

Pero esa idea es falaz en varios sentidos. Por un lado no se dice que ese problema, si es que realmente lo fuera, lo sería tanto en un sistema público como en uno privado, o en uno de reparto como en uno de capitalización. Si el envejecimiento de la sociedad afecta a su pulso económico este se debilitará de todas formas y por tanto la rentabilidad financiera de los ahorros, estén de la forma que estén, se verá afectada. Pero además cuando se estudian las previsiones a largo plazo de los grandes proyectos económicos de los más poderosos del mundo, por ejemplo el de la Unión Europea, en ninguna de esas previsiones se contempla escenarios de declive económico, sino todo lo contrario.

Pero encima, resulta paradójico que en un mundo en el que uno de los grandes problemas es el aumento explosivo de la población que junto a la miseria en la que viven las tres cuartas partes de ese mundo genera inmensos flujos migratorios hacía los países más ricos, se diga que, precisamente en esos países del norte, falta gente para trabajar. Es justamente de lo que más hay, gente deseosa de venir para incorporarse al trabajo.

Seguir utilizando la justificación demográfica para recortar la amplitud de los sistemas de protección social al mismo tiempo que se promulgan duras leyes de extranjería que prohiben la entrada de miles de jóvenes ansiosos por suplir a la escasa juventud autóctona, es una hipocresía descomunal y una desvergüenza intelectual para quien la utilice.

Las razones reales para desmantelar los sistemas de pensiones son otras. Desde la teoría liberal, e incluso desde algunas de las ramificaciones modernas del llamado pensamiento económico Keynesiano inspirador de la izquierda oficial de la posguerra, se afirma que entre las políticas de oferta que se han de aplicar para incentivar el crecimiento económico, destacan las referidas al mercado laboral. Las cotizaciones sociales actúan, según estas teorías, como un impuesto, generando una pérdida irrecuperable de eficiencia económica al mantener una "cuña fiscal" que impide que se emplee más mano de obra. Es decir, que la diferencia entre lo que la empresa paga y lo que el trabajador cobra, o sea, las cotizaciones sociales, ha de ser reducido para conseguir que se contrate más factor trabajo, actuando este aumento de dicho factor como una palanca para aumentar la oferta total de la economía y el consiguiente crecimiento económico. Es esta la ideología subyacente en todas las recientes reformas laborales, tanto las de la "derecha" (PP) como las de la "izquierda" (PSOE).

Se comprende entonces que se tenga la idea de que los sistemas de pensiones van a tener problemas en el futuro, pero no por razones demográficas, como demagógicamente se afirma, sino porque se está defendiendo que una de las fuentes de financiación de dichos sistemas, las cotizaciones sociales, hay que reducirlas. Dichas cotizaciones son consideradas un estorbo en el mercado laboral. Si además, recordamos que la parte no contributiva también se defiende que sea reducida por razones presupuestarias, como dijimos más arriba, nos queda que lo que se está proponiendo es desmantelar toda una concepción colectiva de la protección social y dejar dicha protección en manos de sistemas individuales

Asimismo se trata también de llevar todo el ahorro de la sociedad a los mercados financieros. Se dice que es ahí donde se obtiene la máxima eficiencia económica y que dejar grandes masas de dicho ahorro en fondos como la seguridad social gestionados con criterios ajenos al máximo beneficio y con criterios de solidaridad, es un derroche. De esa forma se vende al ciudadano que cada cual cotiza para él y que el fruto, más o menos especulativo, de sus ahorros será para él exclusivamente. Se consigue así reunir inmensos volúmenes de ahorro cautivo en manos de los gestores de esos planes de pensiones que le otorgan un poder económico y político de magnitud internacional. Los apoyos legislativos a esta opción son continuos y han recibido la gustosa colaboración de los sindicatos oficiales, que no sólo han estado de acuerdo sino que han montado sus propias gestoras de planes de pensiones.

La teoría liberal más utópica, en el peor sentido de la palabra, viene a reforzar su modelo de pensamiento también en lo tocante a la cobertura de las contingencias de la edad y de la salud: la sociedad, para ella, es un conjunto de individuos que cada uno va a lo suyo y que intenta obtener el máximo beneficio monetario en cada una de sus decisiones, dentro de este marco, nada es más eficiente que dejar que cada cual se busque la vida ahorrando, invirtiendo y rentabilizando individualmente para asegurarse su futuro. Lo colectivo es ineficiente y despilfarrador por definición, para estas concepciones.

Por ello los sistemas de ahorro colectivos en los que cada cual aporte según sus posibilidades y que garanticen unas prestaciones comunes a toda la población, son reliquias románticas del pasado. En cambio, los modernos sistemas de planes de pensiones, en los que el ahorro está individualizado, pero cuya gestión está centralizada en manos de grandes agencias inversoras, con más arriba dijimos, son la panacea. En estas últimas instituciones las inversiones en los volátiles mercados financieros se guiarán por una buena combinación de rentabilidad y riesgo persiguiendo poder dar el máximo beneficio monetario a cada cliente. Cada futuro jubilado se convierte así en un inversor financiero por delegación. Se ha operado, por tanto, la transmutación del ahorro colectivo que son las cotizaciones sociales en ahorro particular y privado. Los criterios de derechos básicos y solidaridad dejan paso a los criterios de máximo beneficio e insolidaridad. Lo que antes podía ser una renta del trabajo de cobro diferido se convierte ahora en una renta del capital. Los futuros jubilados pasan así a engrosar el ejército del capitalismo popular, esa cosa tan de moda ahora.

Pero todo ese gran viraje que hemos intentado describir se ha realizado con la inmejorable colaboración de la "izquierda". Tanto las reformas en los sistemas de pensiones, como en los mercados laborales o en las normas fiscales fomentando los planes de pensiones, se han realizado con la colaboración de los sindicatos oficiales y los partidos de "izquierda". Desde la aceptación del falso escenario que los exégetas del liberalismo plantean con los negros nubarrones demográficos, o la asunción, asimismo, de las sucesivas reformas laborales en las que se acometen continuas rebajas de las cotizaciones sociales, asumiendo, por tanto, el discurso de que dichas cotizaciones entorpecen la marcha de la economía por la vía del mercado laboral, hasta dando por victorias propias los conceptos de "separación de fuentes de financiación" cuando no son otra cosa que la conversión de sistemas universales en sistemas profesionales y la antesala de los recortes de las prestaciones.

Sin olvidar la sabrosa colaboración que los sindicatos oficiales han hecho al meter a miles de trabajadores en planes de pensiones de empleo, montando sus propias entidades gestoras de dichos planes y obteniendo sus correspondientes beneficios económicos por la gestión de esas entidades. Han colaborado así a que la cultura de los Planes, como forma de mejorar las futuras jubilaciones, cale entre los trabajadores y abandonemos paulatinamente el asidero de la protección social colectiva de los sistemas de pensiones públicos. En vez de caminar hacía modelos solidarios se ha labrado el terreno para que los modelos más injustos se abran paso.

Y no hay excepciones PSOE, IU, CCOO, UGT, CGT, … han colaborado de una u otra forma y en mayor o menor grado a ese proceso. El deambular ideológico de los últimos años de la supuesta "izquierda" y del sindicalismo moderno han propiciando en este asunto, como en tantos otros, que la derecha nos cuele de matute todo un cambio de concepción de la protección social colectiva que había costado muchos esfuerzos y tiempo conseguir.