El agua es un elemento esencial de identidad y articulación de territorios, tanto en la montaña, como en el llano y en las zonas urbanas. En el Libro Blanco, presentado por el gobierno del PP se ofrece como única solución la necesidad de realizar grandes trasvases desde el río Tajo, y sobre todo desde el Ebro (en este caso 1000 Hm³ ) hacia el sudeste dela Península, y más concretamente hacia la región murciana y el Levante.

La oferta trasvasista y el plan de obras de regulación necesarias en el Pirineo para el desarrollo de esta política son dos caras de la misma moneda, que pese a ser mutuamente excluyentes han creado un ambiente de expectativas que satisface a unos y a otros. A unos porque ven en estas grandes obras hidráulicas la esperanza de que los anhelados trasvases puedan ser un día realidad; a otros porque piensan que estas obras van a posibilitar una nueva gran expansión del regadío en regiones de secano aragonesas y zonas del Levante español.

En Aragón, por ejemplo, al igual que en el resto del Estado, el debate hidrológico está profundamente distorsionado por un discurso que todavía ve en el regadío el talismán del desarrollo económico y social del país, la prosperidad generalizada y la solución al abandono del mundo rural.

La Administración se ha mostrado siempre proclive a este discurso del regadío y de la oferta de agua, no entendiendo el diálogo social en otros términos que no sean las compensaciones a los directamente afectados.

Pero sin duda alguna los grandes trasvases promueven un desarrollo desequilibrado e injusto, concentrando la población en el arco mediterráneo ( promoviendo un desarrollo turístico insostenible) y desactivando económica y socialmente las áreas del interior.

Los grandes trasvases exigirían la construcción de nuevas grandes presas, especialmente en el Pirineo (Santaliestra, Jánovas, Yesa, Biscarrués,...). El gobierno central, como el aragonés, desean lo mismo: la inundación de más pueblos y valles para su propio beneficio en materia de votos, y sobre todo para llevar a cabo su objetivo: el gran pelotazo hidráulico de constructoras, hidroeléctricas, multinacionales de gestión de aguas, grandes propietarios agrícolas, etc.

En medio de esta situación se desenvuelve el discurso político del agua en Aragón, diluyendo sus energías en un permanente estado de ambigüedad, incapaz de modular las exigencias de los grandes sindicatos de regantes, que partiendo de un sentido patrimonial de los ríos aragoneses entienden que el estado y la sociedad tienen una deuda histórica con ellos. Ambos, gobierno aragonés y sindicato de regantes, se mueven en la paradoja imposible de exigir la ejecución de ese gran plan de embalses con cargo al Estado, y al mismo tiempo, oponerse a la política trasvasista.

Hasta la fecha actual, la política hidráulica ha conseguido un desolador balance: 1000 embalses construidos (con los consiguientes 500 pueblos inundados), la mayoría para crear regadíos (en los que se utiliza el 80% aproximadamente del consumo total del agua) en los que se emplea mucha más agua de la necesaria.

Y el nuevo Plan Hidrológico Nacional sigue sin plantearse una utilización consecuente de los recursos hídricos, y proponiendo de nuevo las soluciones más drásticas a corto y largo plazo: realizar embalses y trasvases.

Qué duda cabe que se desoyen interesadamente las alternativas lógicas y consecuentes: disminución de consumos, depuración, control efectivo de la contaminación continuada de aguas, aprovechamiento de aguas subterráneas,...

Porque en líneas generales, el Plan (éste al igual que los anteriores) potencia un tipo de economía neoliberal, en la que los recursos hídricos son tratados con fines productivistas y mercantilistas, sin atender a la naturaleza social y ecológica del agua.

Trataremos ahora las consecuencias negativas más importantes que acarreará la puesta en marcha de este Plan:

· se verán afectadas varias zonas de especial protección para aves

· futuro incierto a medio y largo plazo de los recursos hídricos, pues no se tiene en cuenta la reducción progresiva del agua, exagerando la cantidad de ésta, y no se presta atención al proceso de cambio climático (disminución de caudal, que afectará al delta del Ebro, provocando la erosión y progresiva desaparición de éste; aumento de la contaminación de los ríos; descenso del nivel freático y de aguas subterráneas; se extenderá la sequía)

· inversiones multimillonarias en grandes construcciones e infraestructuras con gran impacto medioambiental y social que solo beneficiarán a unos pocos (inversiones desorbitadas para proporcionar agua a bajo o nulo coste para nuevos regadíos; desviación del presupuesto público; beneficios para las hidroeléctricas, entre otros,...)

· inundación de pueblos en los Pirineos debido a la creación de nuevos embalses, afectando irremisiblemente a zonas de gran riqueza ecológica.

Esto es solamente una muestra de las consecuencias más visibles de esta política ultradesarrollista del capitalismo que, se mire por donde se mire, es una auténtica ABERRACIÓN ECOLÓGICA (entre otras cosas).

CNT de Zaragoza