En el pasado mes de junio Huelva fue el escenario de movilizaciones por parte de la comunidad trabajadora inmigrante. Juventudes Libertarias y CNT estuvieron cerca de dichas protestas y lo que a continuación se reseña es una crónica de las mismas, dando nuestra visión de las mismas y de lo que nos espera en el futuro.

La población inmigrante trabajadora de Huelva está vinculada a la recolección de la fresa (febrero-mayo), cuyo cultivo se extiende por las comarcas de la Costa, la Campiña y, en menor medida, el Condado. La propiedad de la tierra suele estar organizada en base a minifundios englobados en el seno de seudo cooperativas, de cuyas nefastas condiciones de trabajo y enormes beneficios pueden dar testimonio compañeras que han pasado por dichos antros de explotación. Imaginemos pues la situación de l@s trabajador@s inmigrantes, en su mayoría además en situación no legal. Esto nos da un producto o marca famosa con enormes beneficios cuyo rostro de miseria y explotación parece importar a bien poc@s. Coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de extranjería, se produjeron en el municipio una serie de movilizaciones en demanda de la regularización. Desde el principio se comprobó la enorme división que sufría el colectivo de inmigrantes, ya que los ecuatorianos optaron por encerrarse, por espacio de unos días, en una iglesia y no acudir a una manifestación convocada por trabajadores magrebíes que previamente habían abandonado un encierro paralelo. La situación acabó con el conocido viaje a Ecuador de l@s primer@s y con la disolución de la segunda protesta.

El inicio de las protestas de junio coincidió con el fin de la recolección de la fresa y cuando un buen número de inmigrantes ilegales acudieron a comisaría para su legalización. Un gran número de inmigrantes ilegales trabajaron, pues, en la recolección, ya que la patronal de la fresa amenazó con hundir la economía de la provincia paralizando la recolección si no se le permitía emplear a dichos trabajdor@s , pese a las multas que la nueva ley imponía. El Estado acabó cortando la cuerda por el lado más flojo: escasas inspecciones de trabajo de las nefastas condiciones laborales, multas simbólicas y dejar pasar la campaña.

Al finalizar la misma, l@s inmigrantes optaron por no sufrir más humillaciones y defender activamente sus reivindicaciones ocupando la Biblioteca Provincial, hasta que sus reivindicaciones no fueran atendidas. En esos momentos, la situación en Huelva era muy favorable para una movilización de esas características, ya que hay que tener en cuenta que en ella se encontraban miles de inmigrantes en situación no legal la mayoría, a causa de las nefastas condiciones laborales y de la incertidumbre ante el futuro. En efecto, se fueron incorporando más inmigrantes hasta llegar a protagonizar en el plazo de unos diez días cinco encierros en los que participaban alrededor de 800 inmigrantes, de los cuales una gran parte adoptó una medida aún más fuerte al declararse en huelga de hambre. La respuesta del gobierno, a través del subdelegado del gobierno, Carmelo San Martín un fascista de mucho cuidado fue la esperada: que no emprendería conversaciones con los inmigrantes bajo el chantaje de los encierros, olvidando que chantaje y violencia es lo que comete diariamente el estado y el capital con sus ciudadan@s.

En cuanto a los entes institucionales, diremos que, cuando empiezan las reivindicaciones de un sector de inmigrantes, ciertos colectivos se ponen al frente de sus reivindicaciones, principalmente Asociación Pro-Derechos Humanos Huelva, Sindicato Unitario, ODITE, e IU y de una manera más folklórica CGT y Huelva Acoge. La unión de estos colectivos denotó la intención de que tales movilizaciones no se les fueran de las manos. Asimismo la reivindicación única y exclusiva fue el inicio de un periodo de regularización extraordinaria, siendo estos colectivos quienes tramitasen esta situación mutando su supuesta labor social en un cuerpo burocrático, sin cuestionar nunca las condiciones laborales que sufren l@s inmigrantes.

De esta situación destacan la poca participación de la población onubense e incluso la de los propi@s afiliad@s de las organizaciones implicadas. Y es que la labor informativa a la sociedad ha brillado por su ausencia, al centrarse estos colectivos en labores burocráticas; si añadimos a esto una escasez de medios, la situación es insostenible. Según suele pasar en estos casos, el dirigismo junto con los intereses políticos hacen imposible que las reivindicaciones vayan más allá de la regularización.

La situación da un vuelco cuando el Ministerio del Interior manifiesta que la regularización de un inmigrante ilegal se puede iniciar por dos nuevas vías: la existencia de un precontrato ( cuya presencia en España se pueda comprobar que sea anterior al 23 de enero, o la cuestión del arraigo.

Los empresarios del sector fresero aprovechan la situación y ofrecen precontratos pero a condición de una cierta cantidad económica ( se llega a pedir hasta un millón de pesetas) o el trabajo de estos inmigrantes sin ninguna remuneración económica. Los sindicatos, aún conociendo este hecho, no denuncia ante la posibilidad de negociaciones con la patronal... El clima se va enrareciendo y los inmigrantes encerrados no ven una solución a corto plazo.

y, principalmente, l@s inmigrantes que estaban en la calle se acercaran y les transmitiesen su solidaridad. Un verdadero show.

Con esta manifestación se consigue ofrecer, a través de los medios de desinformación, una buena imagen, que es aprovechada para llegar a un acuerdo con los freseros. El principio de acuerdo estipulaba la obtención de 627 precontratos, lo cual permitía a 627 personas regularizar su situación. Los empresarios, a cambio, consiguen una próxima campaña tranquila, donde, estamos seguros, las inspecciones laborales no van a ser muy frecuentes, lo cual nos demostrará el carácter social de los colectivos que nunca denunciaron las condiciones laborales en las que desarrollan estas personas su trabajo ( se permite, incluyendo a l@s ilegales, que trabajen más horas de las estipuladas, que no se paguen horas extras ni pluses de nocturnidad e, incluso, que no se pague el salario mínimo establecido).

Por desgracia, se ha intentado solucionar un problema coyuntural, pero no el problema en sí, e incluso estos colectivos que pregonan que han solucionado el problema no comentan que sólo van a regularizar a 627 personas, cuando en Huelva había 800 encerrad@s y 700 fuera, dando aun esperanzas a l@s inmigrantes que llegaban a Huelva de que, cuando solucionasen el tema de l@s inmigrantes encerrados, empezarían a estudiar sus casos. Promesas incumplidas.

Descrito todo el conflicto, hay diversos puntos que consideramos de interés destacar y que pueden servir para marcar un poco la pauta de lo que puede suceder de aquí en adelante.

La actuación de la población ha seguido la pauta de lo que suele ocurrir normalmente cuando se plantea un conflicto social por mínimo que sea: el pasotismo y la indiferencia. Ni sí ni no, y ya sabemos que eso suele esconder en el fondo miedo e insolidaridad hacia el colectivo inmigrante, y esto acaba cristalizado en situaciones tensas que el capital sabe aprovechar perfectamente para dividir y enfrentar a l@s trabajador@s entre sí (no hace falta extenderse sobre el caso de El Ejido).

L@s inmigrantes presentes en el encierro, por su parte, han centrado sus reivindicaciones en un hecho puntual: la regularización. El miedo, comprensible por otra parte, de éstos a cabrear al Gobierno en exceso se ha traducido en una reivindicación parcial y reformista que el sistema ha podido absorber con facilidad. Que queda mucho por hacer con el colectivo de inmigrantes es algo que queda fuera de toda duda, pero de estas movilizaciones se puede sacar una conclusión positiva: que el colectivo de inmigrantes ha advertido que la solidaridad y la lucha común por unas reivindicaciones justas pueden dar sus frutos. Que lo conseguido es asumible por el sistema es cierto; que aún queda mucho para que el colectivo de inmigrantes desarrolle una auténtica conciencia de clase es cierto, pero que la lucha de est@s trabajador@s sólo acaba de comenzar; que muy poco a poco comienzan a conocer el arma de la solidaridad y que el anarcosindicalismo en particular y el anarquismo en general tienen una posibilidad excelente para crecer en esta sociedad (crecer para favorecer la emancipación del ser humano) y que ha de aprovecharla para impedir que l@s reformistas de siempre utilicen a esas personas para mejorar su imagen, prebendas y subvenciones.

Es mucho lo que esta sociedad (en la incluimos a l@s trabajdor@s no legales) se juega: la posibilidad de optar entre la guerra entre pueblos o la guerra entre clases ni más ni menos. Si no queremos ver ni una sola movilización de l@s inmigrantes copada por l@s reformistas, el camino es recto pero complicado a la vez: hacer ver al trabajdor@ legal que las carencias por las que atraviesa no son ni más ni menos que la misma agresión que sus herman@s inmigrantes sufren de una forma más despiadada por parte del Estado y del Capital.