En el primer semestre del 2002 España presidirá la
Unión Europea. Va a ser un semestre duro porque se pretende potenciar el
"espacio común de seguridad", que podría ser traducido como
estado pseudo policial, con la consiguiente potenciación de Europol y la
posible creación de una policía antidisturbios europea, entre otras
medidas.
Los diferentes grupos antiglobalización están
preparando las reuniones alternativas y las protestas ante las reuniones
que se celebrarán en este país durante el semestre.
"La seguridad es uno de los pilares sobre los que
girará la presidencia española de la U.E. del año que viene. En ese
momento, el Gobierno español buscará la potenciación de la Europol -la
policía europea- y de las relaciones de la U.E. con la Interpol".-
julio/01.- Ana María Pastor Julián, Subsecretaria del Ministerio del
Interior.
España presidirá la Unión Europea en el primer
semestre del año 2002, habiendo reconocido que el mandato va a estar
dedicado, más que a temas sociales o económicos, a la potenciación del
protagonismo policial en el Continente sobre el establecimiento de tres
acuerdos:
1. La definición común del delito de terrorismo para
todos los países de la Unión, y las penas aplicables a este delito.
2. El reconocimiento mutuo de las resoluciones
judiciales, estableciéndose las bases del espacio judicial europeo.
3. La aprobación de la orden de búsqueda y captura,
la euro-orden, haciendo desaparecer los procesos de extradición.
Con la manida excusa del terrorismo, la Unión Europea
pretende, primeramente, criminalizar todo tipo de disidencia política que
se oponga, aún pacíficamente, al pensamiento único y al proceso de
globalización y cuyo vertiginoso crecimiento ha cogido por sorpresa a
nuestros mandatarios con las protestas de Praga, Davos, Barcelona o
Génova, basándose en la experiencia española con colectivos disidentes
(ejemplo: el movimiento de okupación) para, con la aplicación de una
normativa que se va a crear al efecto bajo la presidencia española
(amplia y ambigua definición de terrorismo en la que se incluye todo tipo
de disidencia; la anulación de las actuales garantías en los procesos de
extradición; la euro-orden de busca y captura y el reconocimiento mutuo
de las resoluciones judiciales), exterminar la disidencia
antiglobalizadora.
El Convenio de Europol fue firmado bajo la anterior
presidencia española (segundo semestre de 1995), y la potenciación de la
europolicía, e incluso la creación de una policía antidisturbios
europea, pretende crearse bajo la nueva presidencia española de la Unión
en el primer semestre del 2002.
Calentando motores, la Eurocámara pide en su primera
reunión de septiembre del presente año "que la Unión Europea se
dote con urgencia de instrumentos policiales y judiciales suficientes para
hacer frente al fenómeno terrorista de forma coordinada entre los Estados
miembros".
Pero no nos engañemos, el "fenómeno
terrorista" que, según la U.E., azota Europa en los últimos años,
no es el que se practica con armas (no existe ningún tipo de
organización armada que actúe a nivel europeo; y, de forma local, sólo
ETA tiene una actividad continuada que afecta a un solo país de la
Unión), sino más bien los llamados grupos que la propia Europolicía
define como "radicales" o "anarquistas" y que podrían
definirse como antiglobalización; grupos que han adquirido un fuerte
protagonismo en todos los foros convocados por el G-8 (Génova), el F.M.I.
(Barcelona). o en las cumbres de la Unión Europea (Gotemburgo).
De hecho, la última reunión del Consejo de Ministros
de Justicia e Interior de los países de la Unión, celebrada en Bruselas
el día 13 de julio de 2001, y dedicada en exclusiva a temas de seguridad,
se tomaron cinco acuerdos para salvaguardar la seguridad de las reuniones
del Consejo europeo "y de otros eventos que puedan tener un impacto
comparable" (léase reuniones de G.-8, F.M.I. y B.M. o similares). En
la citada reunión se mostró preocupación por la seguridad de dichos
eventos, pero no por la posibilidad de que se lleven a cabo ataques
terroristas, sino ante quienes, según el Consejo, "llevan a cabo
actos de violencia coincidiendo con las manifestaciones públicas"
(la citada reunión se celebró tras la reunión en la cumbre celebrada
por la U.E. en Gotemburgo, ciudad en la que se llevaron a cabo las
manifestaciones más numerosas desde la guerra de Vietnam, y en la que la
policía sueca hizo uso de armas de fuego para reprimir a los
manifestantes).
En la citada reunión, se acordaron, entre otras
medidas, la "posibilidad de aumentar las competencias de Europol en
la elaboración de un análisis común de los disturbios" (la
europolicía continúa asumiendo competencias, protagonizando la lucha
contra la disidencia, mientras sigue permaneciendo en una cuasi
clandestinidad); "reforzar y fomentar un intercambio rápido y
estructurado de datos relativos a alborotadores violentos sobre la base de
ficheros nacionales" (la intención de crear el fichero de
antiglobalizadores europeos al estilo de los listados de judíos que
manejaban las SS hitlerianas.); "medidas de expulsión de
manifestantes", así como "impedir que las personas reputadas
como autoras de disturbios el orden entren en el país anfitrión del
acontecimiento de que se trate" (olvidándose así de la proclamada a
los cuatro vientos Europa sin fronteras); la "Cooperación
judicial" (desequilibrando la separación de poderes, imponiendo al
poder judicial estar al servicio del ejecutivo de turno); el
"intercambio de información sobre las prácticas más idóneas para
mantener diálogos constructivos con organizadores de manifestaciones.
(antigua táctica de los servicios secretos estadounidenses de marear a
los moderados para aniquilar a los indestructibles). Medidas que,
intentarán ser llevadas a cabo durante la presidencia española.
No es casualidad que sea durante la presidencia
española el momento elegido para potenciar el protagonismo policial y la
criminalización de la disidencia. Pese a su retraso en cuestiones
sociales, España tiene amplios conocimientos en el campo policial. No
sólo tiene recientes experiencias en la organización de grupos
parapoliciales, sino que es el Estado con la legislación antiterrorista
más moderna, ambigua y dura de toda la Unión. En la actualidad, ocho
países de la U.E. (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia,
Luxemburgo, Holanda y Suecia) carecen de una legislación antiterrorista
específica, mientras que Alemania e Italia no definen expresamente el
concepto de terrorismo y lo vinculan a otras formas de crimen organizado.
Por esta razón se realizó en Madrid, en febrero de 2000 la I cumbre
antiterrorista de Europol, cumbre en la que se suscribió el ya famoso
"documento Madrid" en el que se decidió que Europol sería
competente para perseguir "anarquistas y radicales".
Durante la presidencia europea, entre enero y julio de
2002, se celebrarán más de 70 reuniones internacionales, entre
seminarios, foros regionales, consejos informales, cumbres trasatlánticas
y consejos europeos en los cuatro puntos de la geografía española. Pero
cinco de ellas concentran las preocupaciones del Gobierno español porque
su relevancia es adecuada para atraer al movimiento antiglobalización:
Barcelona en marzo, Oviedo y Valencia en abril, Madrid en mayo y Sevilla
en junio.
Se administra un presupuesto de 8.000 millones de
pesetas para financiar alquileres de sedes y obras de acondicionamiento,
desplazamientos, comunicaciones, manutención y alojamiento de los
participantes. Pero el presupuesto de seguridad, que se prevé
sustancioso, va aparte. Será financiado directamente por el Ministerio
del Interior que requerirá fondos adicionales para el próximo año.
En este semestre, Europol seguirá asumiendo
competencias en el control de la disidencia política. Mientras en la
calle se ven puntualmente policías militarizados que se enfrentan con los
manifestantes, el verdadero control de los ciudadanos lo realiza Europol
en la sombra.
España, en su mandato, quiere impulsar en Europa el
denominado, eufemísticamente, "espacio de seguridad común",
para lo cual intentará demostrar al resto de los países miembros de la
U.E. que puede tener controlada la disidencia política en general, y a
los movimientos antiglobalización en particular, y lo intentará hacer al
estilo de siempre: ante problemas sociales, soluciones policiales.
Endika Zulueta (Abogado)