BUSCANDO EL NORTE 

La sombra del franquismo es alargada

España presidirá la unión europea: se fortalece el estado policial

 

En el primer semestre del 2002 España presidirá la Unión Europea. Va a ser un semestre duro porque se pretende potenciar el "espacio común de seguridad", que podría ser traducido como estado pseudo policial, con la consiguiente potenciación de Europol y la posible creación de una policía antidisturbios europea, entre otras medidas.

Los diferentes grupos antiglobalización están preparando las reuniones alternativas y las protestas ante las reuniones que se celebrarán en este país durante el semestre.

 

"La seguridad es uno de los pilares sobre los que girará la presidencia española de la U.E. del año que viene. En ese momento, el Gobierno español buscará la potenciación de la Europol -la policía europea- y de las relaciones de la U.E. con la Interpol".- julio/01.- Ana María Pastor Julián, Subsecretaria del Ministerio del Interior.

España presidirá la Unión Europea en el primer semestre del año 2002, habiendo reconocido que el mandato va a estar dedicado, más que a temas sociales o económicos, a la potenciación del protagonismo policial en el Continente sobre el establecimiento de tres acuerdos:

1. La definición común del delito de terrorismo para todos los países de la Unión, y las penas aplicables a este delito.

2. El reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, estableciéndose las bases del espacio judicial europeo.

3. La aprobación de la orden de búsqueda y captura, la euro-orden, haciendo desaparecer los procesos de extradición.

Con la manida excusa del terrorismo, la Unión Europea pretende, primeramente, criminalizar todo tipo de disidencia política que se oponga, aún pacíficamente, al pensamiento único y al proceso de globalización y cuyo vertiginoso crecimiento ha cogido por sorpresa a nuestros mandatarios con las protestas de Praga, Davos, Barcelona o Génova, basándose en la experiencia española con colectivos disidentes (ejemplo: el movimiento de okupación) para, con la aplicación de una normativa que se va a crear al efecto bajo la presidencia española (amplia y ambigua definición de terrorismo en la que se incluye todo tipo de disidencia; la anulación de las actuales garantías en los procesos de extradición; la euro-orden de busca y captura y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales), exterminar la disidencia antiglobalizadora.

El Convenio de Europol fue firmado bajo la anterior presidencia española (segundo semestre de 1995), y la potenciación de la europolicía, e incluso la creación de una policía antidisturbios europea, pretende crearse bajo la nueva presidencia española de la Unión en el primer semestre del 2002.

Calentando motores, la Eurocámara pide en su primera reunión de septiembre del presente año "que la Unión Europea se dote con urgencia de instrumentos policiales y judiciales suficientes para hacer frente al fenómeno terrorista de forma coordinada entre los Estados miembros".

Pero no nos engañemos, el "fenómeno terrorista" que, según la U.E., azota Europa en los últimos años, no es el que se practica con armas (no existe ningún tipo de organización armada que actúe a nivel europeo; y, de forma local, sólo ETA tiene una actividad continuada que afecta a un solo país de la Unión), sino más bien los llamados grupos que la propia Europolicía define como "radicales" o "anarquistas" y que podrían definirse como antiglobalización; grupos que han adquirido un fuerte protagonismo en todos los foros convocados por el G-8 (Génova), el F.M.I. (Barcelona). o en las cumbres de la Unión Europea (Gotemburgo).

De hecho, la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de los países de la Unión, celebrada en Bruselas el día 13 de julio de 2001, y dedicada en exclusiva a temas de seguridad, se tomaron cinco acuerdos para salvaguardar la seguridad de las reuniones del Consejo europeo "y de otros eventos que puedan tener un impacto comparable" (léase reuniones de G.-8, F.M.I. y B.M. o similares). En la citada reunión se mostró preocupación por la seguridad de dichos eventos, pero no por la posibilidad de que se lleven a cabo ataques terroristas, sino ante quienes, según el Consejo, "llevan a cabo actos de violencia coincidiendo con las manifestaciones públicas" (la citada reunión se celebró tras la reunión en la cumbre celebrada por la U.E. en Gotemburgo, ciudad en la que se llevaron a cabo las manifestaciones más numerosas desde la guerra de Vietnam, y en la que la policía sueca hizo uso de armas de fuego para reprimir a los manifestantes).

En la citada reunión, se acordaron, entre otras medidas, la "posibilidad de aumentar las competencias de Europol en la elaboración de un análisis común de los disturbios" (la europolicía continúa asumiendo competencias, protagonizando la lucha contra la disidencia, mientras sigue permaneciendo en una cuasi clandestinidad); "reforzar y fomentar un intercambio rápido y estructurado de datos relativos a alborotadores violentos sobre la base de ficheros nacionales" (la intención de crear el fichero de antiglobalizadores europeos al estilo de los listados de judíos que manejaban las SS hitlerianas.); "medidas de expulsión de manifestantes", así como "impedir que las personas reputadas como autoras de disturbios el orden entren en el país anfitrión del acontecimiento de que se trate" (olvidándose así de la proclamada a los cuatro vientos Europa sin fronteras); la "Cooperación judicial" (desequilibrando la separación de poderes, imponiendo al poder judicial estar al servicio del ejecutivo de turno); el "intercambio de información sobre las prácticas más idóneas para mantener diálogos constructivos con organizadores de manifestaciones. (antigua táctica de los servicios secretos estadounidenses de marear a los moderados para aniquilar a los indestructibles). Medidas que, intentarán ser llevadas a cabo durante la presidencia española.

No es casualidad que sea durante la presidencia española el momento elegido para potenciar el protagonismo policial y la criminalización de la disidencia. Pese a su retraso en cuestiones sociales, España tiene amplios conocimientos en el campo policial. No sólo tiene recientes experiencias en la organización de grupos parapoliciales, sino que es el Estado con la legislación antiterrorista más moderna, ambigua y dura de toda la Unión. En la actualidad, ocho países de la U.E. (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Holanda y Suecia) carecen de una legislación antiterrorista específica, mientras que Alemania e Italia no definen expresamente el concepto de terrorismo y lo vinculan a otras formas de crimen organizado. Por esta razón se realizó en Madrid, en febrero de 2000 la I cumbre antiterrorista de Europol, cumbre en la que se suscribió el ya famoso "documento Madrid" en el que se decidió que Europol sería competente para perseguir "anarquistas y radicales".

Durante la presidencia europea, entre enero y julio de 2002, se celebrarán más de 70 reuniones internacionales, entre seminarios, foros regionales, consejos informales, cumbres trasatlánticas y consejos europeos en los cuatro puntos de la geografía española. Pero cinco de ellas concentran las preocupaciones del Gobierno español porque su relevancia es adecuada para atraer al movimiento antiglobalización: Barcelona en marzo, Oviedo y Valencia en abril, Madrid en mayo y Sevilla en junio.

Se administra un presupuesto de 8.000 millones de pesetas para financiar alquileres de sedes y obras de acondicionamiento, desplazamientos, comunicaciones, manutención y alojamiento de los participantes. Pero el presupuesto de seguridad, que se prevé sustancioso, va aparte. Será financiado directamente por el Ministerio del Interior que requerirá fondos adicionales para el próximo año.

En este semestre, Europol seguirá asumiendo competencias en el control de la disidencia política. Mientras en la calle se ven puntualmente policías militarizados que se enfrentan con los manifestantes, el verdadero control de los ciudadanos lo realiza Europol en la sombra.

España, en su mandato, quiere impulsar en Europa el denominado, eufemísticamente, "espacio de seguridad común", para lo cual intentará demostrar al resto de los países miembros de la U.E. que puede tener controlada la disidencia política en general, y a los movimientos antiglobalización en particular, y lo intentará hacer al estilo de siempre: ante problemas sociales, soluciones policiales.Arriba lucha antifascista

Endika Zulueta (Abogado)